“Me tratan como a un delincuente, pero solo lucho por el derecho a ir a mi casa en La Bombilla”

Aarón Rodríguez Infante no puede vivir sin el mar. Es un surfero que  se gana el sustento dando cursos sobre este deporte en el litoral evacuado desde la erupción volcánica, donde además su escuela de surfing quedó sepultada por la lava en la playa de Los Guirres. Ya son 18 meses desalojado. Vive en una furgoneta porque no tiene para alquilar otra vivienda. Se ha convertido en una voz crítica contra la gestión de esta emergencia, ya que reivindica que se apliquen medidas que rebajen las restricciones para que el vecindario de La Bombilla pueda acceder a sus hogares. Entrar sin permiso le ha costado una multa de 600 euros.

Aaron ha mostrado en redes sociales, con medidor de CO2 en mano, cómo en su casa las concentraciones no son peligrosas en los momentos en que ha entrado sin autorización, y también cómo le han roto cristales de ventanas y le han robado una gran cantidad de pescado que tenía en el congelador, así como una hamaca artesanal mexicana que colgaba de su terraza.

Asimismo, se ha grabado nadando junto a las obras del embarcadero de La Bombilla con un dique que, según ha tratado de demostrar, no protege lo suficiente del oleaje porque -a su juicio- no se hizo donde se debía y hay poco calado.

Su mensaje está claro: “Tienen que gestionar esto de otra manera, colocar carteles o paneles que indiquen dónde hay peligro por este gas y dónde no, instalar medidores en todas las casas, facilitarnos a nosotros también aparatos, y permitirnos acceder a nuestros hogares, porque es mi vivienda y no me pueden prohibir entrar, a no ser que sea con una orden judicial”.

Este surfero profesional observa cómo, mientras a los vecinos se les prohíbe el acceso a La Bombilla, los trabajadores del embarcadero pasan sin ningún tipo de protección, al igual que los voluntarios que van a dar de comer a los gatos y los agentes de la autoridad. “Yo no soy ningún delincuente, pero me tratan como si lo fuera; solo estoy luchando por mi casa, por lo que ha costado tanto sudor y energía y por dejarle un futuro a mi hijo”, confiesa a EL VALLE.

 «Yo adoro mi vida, no la arriesgo, solo muestro si hay gases o no»

Hasta ahora lo ha multado con 600 euros por desobedecer a la Guardia Civil y entrar en La Bombilla. “No recibo por email los códigos QR para poder pasar, y tengo que ir a buscar cosas a mi casa, las necesito para trabajar”, se queja Aarón, quien quiere dejar claro que no está invitando a nadie a cometer una temeridad. “Yo adoro mi vida, no me arriesgo, voy con medidores, ventilo mi casa y he podido mostrar que cuando voy y por donde voy lo hago sin  cantidades de gases peligrosas”, insiste.

Además, expone que desde siempre se ha comentado que había gases en este parte de litoral de La Palma, incluso en algunas cuevas los que las conocían advertían de este riesgo, aunque no fue hasta la erupción de 2021 cuando se empezaron a medir.

Sin embargo, asegura que está “cansado” de tanta “opresión y amenazas” de que lo van a detener y de que lo miren “como a una ovejita negra”.

Una furgoneta como hogar provisional

Afirma que vive en una furgoneta porque no puede alquilar una vivienda ni siquiera  con la ayuda al alquiler del Gobierno canario, porque quien la solicita tiene que esperar entre 4 y 7 meses para recibirla, y  lamenta que los precios se han puesto por las nubes en La Palma. Tal es así que no encuentra nada por menos de 800 euros al mes, y encima le piden fianza.

Aarón explica que es surfero en un equipo profesional y que trabajaba en su escuela de surfing y también hace de guía, pero “todo eso quedó destruido cuando la lava arrasó la playa de Los Guirres”. En ese litoral trabajaba todo el año, porque era donde había una mayor regularidad de olas para este deporte. Dice que solo ha recibido de ayudas oficiales 2.000 euros y luego 400 euros en dos ayudas de 200 para gasolina y comida.

Un muelle sin calado suficiente

Conocedor del mar como la palma de su mano, observa intereses extraños en la ubicación del muelle que se construye en La Bombilla: “Se pensó este dique para un buque militar durante la erupción. La idea de hacer un muelle no era mala, por si esta zona se quedara incomunicada de nuevo.  Pero este dique lo han puesto a 200-500 metros de donde ponía un estudio para que estuviera dentro del municipio de Los Llanos, fuera del muelle natural que existía con la protección del faro. Donde lo están haciendo si quieren que entre un barco grande tendrán que dinamitar el fondo, porque hay poco calado”.

Cree que estas obras son la avanzadilla de un futuro muelle deportivo. Lo piensa mientras nada entre una solas que han sido y son su vida, y sin las cuales, tanto sentimental como económicamente, no puede sobrevivir.

«Lo que están haciendo con los damnificados es inhumano»

Aaron, junto a su casa, con las ventanas rotas.

Este deportista que no se deja vencer por el desánimo advierte de que “hay personas afectadas que se están enfermando con tanta incertidumbre y tanta gestión nefasta”, lo cual califica de “inhumano”, porque “muchas personas están teniendo que hacer malabares para sobrevivir; la situación es tremendamente terrible para muchos damnificados”.

Finalmente, muestra su determinación de no cejar en su empeño de que cambie la gestión de los gases en La Bombilla y Puerto Naos, a pesar de que haya quien trate de desacreditar su actitud de adentrarse en su barrio sin autorización. “Al principio algunos me llamaban loco, pero luego han visto que es verdad que no hay gases peligrosos donde mis vecinos pensaban que era imposible transitar”, concluye.

La prohibición de entrar sin permiso en Puerto Naos y La Bombilla la ha decretado el Cabildo palmero, asesorado por el Comité Científico del Plan Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL) y por el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), que aprecian riesgo por altas concentraciones de CO2;  con el voto particular del médico Aldo González Brito, quien propone procurar “el retorno controlado de los vecinos a las viviendas de Puerto Naos; salvo en plantas bajas, sótanos y la zona de Playa Chica”; afirmando que en el resto de zonas “las evidencias científicas y monitorización de gases muestren que no hay riesgos para la salud”.

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