La Asociación Tierra Bonita, de la que forman parte afectados por la erupción del volcán de La Palma, ha presentado una denuncia ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias contra el Cabildo de Tenerife por su reiterada negativa a publicar en tiempo real los datos de sismicidad, deformación del terreno y emisión de gases obtenidos por la red de vigilancia volcánica que gestiona el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), sociedad mercantil pública integrada en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente de la citada Administración insular.
El colectivo palmero no tira la toalla frente a la decisión de la corporación que preside Rosa Dávila, quien también es presidenta del consejo de administración de INVOLCAN. Por ello, ha acudido al organismo que tiene la misión de garantizar la transparencia en las Administraciones públicas canarias después de que la Consejería de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife desestimara el 11 de junio su recurso potestativo de reposición contra la primera denegación, en abril pasado.
INCUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO PLENARIO
La asociación recuerda que el 27 de marzo, el Pleno del Cabildo, con el apoyo de todos los grupos políticos (CC, PP, PSOE y Vox), aprobó un acuerdo institucional en el que asumía las recomendaciones formuladas por ocho colectivos palmeros, entre ellos los de afectados por el Tajogaite, comprometiéndose expresamente a «primar la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población como fortalecimiento de la confianza institucional».
«No se puede reconocer en el Pleno del Cabildo la legitimidad de las asociaciones ciudadanas para proponer mejoras preventivas ante el riesgo volcánico y, por la puerta de atrás, negarnos el acceso a los mismos datos que nos permitirían auditar y comprender el riesgo al que estamos expuestos», afirma el presidente de Tierra Bonita, Francisco Rodríguez Pulido.
Hay que tener en cuenta que la denegación afecta también a los datos registrados por la red sísmica, geodésica y geoquímica de INVOLCAN antes de la erupción del volcán de La Palma, entre 2017 y 2021, información que la asociación igualmente solicitó al entender que los afectados por esta catástrofe ostentan un interés público prevalente para acceder a estos registros.
En este contexto, Tierra Bonita plantea “para qué sirven las decisiones que toma el pleno del Cabildo si a las primeras de cambio son papel mojado, incluso en una cuestión tan sensible como es esta, un acuerdo que asumía para Tenerife recomendaciones de asociaciones de afectados por el Tajogaite, una de cuyas quejas con respecto a la gestión de su emergencia volcánica fue precisamente la falta de transparencia de políticos y científicos sobre los datos que conocían acerca de la evolución previsible del fenómeno geológico que desembocó en la erupción en Cumbre Vieja.
Tras lo sucedido, Tierra Bonita también insta a la oposición política en el Cabildo tinerfeño a hacer valer el acuerdo adoptado en marzo, “pues al final parece que siempre la ciudadanía está abocada a movilizarse ante los incumplimientos de quienes gobiernan”.
DENUNCIA ANTE TRANSPARENCIA
Tierra Bonita critica que esta nueva resolución del Cabildo “se limita a hacer un corta y pega del informe emitido por INVOLCAN, sin más consideraciones, como si toda una Administración insular no tuviera nada que decir sobre una cuestión que contradice abiertamente lo aprobado por el Pleno de su Corporación”.
En su escrito dirigido a la comisionada de Transparencia, Noelia García (exalcaldesa de Los Llanos de Aridane, cargo que ocupaba durante la erupción), la asociación sostiene que el Cabildo tinerfeño vulnera el derecho de acceso a la información al denegar la solicitud sin una motivación suficiente. Y defiende además que los datos brutos de vigilancia volcánica, al haberse obtenido con fondos públicos, deben ser accesibles y no pueden quedar amparados por derechos de propiedad intelectual.
INVOLCÁN ALEGA QUE QUIEN DEBE PUBLICAR LOS DATOS ES EL IGN
En la resolución del Cabildo, un dato que ha llamado la atención de Tierra Bonita, INVOLCAN argumenta que su red de monitorización “no tiene carácter oficial de vigilancia volcánica, ni ostenta competencias en materia de evaluación ni comunicación del riesgo volcánico”, función que “corresponde al Instituto Geográfico Nacional (IGN), como organismo competente integrado en el Sistema Nacional de Protección Civil”.
«¿PARA QUÉ SIRVE ENTONCES INVOLCÁN CON DINERO PÚBLICO?
Ante este argumento, la asociación cuestiona la propia existencia de INVOLCAN: “No puede ser —enfatiza— que se destine dinero público a una institución científica favoreciendo una duplicidad de funciones que no tiene sentido, pues para la vigilancia volcánica ya existe el IGN, y que encima antes y después de la erupción de 2021 se dedique sólo a realizar acopio de datos para publicarlas en revistas especializadas, que no llegan a la población en general, solo para engrosar el curriculum de sus autores y reforzar el ego desmedido de algún científico, por encima incluso del interés genera”.
Además, Tierra Bonita se pregunta “para qué sirve un instituto volcanológico al que todos los ciudadanos pagamos sueldos y redes de vigilancia volcánica solo dé a conocer los datos cuándo y en la forma que sus científicos decidan, como si se tratara de financiación privada y no pública”.
“ALARMA SOCIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL, MOTIVOS INACEPTABLES”
Otro motivo esgrimido por el Cabildo para rechazar la petición estriba en que la publicación de las mediciones brutas de su red de vigilancia volcánica podría generar una «alarma social injustificada».
Asimismo, sostiene que esos datos forman parte de proyectos de investigación científica y que su difusión podría afectar a su posterior publicación en revistas especializadas.
Tierra Bonita rechaza esta interpretación y asegura que resulta “inaceptable privatizar datos de riesgo volcánico en función del ego y el capricho de personas que deberían estar, ante todo, al servicio de la ciudadanía».
A juicio del colectivo palmero, los datos obtenidos de la naturaleza carecen de la originalidad exigida para quedar protegidos por derechos de autor y subraya que, conforme a la normativa europea y al Real Decreto-ley 24/2021, la información generada con financiación pública debe regirse por el principio de «abierto por diseño y por defecto».
Para la asociación denunciante, resulta además «incomprensible» que el Cabildo considere peligroso el acceso público a estos datos brutos en Canarias, «ignorando el contexto y los estándares de la ciencia abierta internacional».
Como ejemplo, expone que organismos homólogos de referencia mundial aplican políticas de datos abiertos. Así, cita que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publica en tiempo real los parámetros de deformación, sismicidad y emisión de gases de sus volcanes; el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) permite descargar los datos brutos de sus redes de monitorización; y proyectos europeos como VUELCO recomiendan el intercambio y acceso a los datos como uno de los pilares para la gestión del riesgo volcánico.
Asimismo, Tierra Bonita destaca que el IGN mantiene visualizadores públicos con información volcánica en tiempo real, lo que, a su juicio, convierte a INVOLCAN en «una anomalía opaca que maneja fondos millonarios sin someter sus datos al escrutinio ciudadano e independiente».
LA RESOLUCIÓN COMPLETA DEL CABILDO TINERFEÑO
