La Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario ha certificado a la Plataforma Jaraco de Afectados de Puerto Naos y La Bombilla que no ha emitido informe técnico-sanitario alguno en el que recomiende restringir el agua a estos dos barrios. De esta forma, según ha afirmado este colectivo ciudadano en una nota de prensa, se demuestra que no es cierta la explicación pública dada por la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, según la cual «Sanidad no permite la apertura del agua hasta que no sea una zona habitada».
La plataforma solicitó a Salud Pública la documentación que avalara esta argumentación de la alcaldesa pero el organismo sanitario respondió que no le consta ningún informe en este sentido y que la recuperación del suministro de agua de consumo sin restricciones de uso en Puerto Naos y La Bombilla «es una encomienda atribuida al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y al Ayuntamiento de Tazacorte», que en todo caso, «deberán obrar en sus actuaciones conforme a las condiciones y con las garantías legalmente establecidas en la normativa de referencia».
En el escrito que remite el Área de Salud de La Palma, del Servicio Canario de Salud, y firmado por el jefe de servicio de Salud Pública el 29 de diciembre de 2022, se expone además que «la restauración efectiva del servicio en las instalaciones de suministro de agua de consumo con una parada técnica sobrevenida y sometidas a un estrés ambiental, como el acontecido en el proceso eruptivo, obliga al diseño y la realización de una serie de actuaciones por parte de los gestores responsables encargados del abastecimiento de agua de consumo en aquellas poblaciones de su territorio».
La citada asociación de afectados por la evacuación de ambas zonas desde el inicio de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, hace ya casi 16 meses, afirma por ello que la alcaldesa «ha mentido» públicamente sobre esta cuestión.
Tal afirmación la hizo la regidora municipal durante su participación e una videoconferencia en un acto celebrado en Museo Arqueológico Benahoarita sobre la reconstrucción del Valle, en la que los afectados «volvían a preguntarle por qué un derecho constitucional como abastecer de agua a personas, se vulneraba desde hace un año aproximadamente».
En esta reunión se encontraba no solo el presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, sino también la consejera insular de Emergencias, Nieves Rosa Arroyo, quienes, según la plataforma, apoyaron esta explicación, sabiendo que no era real, faltando una vez más a la verdad y el respeto con el propietario afectado y excluido».
Los representantes de Jaraco aseguran que esperan desde hace meses que la alcaldesa y el Cabildo de La Palma respondan a la solicitud de reunión que les ha cursado el gabinete jurídico que los representa.
