La Asociación Agua para La Palma ha pedido al Consejo Insular de Aguas (CIALP), organismo adscrito al Cabildo, que retire su propuesta de nuevo Plan Hidrológico (en revisión por la catástrofe volcánica) para «corregirlo y rehacerlo», por sus “graves errores y contradicciones” y porque, “en plena crisis hídrica, persiste en una política que encarecerá aún más el precio del agua” y “rematará” el sector agrario, “más amenazado que nunca” por la situación del mercado del plátano, los altos costes de producción (entre ellos el del agua) y “la sequía mal gestionada”.
Así lo han explicado el presidente y la secretaria de Agua para La Palma, Pedro Monzón y Mónica Riverol, respectivamente, durante una rueda de prensa en el Palacio Salazar, de la capital palmera, ofrecida para explicar las alegaciones al plan, que incluyen sendos informes técnicos del ingeniero -experto en hidrología y energía- Carlos Soler, y del abogado Pedro Arcila.
Advirtieron de que la propuesta oficial del nuevo plan prolongará el “derroche” de dinero público en obras “caras, ineficaces y de alta demanda de energía (como las desaladoras y el cierre del anillo hídrico insular), con desprecio de soluciones más económicas y útiles (como el Túnel de trasvase y los cierres hidráulicos en galerías)”; a la vez que protestaron por la falta de medidas para evitar que estas tiren el agua a los barrancos, así como la sobreexplotación del acuífero, la desaparición de nacientes y el abandono y salinización de pozos.
Ver esta publicación en Instagram
El Cabildo pretende modificar ahora el Plan Hidrológico Insular del tercer ciclo alegando la necesidad de actualizarlo debido a la erupción volcánica de 2021, motivo que Agua para La Palma considera un “pretexto”, pues solo el 18% de las nuevas actuaciones planteadas tienen que ver con esta catástrofe y apenas el 10% de su presupuesto total contemplado hasta el año 2033.
LAS ALEGACIONES DE LA ASOCIACIÓN AL PLAN
Agua para La Palma propone priorizar 11 medidas, entre las que destacan declarar como sobreexplotado el acuífero COEBRA (Parque Nacional de la Caldera de Taburiente), y, con ello, obligar a la instalación de cierres hidráulicos en sus galerías para impedir el descenso de caudales de los nacientes; así como promover la mancomunidad de todos los pozos de la comarca, cuyo déficit de caudal resultante se compensaría desde una galería pública.
Entre las principales propuestas de la asociación figura la de reperforar el Túnel de Trasvase en función de la demanda de agua en las vertientes este y oeste; y dar preferencia a la extracción de agua de galerías por encima de 400 m de altitud frente a la apuesta que se hace por los pozos (con 18 millones de euros, pese a que tienen mayor coste, peor calidad de agua, menor vida útil, y mayor dependencia energética).
Fundamental para la asociación es que el plan descarte la desalación de agua marina al ser innecesaria porque se infiltra cuatro veces más agua de lluvia que la extraída.
Igualmente, Agua para La Palma propugna priorizar las obras que eviten las pérdidas de agua en las redes de transporte; e igualmente la construcción de redes de saneamiento y depuradoras biológicas, en lugar de grandes depuradoras comarcales industriales. Otras de las medidas planteadas persiguen mantener los nacientes en número y con el caudal actual, evitando su desaparición.
“GRAVES ERRORES” QUE “ENCUBREN” LA SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS
Apoyado en el informe técnico de Carlos Soler, este colectivo ciudadano pone al descubierto “graves errores” en los cálculos de infiltración, pluviometría y escorrentías para “encubrir” la sobreexplotación de masas de agua que afectan al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (CEOBRA) y al Valle de Aridane-Tazacorte, que suponen el 50% de la producción de agua.
Como se expone en el informe de Carlos Soler que acompaña estas alegaciones, en el último medio siglo se ha secado la mitad de los nacientes, y los caudales que quedan se han reducido a un tercio, datos corroborados por el Instituto Geológico y Minero de España (GME) y por el propio Plan Hidrológico, donde consta que solo están “activos” 51 de 161 existentes en su día.
