Personas damnificadas por la erupción se han quejado de lo que viene ocurriendo desde la catástrofe volcánica en el último trimestre de 2021: geólogos y científicos en general, personal de obras públicas y emergencias, políticos, fotoperiodistas… entran en la zona de exclusión y acceden a sus propiedades, convertidas ahora en un manto de lava y de destrucción, con restos de las construcciones y fincas agrarias destruidas, sin informar a sus legítimos dueños. Se trata, afirman, de una cuestión no solo jurídica sino de ética elemental.
El malestar de muchas personas afectadas es patente desde que empezaron a ver en redes sociales y en notas de prensa cómo se estudiaban incluso las zonas de mayor interés para el turismo geológico y veían que aparecían sus terrenos, ahora convertidos en coladas de lava de esta erupción, o incluso los restos de sus viviendas, sin que en ningún momento se hubieran puesto en contacto con sus propietarios.
Les duele el método poco ético que se ha usado con los afectados, cuando lo lógico -sostienen estas fuentes- es que se hubiera contado con ellos desde un principio, y otro gallo cantaría ahora. Y entienden que para fines científicos se tenga que acceder para estudiar la situación actual de las coladas, pero no de espaldas a sus legítimos dueños.
«Es muy triste ver que, por así decir, todo el mundo entra en tu propiedad y a mi, que soy el dueño, ni siquiera han tenido la deferencia de informarme de que van a entrar, y para qué, o incluso de concederme el derecho de visitar ese suelo, que es mío y al que entiendo que si ellos van, yo también puedo llegar con las debidas precauciones que ellos toman», se queja uno de los afectados en conversación con EL VALLE.
Algunos damnificados también protestan porque han visto que se están explorando cuevas desde un punto de vista científico e incluso con perspectiva de proyectar geoturismo sin que tampoco se les haya al menos comunicado que se está realizando esta actividad en su subsuelo de sus propiedades. No menos enfado le causan a algunos el aprovechamiento comercial que algunos profesionales de la comunicación o fotoperiodistas han podido hacer de esas visitas a las coladas, que, subrayan, tienen propietarios.
El modelo de ordenación previsto
Mientras los terrenos ganados al mar por esta erupción son propiedad del Estado, en cambio las propiedades sepultadas por la lava continúan siendo privadas y solo pueden pasar a manos públicas mediante expropiación por causa de utilidad publica.
En este caso, el borrador del decreto ley para la reconstrucción de las viviendas destruidas por la erupción (y que ha sido elaborado por el Gobierno canario saliente (PSOE-NC-Podemos-ASG pero su tramitación deberá culminarla el entrante, CC-PP-ASG-AHI), prevé dar a los damnificados la opción de vender a la Administración pública los terrenos que ahora están cubiertos de esta lava reciente por el precio de mercado que tenían antes de la catástrofe, o bien permutarlos por una nueva parcela urbanizada, y solo prevé expropiaciones para infraestructuras como viales o equipamientos públicos.
Y el caso del decreto ley sobre agricultura, la propuesta es una reparcelación para reconstruir la Administración las fincas agrarias y luego entregarlas a los afectados, o permitir en los bordes de las coladas, donde tengan fácil acceso, su recuperación por iniciativa de los propietarios.
Aunque conservan su propiedad, lo cierto es que el malpaís creado por el volcán es un nuevo territorio que está sujeto a una nueva ordenación, por lo que hasta ahora el Gobierno canario saliente no ha planteado reconstruir todas las construcciones en el mismo lugar donde estaban sino concentrarlas en dos grandes bolsas de suelo al borde de las coladas y la previsión de otra en El Pampillo como asentamiento rural condicionado a que se modifique el Plan Insular de Ordenación de La Palma.
En esta nueva ordenación se deberán tener en cuenta los riesgos naturales (gases, altas temperaturas, fracturas geológicas, inestabilidad del terreno, escorrentías de lluvia… ) pero también la protección de las formaciones geológicas de interés, que, por ahora, en el referido decreto se aplica al cono volcánico y su entorno y a las fajanas o deltas lávicos, mientras que una amplia franja hasta el barrio de La Laguna y hasta donde se encontraba Todoque queda a expensas del enfriamiento de las coladas (tiene protección cautelar), y la zona más al oeste del ámbito afectado se destinará a la recuperación de la agricultura.
