La Asociación Tierra Bonita reprocha al consejero autonómico Manuel Miranda que “ignore” por dos veces en sede parlamentaria las preguntas de la diputada Paula Jover sobre las actas y grabaciones del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) antes de la erupción que reclaman los afectados por la catástrofe en La Palma. Para colmo, “lo hace con cinismo, porque el mismo cargo público que deniega divulgarlas presume de transparencia”.
El Gobierno de Canarias sigue sin dar explicaciones sobre el motivo por el que su consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, faltó a la verdad en el Parlamento regional al afirmar que no había actas de las reuniones del comité científico del PEVOLCA antes de la erupción del Tajogaite, pese a que Tierra Bonita tiene constancia de que sí existen esos documentos, además de las grabaciones.
Hay que tener en cuenta que, según la normativa de funcionamiento del Comité Científico, levantar acta de sus reuniones y grabar las sesiones tienen carácter obligatorio, tal y como dispone el decreto 112/2018 por el que se aprobó el PEVOLCA.
Tierra Bonita, que en marzo pasado acusó al consejero de «mentir» en sede parlamentaria, observa con «indignación y asombro» cómo Miranda, durante el pleno del Parlamento regional celebrado el 7 de julio y en una comisión parlamentaria este 16 de julio, “ignoró y actuó con cinismo” preguntado sobre este asunto por la oposición, como tampoco ha respondido a las acusaciones de esta asociación.
En concreto, la diputada de Vox Paula Jover comentó el 7 de julio en esa sesión plenaria, dirigiéndose al consejero: «Hace un año usted, desde ese escaño, nos dijo que no había actas de las reuniones del Comité Científico del PEVOLCA previas a la erupción. Y ahora nos responde que sí las hay, sí existen esas actas y contienen los puntos principales de las deliberaciones».
Ante esta intervención, enmarcada en una pregunta sobre qué cambios en el sistema de emergencias ha introducido el Gobierno a raíz de los errores ocurridos en La Palma en 2021, Miranda obvió el asunto, a pesar de la gravedad de que un consejero «continúe sin dar ningún tipo de explicaciones por esta mentira oficial».
Y en la Comisión de Política Territorial este jueves 16, más de lo mismo. La diputada le interpeló: “¿Qué pasó con las actas del PEVOLCA? La información no está accesible para la ciudadanía. Tienen que estar publicadas y accesibles para que todos los ciudadanos tengan confianza en las instituciones”.
Pero la respuesta de Miranda fue nuevamente obviar la cuestión y, desde la perspectiva de Tierra Bonita, “hacer gala de un cinismo monumental”. Y es que el consejero presumió de que “si hay una máxima en esta Consejería es la transparencia en la información científica porque eso es fundamental para que la población crea en lo que estamos transmitiendo, da credibilidad”.
«UN DESPRECIO A LOS AFECTADOS DEL VOLCÁN»
Estas respuestas parlamentarias del Gobierno, a juicio de esta asociación, «suponen una total falta de respeto a la ciudadanía, pero especialmente a las personas damnificadas por el volcán de La Palma, porque encima presumen de hacer algo y en realidad están haciendo justo lo contrario».
Hay que recordar que este colectivo ciudadano mantiene un litigio contra el Gobierno de Canarias en vía contencioso-administrativa para que las actas y grabaciones del PEVOLCA sean públicos, procedimiento que está a la espera de sentencia.
Este pleito judicial cuenta con el respaldo público de colectivos de damnificados y vecinales de la zona afectada. Hay que señalar que la negativa a publicar estos documentos comenzó con el Gobierno canario que formaban el PSOE, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Nueva Canarias, y ha continuado con el actual Ejecutivo, integrado por CC, PP, ASG y AHI.
Conocer las actas es clave para esclarecer por qué no se informó a la población del norte del Valle de Aridane de que el magma se había desplazado hacia esa zona, dato que sí tenían los científicos con antelación, y por qué no se subió el semáforo (o nivel de alerta) a naranja, lo que comportaba evacuar a los habitantes antes de erupcionar el Tajogaite, pese a que el proceso eruptivo era inminente, como declararon posteriormente numerosos científicos.
La diferencia entre haber dado a la población esa información y no darla ya la saben los damnificados: se expusieron a un riesgo mortal (solo la suerte evitó muertes en el momento inicial del erupción), tuvieron que salir corriendo; perdieron enseres y objetos de valor sentimental al no disponer de tiempo para llevárselos, murieron sus animales por no poderlos alejar del peligro y, con todo ello, se agravó su sufrimiento emocional.
CARGOS PÚBLICOS: DONDE DIJE DIGO, DIJE DIEGO
La reivindicación de las actas y grabaciones tiene ya años de recorrido. De hecho, en el pasado mandato, los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane (cuando era alcaldesa Noelia García, hoy comisionada para la Transparencia de Canarias) y El Paso (con Sergio Rodríguez de alcalde y ahora presidente del Cabildo palmero) apoyaron, mediante sendos acuerdos plenarios, la petición ciudadana de que esta documentación se divulgara.
E incluso la actual consejera de Presidencia del Gobierno canario y líder de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto, en 2022, cuando era diputada autonómica en la oposición, registró una iniciativa parlamentaria para solicitar esta documentación, petición que en abril de 2023 caducó, dos meses antes de que entrara en el Gobierno de Canarias tras las elecciones de ese año, “sin que luego diera ninguna muestra de interés por la transparencia”.
Y, ya en este mandato, en junio de 2025, el propio viceconsejero responsable del área de Emergencias en el Ejecutivo canario, el palmero Marcos Lorenzo, se mostró a favor de que «los vecinos y vecinas de La Palma tengan acceso a esas grabaciones».
En todos los casos citados, los cargos públicos que defendían la publicidad de esa documentación «no han movido un dedo para que así sea, escudándose en informes técnicos que atribuyen a los comités científicos y al director del PEVOLCA el privilegio de la confidencialidad para no aplicarles la Ley de Transparencia, pero obviando al mismo tiempo que ninguna ley impide hacer pública esa documentación si realmente quisieran políticos y científicos”.
«DEMASIADOS PROTEGIÉNDOSE DEL FIASCO DE 2021»
Llegados a este punto, Tierra Bonita pone el foco en que en el actual Gobierno canario uno de sus consejeros es Mariano Hernández Zapata, quien fuera presidente del Cabildo palmero cuando se produjo la erupción, y uno de sus directores generales es Miguel Ángel Morcuende, que ostentó la dirección técnica del PEVOLCA durante el proceso eruptivo.
«Parece claro —sostiene la asociación— que hay demasiadas personas a las que proteger en los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno canario y, para colmo, la mayoría de los partidos de la oposición también quieren protegerse porque eran ellos quienes cogobernaban Canarias cuando la tierra se abrió en Cumbre Vieja, con la población en sus casas y sin ser avisada ni evacuada».
