El ingeniero Carlos Soler, especialista en hidrogeología y exfuncionario autonómico, se muestra crítico con el borrador del decreto ley para la reconstrucción de viviendas destruidas por la erupción de 2021 y con la ordenación territorial propuesta por el Ejecutivo regional. En su lugar propone una alternativa que no requiere expropiar ni destinar suelo público fuera de las coladas y ofrece a los afectados la opción de vender al Gobierno canario sus propiedades bajo la lava a precio de antes de la catástrofe o bien recuperar una parcela urbanizada y terreno agrícola, con créditos especiales para quienes no tengan dinero para construir sus casas, y todo ello gestionado por una agencia formada por funcionarios y representantes de los damnificados.
A juicio de Soler la propuesta oficial de ordenación y el modo de llevarla a cabo «contiene contradicciones, lesiona los intereses legítimos de los afectados, crea problemas añadidos que no existen ahora y no soluciona ni en tiempo ni en forma los problemas provocados por la erupción». «La solución que da el decreto es una parcela urbanizada, pero no menciona recuperar el medio de vida, la rehabilitación del suelo agrícola; y yo empezaría primero por dar los medios de sobrevivir y luego la vivienda», asevera el ingeniero entrevistado en EL VALLE.
Es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, fue Jefe de Planificación e Hidrología de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias y tiene en su haber más de 40 años de experiencia en la extracción de aguas subterráneas. Descubrió la Fuente Santa, el famoso manantial de aguas termales.
Rehabilitar 569 hectáreas urbanas y agrícolas
Soler plantea que la reconstrucción sea dentro el nuevo malpaís, para lo cual sería necesario reponer 200 hectáreas de suelo urbanizable y 369 hectáreas agrícolas, es decir, el 46% de las más de 1.200 hectáreas que ocupan las coladas del volcán de Tajogaite. Aunque cree que se debe intentar que la rehabilitación de estas propiedades coincida con la ubicación primitiva de los bienes afectados, se tenderá a una agrupación en los terrenos urbanos y a una disposición en cotas más recomendables para las fincas agrícolas.
El resto de terreno que representa el 64 % de los terrenos ocupados por el volcán, 651 hectáreas, quedaría en propiedad del Estado, y se podrían dedicar a otros usos, 258 para protección cautelar y casi 393 para uso urbano o agrario.
Dos opciones para los afectados
Soler establece una serie de premisas para la llamada reconstrucción o, como él la denomina, rehabilitación. La primera es que se da la opción de ceder las parcelas originales por el precio que tenían antes de la erupción o bien entregárselas sobre la superficie de las coladas y en situación de poder edificar o cultivar de forma inmediata, por lo que la Administración pública se encargaría de que el suelo quedara abancalado, nivelado, compactado y escalonado, mediante muros ciclópeos construidos con el material de las coladas.
Para la construcción de los edificios y de las infraestructuras agrícolas, propugna el ingeniero, la Administración del Estado debería ofrecer créditos e hipotecas a los damnificados, en especiales condiciones, «amortizados con la venta de una parte de los terrenos propiedad del Estado en esas mismas coladas».
Una agencia con funcionarios y afectados
Se crearía una Agencia de Rehabilitación de La Palma (AGREPA) para gestionar la rehabilitación por un periodo de tres años y en cualquier caso nunca superior a cinco años. El Consejo de esta agencia estaría formado por técnicos especializados en las tareas de la reconstrucción, los afectados (con tres subgrupos, uno por municipio) y servicios jurídicos y la Inspección General de la Comunidad Autónoma. El grupo jurídico no tendrá derecho a voto pero su informe será preceptivo y vinculante.
Opción A: máximo de 842 millones y 1200 hectáreas para el Estado
Soler aclara que, al existir dos opciones para los afectados, el coste de su alternativa dependería de cuántos vendieran a la Administración pública sus propiedades y cuántos optarían por esperar a su rehabilitación.
En cualquier caso, explica que «si todos cedieran sus propiedades el coste de la operación, según cálculos realizados por la Administración, sería de unos 842 millones de euros y el Estado a cambio adquiriría 1.220 hectáreas de terreno clasificable como protegido, residencial y agrícola».
Opción B: máximo de 421 millones de coste y se rehabilitan 569 hectáreas
Si ningún afectado cediera sus propiedades habría que rehabilitar en las coladas 369 hectáreas agrícolas y las 200 urbanas, con un coste total de 421 millones de euros.
En este caso, se procedería a abancalar las 569 hectáreas: alisarlas, compactarlas, nivelarlas y escalonarlas, con la construcción de muros de hormigón ciclópeo. Para llevar a cabo estos trabajos, el ingeniero subraya que se dispone en la isla de 100 palas con tracción mediante ruedas o cadenas, y que el coste de todo el proceso sería de 136,56 millones de euros (240.000 euros por hectárea), con un tiempo de ejecución de 2 años.
Para la tierra que necesitan las 369 hectárea agrícolas, Soler sugiere que, si no se puede conseguir este sustrato en la propia isla, se podría traer de África en barco. En total 3 millones de metros cúbicos de tierra, con un coste de 184,5 millones de euros.
Finalmente, sería necesario que la Administración pública repusiera los servicios urbanos de viales, luz, agua y alcantarillado, y en el caso de los cultivos, redes de riego con depósitos y tuberías, todo ello con un importe de unos 100 millones de euros, en función de la superficie real que fuera necesario rehabilitar.
El ingeniero defiende que la adjudicación de todas estas obras necesarias se hiciera a empresas de la isla, lo que permitiría «elevar la economía insular, a la vez que se eliminaría el paro».
Análisis crítico del borrador del decreto ley
Al analizar el decreto ley que propone el Gobierno canario, Soler aprecia contradicciones como que en uno de los nuevos suelos urbanizables para reubicar a los afectados, en Las Norias-La Majada por un lado se dice que en esa zona hay que limitar los usos residenciales y por otro se planifica asentar allí la población.
También advierte que el Gobierno canario quiere permutar las antiguas propiedades por un suelo urbanizado, pero se pregunta «con qué dinero construirá su casa quien lo ha perdido todo, si no tiene medio de vida y debe pagar un préstamo o una hipoteca» por bienes que destruyó el volcán.
Cuestiona también Soler que en el borrador del decreto ley no se contemple que haya afectados que no quieran volver, sino recibir una compensación económica; y también pone el foco en que las viviendas que no estaban regularizadas no podrán acogerse a esta normativa, lo que puede perjudicar a personas que «pagaban sus impuestos» y ahora se han quedado si nada.
Otro aspecto del decreto ley en el que repara el ingeniero es en que el suelo vacante, es decir, sin uso, baldío, en los terrenos original, no se tendrá en cuenta para la permuta.
Un consorcio que «no tiene en cuenta a los afectados»
Igualmente, Soler previene de que la recuperación de la zona afectada no debería durar más de 5 años, pero lo planteado por el Gobierno canario puede tardar más de una década, demasiado tiempo para muchos afectados que tienen ya más de 60 años.
Tampoco le gusta a este exfuncionario que la agencia o consorcio propuesto por el Ejecutivo regional para gestionar este proceso «no tiene en cuenta para nada a los afectados, porque solo les daría un representante en su Consejo, y será una mera extensión del Cabildo y del Gobierno canario».
También le causa rechazo que el avance del decreto ley haga constar que hay que evitar el enriquecimiento ilícito de los afectados, una coletilla que a su juicio sobra. Es más, concluye que «al final se puede llegar a pensar que la que puede enriquecerse de manera ilícita es la propia Administración pública».
