Las recomendaciones de 8 asociaciones palmeras, entre ellas de afectados por la erupción de 2021, sobre el riesgo volcánico en Tenerife no han caído en saco roto. Un acuerdo unánime del Pleno del Cabildo tinerfeño asume las principales sugerencias que en marzo pasado hicieron en un manifiesto conjunto colectivos sociales de La Palma para que no se repitan en la isla del Teide los mismos errores de gestión que con la erupción del Tajogaite.
En concreto, el acuerdo institucional recoge la necesidad de información transparente y datos científicos a tiempo real sobre la actividad volcánica, formación a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección y evacuación, realización de simulacros en todos los municipios con riesgo, actualización de planes de emergencia, desarrollo de la Ley de Volcanes y refuerzo de la seguridad jurídica de los bienes mediante campañas para que estén escriturados, registrados y asegurados.
Sin embargo, el Cabildo obvia algunas recomendaciones de las asociaciones palmeras, como medidas específicas para animales (albergues, garantizar su registro) y un servicio de comunicación directa con los evacuados durante una emergencia (para acreditar en todo momento la situación de sus propiedades con fotos de drones y de satélite).
La propuesta aprobada en Tenerife partió de VOX aunque llegó al pleno del Cabildo tinerfeño como acuerdo institucional, al asumirla los demás grupos de la corporación, CC, PP y PSOE, por lo que no fue necesario someter a debate ni votación este punto del orden del día durante la sesión plenaria.
UN MANIFIESTO DE 8 ASOCIACIONES PALMERAS
En la exposición de motivos del acuerdo se recuerda que los colectivos palmeros hacen estas sugerencias porque, «según el Comité Científico del PEVOLCA, la reactivación volcánica detectada en Tenerife desde el año 2016 continúa en aumento una década después, y que es momento de aplicar el principio de precaución y adoptar medidas inmediatas».
Las asociaciones palmeras que suscribieron el manifiesto son la Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Vieja 2021, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, la Asociación de Vecinos de La Laguna (La Palma), la Iniciativa Ciudadana de Afectados por el Volcán, la Asociación Agua para La Palma, la Asociación Tierra Bonita, la Asociación Protectora de Animales y Plantas Benawara y la Asociación Unidad de Protección Animal (UPA-La Palma).
Estos colectivos, según destaca el Cabildo, «apelan a la experiencia adquirida tras la erupción de 2021 para plantear propuestas que pueden contribuir a una mejor gestión del riesgo en Tenerife y en cualquier isla con actividad volcánica», desde la perspectiva de que la cultura de la prevención, sin alarmismo, «permite salvar vidas, reducir daños materiales y psicológicos y facilitar una recuperación más ágil para las personas damnificadas» por este tipo de catástrofes.
PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA
El primer punto del acuerdo aprobado por el Cabildo de Tenerife consiste en «mantener una planificación territorial actualizada, incorporando la peligrosidad volcánica, así como mantener una comunicación clara, periódica y rigurosa sobre la evolución de la actividad volcánica, primando la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población como fortalecimiento de la confianza institucional».
Hay que recordar que las asociaciones palmeras reivindican que los datos recogidos por las redes instrumentales de las instituciones científicas que vigilan el riesgo volcánico se publiquen todos en tiempo real, en especial los referidos a parámetros como la sismicidad, las emisiones de gases y la deformación del terreno.
Los firmantes del manifiesto palmero incidieron también en que «actualizar los planes de ordenación del territorio permite que reflejen adecuadamente la realidad, facilitando así una eventual reconstrucción y garantizando los derechos de los afectados, al tiempo que incorporen de manera eficaz y clara la peligrosidad volcánica”, ya que no ocurrió así en La Palma en 2021.
PLANES DE EMERGENCIA ACTUALIZADOS
Como segundo punto del acuerdo, «el Cabildo Insular de Tenerife seguirá mejorando la colaboración municipal para que revise y adapte los planes de emergencia municipales, de manera que podamos contar con un plan de emergencia insular coordinado y actualizado».
Para ello, el Cabildo de Tenerife promoverá un convenio de cooperación con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y los ayuntamientos que se adhieran, «destinado a mejorar la coordinación y gestión en esta materia, así como la revisión y armonización de los planes municipales de protección civil junto con el Plan de Emergencias Insular (PEIN), además de unificar la información de personas vulnerables, albergues y protocolos de evacuación entre administraciones.
Los afectados del Tajogaite incidieron en esta cuestión porque la erupción en el Valle de Aridane sobrevino sin que la isla tuviera aprobado su plan insular de actuación frente a este riesgo (en Tenerife sí está vigente), pero subrayan la necesidad de que cada ayuntamiento tenga actualizado el suyo para que, en caso de activarse la alerta o semáforo volcánico, los datos de la zona y la población vulnerable y animales afectados «se ajusten a la realidad de cada territorio».
FORMACIÓN EN AUTOPROTECCIÓN Y SIMULACROS
En el tercer punto del acuerdo, el Cabildo de Tenerife se compromete a que «seguirá impulsando cursos y talleres en protocolos de emergencia para la población, especialmente en autoprotección y evacuación destinada a todos los municipios de la isla, así como seguir trabajando para mejorar la cultura del riesgo en un territorio con actividad volcánica reciente y potencial».