«Me dan ganas de vallar mi colada; no hay consideración ni respeto»
«Mientras los damnificados esperan a ver que ocurre con sus propiedades, otros se lo pasan en grande recorriéndolas, todo bajo el amparo de la ciencia, parecen má importante las publicaciones de científicos y fotógrafos que las necesidades de quienes lo han perdido todo», critica una afectada tras ver en las redes sociales unas imágenes de unos expertos en espeleología caminando sobre la lava en busca de tubos volcánicos.
«A mí cada vez me están dando más ganas de empezar a vallar la colada nuestra», confiesa esta damnificada, «y sobre todo al saber cómo en la Cueva del Viento , en Icod de los Vinos, el recorrido abierto al público no es mayor porque para continuarla se necesita autorización de sus propietarios». Y añade, con visible indignación: «Me fastidia que mucha gente entre de esa manera, sin permiso nuestro, de los dueños de esas coladas, sin respeto, sin consideración alguna hacia el que lo perdió todo».
Puerto Naos y La Bombilla: la interminable espera
En el caso de las zonas aún evacuadas, Puerto Naos y La Bombilla, donde residían 1.300 personas, las duras restricciones adoptadas por el Cabildo palmero durante la etapa del gobierno presidido por Mariano Hernández Zapata (PP) en estos barrios, apelando al principio de precaución por los gases, están recurridas por la plataforma de afectados Jaraco, por entender que vulneran sus derechos.
Muchas personas desalojadas observan que ni agentes, ni trabajadores de las plantas desaladoras o las plataneras o las obras públicas, ni los propios científicos que estudian in situ los gases en estos núcleos del litoral, llevan mascarilla de protección alguna y caminan por gran parte de la zona sin que les haya pasado nada. No niegan la presencia de gases pero sí el drástico y sistemático cierre de toda esta área urbana como si adentrarse en toda ella implicara un riesgo letal.
Tales prohibiciones de acceso no parece que vayan a ser levantadas a corto plazo por el nuevo gobierno del Cabildo que preside Sergio Rodríguez (CC), si bien ha hecho algunos gestos, como prometer agilizar todas las medidas previstas de ventilación mecánica e instalación de sensores y ha reincorporado al comité científico del Plan Insular de Emergencias (PEINPAL), al médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna Aldo González Brito, quien fue apartado de este órgano por desmarcarse del resto de científicos al defender que es posible un regreso controlado de la población de Puerto Naos, excepto en plantas bajas, garajes y la zona de Playa Chica, donde sí ve riesgo por las altas concentraciones de CO2.
Extrañas en su propia tierra: familias dueñas de la ‘zona cero’ del volcán reclaman sus derechos
Aún a finales del pasado año, EL VALLE publicó la denuncia de dueños de los terrenos más próximos al volcán, en algunos casos cubiertos de ceniza, no de lava, a quienes, sin más explicaciones, se les impedía acceder siquiera a ojear sus propiedades. Señales de prohibido el paso jalonan un negro paisaje destruido y construido por la naturaleza en 85 días infernales.
Confesaron sentirse tratados por las Administraciones públicas como extraños en su propia tierra, nunca mejor dicho, como si no fueran propietarios de ese lugar, sin que se les informar da cuál sobré cuál era el futuro que se planificaba en los despachos para sus fincas y si podrán obtener parte de los beneficios del geoturismo que se avecina.
Jesús Frías: «La geoética no ha estado presente todo lo que debiera en esta erupción»
Algunos afectados han recordado las palabras del geólogo Jesús Martínez Frías, que, en el testimonio que ofrece en el libro Las otras historias del volcán, se mostró consciente de este problema: «En mi opinión, la erupción de La Palma es un ejemplo paradigmático de que ese componente geoético no ha estado presente todo lo que debiera y que la empatía con las personas, en cuanto a la conexión ciencia-sociedad, se ha desarrollado con parcialidad desde esta perspectiva».
Frías, que pertenece al Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) y presidente de la Asociación Internacional de Geoética,no duda en afirmar que «la ética es el alma o la columna vertebral de la actuación del científico en cualquier disciplina. Por ello todavía estamos a tiempo de actuar adecuadamente y de corregir lo que sobre la marcha no se llevó a cabo».
