La Asociación Agua para La Palma ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción relativa al convenio mediante el cual el Consejo Insular de Aguas, organismo adscrito al Cabildo palmero, concedió 969.230 euros en dos subvenciones directas a la comunidad de propietarios del pozo de El Roque para ponerlo de nuevo en producción. En el momento de aprobarse este convenio, en 2020, la entidad privada beneficiaria tenía entre sus accionistas al padre del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, miembro del Consejo Insular de Aguas, y, según subraya el colectivo denunciante, «máximo responsable de todas las decisiones tomadas».
La asociación, según informa en un comunicado, emprende estas acciones penales «al entender que se han vulnerado leyes, y por lo tanto, se trata de una decisión pública en perjuicio del interés general, por el proceder en este caso de responsables políticos y cargos públicos del Consejo Insular de Aguas».
Para la asociación, «ya es hora de que empiecen a dar explicaciones ante los Juzgados», y por ello se recurre a la Justicia «por haber perdido la esperanza en nuestros representantes públicos, empeñados en ocultar detrás de sonrisas y eslóganes que incumplen su obligación de tomar decisiones que favorezcan a la mayoría».
El convenio que ha motivado esta denuncia, asevera la entidad denunciante, es uno de «los muchos ejemplos de decisiones tomadas en la que nos ha embarcado el Consejo Insular de Aguas en su continua huida hacia adelante, dando cabida mayoritariamente a medidas adoptadas de forma urgente, dejando fuera las que realmente necesita la isla, o sea, las importantes, con el triste logro de haber convertido este organismo en una máquina de picar dinero público».
Mientras se invierte dinero público en rescatar y reactivar este pozo privado, se deja con cero euros «una actuación seria y responsable como sería salvar del estado de ruina del Túnel de Trasvase, ejecutar bien sus cierres que actualmente están mal ubicados y pierden agua, además de perforar un kilometro más por la boca de Hermosilla. Está obra pública, que financió en su día el Estado, es la solución definitiva para cuando haya déficit hídrico en el Valle de Aridane, y para crear reservas cada vez mayores con su correcta gestión”.
Y este hecho que denuncia la asociación ha quedado reflejado también en un crédito extraordinario y suplemento de crédito de 11,8 millones de euros que se incorpora al presupuesto de 2023 del Consejo Insular de Aguas, para una serie de obras en las que, una vez más, no figura ninguna partida para el Túnel de Trasvase.
HERNÁNDEZ ZAPATA RECONOCE LOS VÍNCULOS DE SU FAMILIA CON EL POZO
En declaraciones a la cadena COPE recogidas por Canariasahora.com en 2020, Hernández Zapata confirmó que su padre (posteriormente fallecido) era accionista del pozo de El Roque, con un 5% de las participaciones, y reconoció que estuvo presente en la primera votación en la que se le concedió una de las subvenciones a esta comunidad de aguas, de forma directa, sin concurrencia competitiva.
En el Consejo Insular de Aguas el acuerdo se tomó por mayoría, pues diez miembros se pronunciaron en contra de estas subvenciones al entender que la entidad beneficiaria no debía recibirlas por no estar inscrito el pozo en el Registro de Aguas de Canarias.
El gobierno insular alegó entonces la necesidad de contar con más agua ante la sequía que padecía la isla y que el Cabildo obtendrá como contraprestación durante el periodo de vigencia del convenio el 50% del agua extraída del pozo.
POLÍTICA HIDRÁULICA «MOVIDA POR INTERESES PARTICULARES»
Agua para La Palma concluye que «cada decisión política sobre el líquido elemento parece servir a la influyente minoría que especula con ese recurso, por lo tanto, favoreciendo un enriquecimiento personal a niveles escandalosos, sin importarles además, la agonía que vive el sector agrícola, principalmente el plátano, por los disparatados precios del agua, que se suman a la subida que experimentan los abonos y a los bajos precios de la fruta; denunciable proceder que no ha cambiado ni aun habiendo sufrido tantas miles de personas las desgraciadas consecuencias de la crisis volcánica».
Agrega la asociación que «tampoco apuesta el Cabildo por los cierres hidráulicos en las galerías de la isla, de 100 existentes sólo 7 tienen cierres , y en esos casos hechos por iniciativa privada, con lo que en las galerías no existe control a la salida del agua que permita no extraerla cuando no es necesario, y hay que recordar que la responsabilidad en cómo ha de realizarse la gestión del agua, con independencia de su titularidad ,es del Consejo Insular de Aguas de La Palma, que también queda sujeto al cumplimiento de la Ley».
El resultado de estas política hidrológica «errática y derrochadora de dinero público es agua cada vez más cara, escasa, y mala, algo totalmente inexplicable cuando están fuera del sistema de riego más de 900 fanegas de plataneras o sepultadas por la lava o regadas con las desaladoras de Puerto Naos», debido a la catástrofe volcánica.
PROPUESTA «BOICOTEADA» PARA ABARATAR «HASTA UN 90%» EL AGUA
A todo ello la asociación añade otros ejemplos de «mala gestión, como la balsa de Vicario que aún sin ser inaugurada ya sabemos que pierde agua debido a una mala ejecución en la instalación de su lámina; o la de Barlovento, que sabemos que actualmente pierde unas 50 pipas hora, y que la bombean de nuevo permanentemente a la charca tratando de ocultar su daño; pozos cada vez más salinizados, canales públicos con el 50% de pérdidas, y, para rematar todo este desatino, las desaladoras ya instaladas y las que anuncian para el futuro, con un gigantesco y caro gasto en energía además contaminante».
Las medidas que lleva proponiendo la Asociación Agua para La Palma desde hace años “han sido ignoradas por los responsables de la política hidráulica insular, a pesar de constituir una alternativa con menor coste para las arcas públicas y que permitirían reducir los precios del agua hasta en un 90%, lo que supondría una mayor oferta de agua en cantidad y calidad”.
Por ello, el colectivo denunciante asume el compromiso ante la sociedad palmera de «dar los pasos necesarios, en colaboración con otras entidades de la sociedad civil, para lograr que las instituciones públicas tomen decisiones basadas en el interés general y no en favorecer intereses particulares”.