Como cuarto punto del acuerdo institucional, «el Cabildo Insular de Tenerife continuará desarrollando nuevos simulacros en aquellos municipios que presentan riesgo volcánico, con el fin de reforzar la preparación institucional y ciudadana y evitar improvisaciones en situaciones reales de emergencia».
Sobre estos aspectos, las asociaciones palmeras subrayan en su manifiesto que se debe actuar «cuanto antes y sin esperar al largo plazo, para que la ciudadanía sepa cómo actuar en caso de emergencia», ya que la erupción en Cumbre Vieja comenzó sin haber evacuado a la población, que tuvo que salir huyendo en muchos casos sin poder llevarse objetos de valor sentimental, documentación, enseres ni animales.
Es más, los barrios que primero resultaron afectados por esta catástrofe en el Valle de Aridane ni siquiera se les dio información clave que sí tenían el comité científico y la dirección del plan de emergencias, es decir, que el magma había migrado hacia el norte del Valle de Aridane y había una zona de máximo peligro.
Invocan estos colectivos de damnificados el artículo 24 de la Ley de Volcanes, que, literalmente, dice: “ 1. El Gobierno de Canarias promoverá […]] un plan de vigilancia del riesgo volcánico que abarque todas las zonas de las islas […] afectadas por dicho riesgo. 2. Dicho plan de vigilancia irá acompañado de un plan de sensibilización a la población sobre el riesgo volcánico y las medidas de minoración de los daños personales y materiales que puedan producirse en caso de una erupción volcánica”.
BIENES REGISTRADOS Y ASEGURADOS
El quinto y último punto de acuerdo unánime del Cabildo de Tenerife es el compromiso de que «impulsará campañas para mejorar la trazabilidad jurídica de los inmuebles, la claridad registral y la cultura aseguradora de la ciudadanía».
Esta es una cuestión fundamental para los afectados del Tajogaite, ya que su aprendizaje en esta catástrofe fue clara, y por eso en su manifiesto las asociaciones palmeras recomiendan a la población tinerfeña “mantener los bienes inmuebles debidamente inscritos, delimitados e identificados en el Catastro y en el Registro de la Propiedad, lo cual facilitará la obtención de ayudas e indemnizaciones ajustadas a la realidad del bien afectado», en caso de que una erupción. Además, advierten de que se debe «garantizar información objetiva sobre el nivel de peligrosidad volcánica de la zona en la que se encuentra una vivienda”.
Conviene no olvidar, como señalan los colectivos palmeros, que el el artículo 28 de la Ley de Volcanes ya lo establece como obligación: «La Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de su ámbito competencial, requerirá a las compañías aseguradoras que operen en Canarias o, en su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros, facilitar la información necesaria a la población para el aseguramiento de las viviendas que se encuentren en zonas de riesgo volcánico, incluidas aquellas que se mantengan en zonas de alto riesgo volcánico, afección por fisuras o fallas en el terreno».
ABORDAR EL RIESGO DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL
El quinto acuerdo de la corporación insular tinerfeña incluye también un segundo punto, el de «sumar la participación de otros colectivos profesionales cuya intervención resulta esencial en situaciones de emergencia y recuperación: colegios de veterinarios, farmacéuticos, profesionales de la psicología y del trabajo social, distintas ingenierías entre Su incorporación permitirá abordar la gestión del riesgo desde una perspectiva integral que contemple no solo la dimensión patrimonial, sino también la social, humana y comunitaria».
SUGERENCIAS NO TENIDAS EN CUENTA POR EL CABILDO TINERFEÑO
Hay dos recomendaciones de los afectados del Tajogaite a las que el Cabildo tinerfeño no alude directamente en su acuerdo.
La primera se refiere a la conveniencia de que la población tenga inscritos en registros oficiales a los animales de compañía y de granja, así como que la Administración prevea espacios adecuados para alojarlos temporalmente mientras dure una emergencia volcánica, ya que en La Palma se tuvo que improvisar un albergue y además, igual que no hubo evacuación de personas, tampoco la hubo de animales, y hay organizaciones animalistas que advierten de que el volcán provocó una mortandad animal masiva.
La segunda es la de que exista un canal de comunicación directo con los evacuados en este tipo de emergencias, para darles información diaria sobre el estado de sus propiedades con imágenes de dron y satélite que lo acrediten, servicio que no facilitaron las Administraciones públicas durante la erupción de 2021.
Las 8 asociaciones palmeras argumentaron en su manifiesto que “precisamente estar preparados para una posible erupción es lo que permite actuar, si llegara a producirse, sin improvisación, con eficacia, salvando vidas y reduciendo daños materiales y psicológicos, además de garantizar una mejor atención y una recuperación más rápida para las personas damnificadas”, ya que, lamentan, “a la emergencia se sumó en su caso «la incertidumbre y las dificultades de la reconstrucción”.
El acuerdo del Cabildo tinerfeño se adoptó en el pleno del 27 de marzo de 2026.