“DERROCHE” EN OBRAS CARAS Y «CICATERÍA EN LAS MÁS ECONÓMICAS Y EFICACES»
La asociación critica la falta de presupuesto para construir tranques hidráulicos en galerías y, en cambio, destinar 30 millones para la “obra estrella”: el cierre del anillo hídrico insular por el sur, pese a ser “energéticamente insostenible, innecesario y muy costoso, pues aportará agua “cara y de mala calidad proveniente de una desaladora, cuando existen mejores opciones a menos coste y menor daño medioambiental”.
Una de estas alternativas es el caso del Túnel de Trasvase, “del que se podría extraer más agua en los 4,5 km que quedan por perforar; obra pública esta que podría abastecer por gravedad a las dos vertientes, con agua más barata y mejor calidad, sin contaminar y sin necesitar energía”.
Protesta también la asociación por la ausencia de voluntad política para acabar con la contaminación del acuífero por falta de redes de saneamiento, ya que nada menos que el 56% de las viviendas de la isla vierte sus aguas negras directamente al subsuelo a través de pozos.
“Grave error” es también, a juicio de este colectivo ciudadano, dedicar 40 millones de euros públicos a balsas de agua donde almacenar la subterránea, mientras que a las galerías -que, con cierres hidráulicos y mucho menor coste, son su almacén natural- apenas se destinan 2 millones.
OBLIGAR A INSTALAR TRANQUES HIDRÁULICOS ES LEGAL
Con relación a los cierres en las galerías para regular la extracción de agua a demanda, la asociación esgrime un informe jurídico que contradice de manera contundente al Consejo Insular de Aguas, para cuyos responsables esta medida, pese a ser positiva, no se puede obligar a aplicar a los propietarios de estas explotaciones.
Tal es así que el abogado Pedro Fernández Arcila concluye que sí es posible exigir la instalación de eso tranques en las galerías “con base en la protección del medio ambiente y del recurso natural, debiendo introducirse esta obligatoriedad” en el plan.
Arcila apunta varios artículos de la Ley 12/1990 de Aguas de Canarias, en los que se establece, literalmente, “el deber de no desperdiciar [las aguas] ni deteriorar su calidad” y “no ampara el abuso del derecho en su utilización ni el mal uso de las mismas, cualquiera que sea el título que se alegue”, con el fin de “proteger” este “bien escaso”, “ tanto en su calidad como en su disponibilidad presente y futura”.
Indica el letrado que, a escala estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, contempla la exigencia, a los titulares de concesiones, de cumplir imposiciones técnicas cuando mejoren la utilización de las aguas.
La propia Ley de Aguas canaria menciona de manera expresa que los planes hidrológicos deben contener “normas técnicas para la conservación y la recarga de acuíferos y de protección del medio ambiente y los recursos naturales”.
Con respecto a la obligatoriedad de estas normas técnicas, el abogado se apoya en la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y también en la Ley estatal de Industria.
PREGUNTAS A LAS AUTORIDADES
A la luz de las carencias del plan y las intenciones expresadas por los principales partidos políticos, Agua para La Palma lanza a la opinión pública una serie de preguntas que las autoridades deberían responder: “¿Quiénes mantendrán los paisajes verdes de nuestras costas si se abandona la agricultura? ¿Cuántas ayudas públicas necesitarán quienes pierdan el 90% de su patrimonio porque sus fincas agrarias han pasado a ser eriales abandonados? ¿A quién se venderá el agua destinada actualmente al plátano si se hunde este cultivo? ¿Los especuladores del agua quieren mantener los actuales precios y por eso la prisa por instalar desaladoras, junto a la exageración de las consecuencias por el cambio climático en La Palma? ¿Este es el futuro con el que quieren parar la emigración de nuestros jóvenes mejor preparados?”.
