PLANETA CANARIO
El Cabildo de La Palma ha continuado las obras de una tubería de agua de riego a través de la nueva fajana creada por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, a pesar de que no contaban con permiso a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para ejecutar este proyecto en el dominio público marítimo terrestre.
Costas abrió expediente por estas obras sin autorización, pero el consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, aseguró que cuenta con los informes técnicos y jurídicos que las avalan por tramitarse mediante procedimiento de emergencia, y que si fuera necesario, acudirán a la vía judicial aunque esperan que el organismo estatal otorgue la concesión administrativa. Se trata de llevar agua para los cultivos de Las Hoyas y El Remo, y cuentan con un presupuesto de 5,5 millones.
Voces ecologistas de la isla, como el ingeniero agrícola Fran Batista, han criticado el abuso de la vía de emergencia por la erupción volcánica para llevar a cabo obras sin evaluación de impacto ambiental y sin estudiar alternativas menos impactantes en un paisaje que todavía no cuenta con un plan de ordenación ajustado a la nueva realidad física, como es el inmenso malpaís de 12 kilómetros cuadrados generado en casi tres meses por el nuevo volcán.
“Aquí lo que hay es un estado de excepción con suspensión de la legalidad con la mayor parte de las obras que se están haciendo, y se pueden cometer barbaridades sin impacto ambiental, a dedo, abriéndose en La Palma una deriva antidemocrática muy peligrosa”, señaló Batista en el foro La Palma Opina. Y advirtió de que “se debe respetar lo que dicen las leyes al respecto de la protección de este tipo de formaciones geológicas”.
La controversia entre el Cabildo y Costas por esta impactante obra en la fajana la deberán dirimir los técnicos. El articulo 120 de la Ley de Contratación del Sector Público establece que cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, un organismo público podrá contratar, «sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos» para situaciones ordinarias en la propia ley. Sin embargo, falta por determinar si esto implica que en dominio público marítimo terrestre se pueda hacer cualquier obra sin ningún tipo de comunicación del Ministerio que gestiona esta franja pública.
La realidad es que a partir del próximo año, enero de 2023, ya no habrá que mirar para la Administración del Estado en estas situaciones. Desde entonces, el Gobierno canario asumirá las competencias, entre otras materias, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales así como en obras y actuaciones en el litoral de Canarias. Además, se traspasan a 20 trabajadores a los que Canarias incorporará otros 25 a partir de enero. Grupos ecologistas han mostrado su preocupación por que con este traspaso de competencias se pudiera abrir la mano a actividades y obras perjudiciales para la conservación de las costas. Desde luego, el expediente abierto contra el Cabildo palmero por los funcionarios del Servicio de Costas estaría por verse que se produjera de haber estado ya esta competencia en manos del Gobierno canario.
Una vez que esté construida la tubería, el Cabildo prevé dejar de contar con las tres desaladoras portátiles habilitadas por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias que permanecen en funcionamiento en Puerto Naos, en el que se han invertido muchos millones de euros, con un caro mantenimiento.
