El Cabildo de Tenerife ha denegado a la asociación Tierra Bonita y, por extensión, a la opinión pública la difusión en tiempo real de los datos de sismicidad, deformación del terreno y gases que registran las redes instrumentales del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) pagadas con dinero público.
Esta negativa, adoptada mediante una resolución de la Consejería de Investigación, Innovación y Desarrollo fechada el 29 de abril, abarca tanto los datos actuales que obtiene INVOLCAN sobre la situación de actividad volcánica anómala en Tenerife como los referidos a la erupción de La Palma en 2021.
La asociación dirigió su solicitud a la presidenta del consejo de administración de INVOLCAN, Rosa Dávila, quien también preside el Cabildo tinerfeño.
Este rechazo oficial ha provocado una “profunda indignación” en Tierra Bonita, que lo considera “un bochornoso insulto a la transparencia” y “una burla a la democracia”, teniendo en cuenta, además, que el pasado 27 de marzo el pleno del Cabildo de Tenerife adoptó un acuerdo plenario por unanimidad en el que, entre otros puntos, se comprometía a priorizar el acceso a los datos en tiempo real a la población.
Concretamente, el Cabildo tinerfeño aprobó por unanimidad mantener “una comunicación clara, periódica y rigurosa sobre la evolución de la actividad volcánica, primando la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población como fortalecimiento de la confianza institucional”, así como instar al Gobierno canario a que hiciera lo propio en coordinación con la corporación insular.
El acuerdo, que partió de una iniciativa de Vox, llegó al pleno como propuesta de acuerdo institucional, por lo que no fue necesario debatirlo ni votarlo, al contar con el respaldo tanto del gobierno (CC y PP) como de la oposición (PSOE y VOX).
“UNA TRAICIÓN A LA SOCIEDAD”
Además, el colectivo palmero llama la atención sobre “la especial gravedad de esta negativa” del Cabildo de Tenerife, ya que este compromiso lo aprobó precisamente en respuesta a un manifiesto de ocho asociaciones palmeras, entre ellas Tierra Bonita y otros colectivos de afectados por la erupción, en el que se recomendaba una serie de medidas para evitar que en Tenerife se cometan los mismos errores que en 2021 en La Palma con respecto a la gestión del riesgo volcánico.
Por ello, a juicio de Tierra Bonita, “el Cabildo de Tenerife, a las primeras de cambio, traiciona su propio acuerdo institucional, traiciona a los afectados por la catástrofe de La Palma y traiciona a la propia sociedad tinerfeña, primando otros intereses, pero no los que prometió defender en el pleno de marzo”.
HABRÁ RECURSO Y RECLAMACIÓN ANTE TRANSPARENCIA
La asociación anuncia un recurso ante la presidenta del Cabildo tinerfeño y del consejo de administración de INVOLCAN, Rosa Dávila, exigiéndole que cumpla con el mandato del pleno y con la Ley 5/2025 de Volcanes, al tiempo que presentará una reclamación ante la comisionada de Transparencia para que ponga fin al «secuestro de datos que pertenecen a la ciudadanía y no a una empresa pública”.
LOS ARGUMENTOS DE INVOLCAN
En su resolución, el Cabildo de Tenerife se pliega a un informe de INVOLCAN según el cual los datos sobre los sismos, la deformación y los gases “tienen la consideración de resultados científicos primarios y se encuentran sometidos a condiciones específicas de financiación, confidencialidad y explotación de resultados”.
Alega también que estos datos los utiliza INVOLCAN para proyectos de I+D+i en los que “las normas editoriales exigen originalidad y no divulgación previa”. A ello añade que “la difusión de datos no interpretados puede generar interpretaciones erróneas y alarma social injustificada, lo que constituye un límite legítimo al acceso”.
TIERRA BONITA: “UNA ARGUMENTACIÓN INACEPTABLE”
Unos argumentos que el presidente de Tierra Bonita, Francisco Rodríguez Pulido, considera “inaceptables”, por cuanto se trata de una red sísmica (para detectar los terremotos), otra geoquímica (gases) y otra geodésica (deformación del terreno) pagadas con dinero público, pese a lo cual en la actualidad INVOLCAN no tiene ni una sola estación accesible en tiempo real a la ciudadanía.
«Nos dicen que los datos brutos pueden inducir a errores de interpretación, como si la comunidad científica independiente o los ciudadanos no tuviéramos derecho a la verdad sin el filtro oficial», denuncia Rodríguez Pulido.
Y, con respecto a los datos recabados por INVOLCAN en la crisis volcánica de 2021, el presidente de este colectivo tacha de «inaudito que el currículum de unos investigadores o el beneficio de una empresa pública pese más que el derecho de los ciudadanos a auditar por qué no se evacuó a la población a tiempo».
En su propia web, INVOLCAN reconoce que desarrolla un “programa de vigilancia volcánica […], a través de redes instrumentales permanentes […] gracias al apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, a través del ITER, Cabildo Insular de La Palma, Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España”.
