El Gobierno estatal ha anunciado que se instalarán sensores de dióxido de carbono (CO2) en «todas» las habitaciones de Puerto Naos y La Bombilla; a partir de enero el INVOLCAN probará extraer este gas a través de tres perforaciones, mientras que el IGME estudiará el acuífero en la zona. Entre tanto, ya está previsto construir 160 viviendas para reubicar provisionalmente a estos vecinos si el problema persiste, parte de las cuales podrían ser modulares (es decir, prefabricadas).
Así se conoció en las jornadas organizadas por el Gobierno canario en La Palma para hablar del marco de la ordenación territorial de la zona afectada por el volcán, después de que una vecina afectada exigiera «soluciones» para las viviendas de estos núcleos y reconociera que no quería entrar con gas peligroso, pero que ya está al borde de la desesperación, después de 13 meses evacuada.
Es el sentir de muchos evacuados, algunos de los cuales se han adentrado sin autorización en estos núcleos para tratar de mostrar que en algunos interiores y exteriores no hay concentraciones nocivas de gas. Pero el Cabildo palmero, por recomendación del comité científico asesor, mantiene la prohibición de no entrar sin permiso y acompañamiento técnico, y con visitas programadas.
Fue el comisionado especial del Gobierno estatal para la Reconstrucción La Palma, Héctor Izquierdo, quien explicó que existe una partida de 3 millones de euros para poner sensores en todas las habitaciones, con unos umbrales, de modo que cuando salte la alarma por alta concentración de C02, se actúe, al tiempo que la ventilación de los interiores.
Precisó que para tratar de reducir los gases hay dos proyectos financiados por las arcas estatales, y aunque cree que «no hay que ilusionarse, si no se hace nada no se podrá nunca entrar».
El primero de ellos comenzará el uno de enero, sufragado por el IGN, pero gestionado por INVOLCAN, que consiste en hacer tres perforaciones con unas tuneladoras e intentar extraer el CO2 de tres bolsas. «Puede ocurrir que haya tanto CO2 que sea infinito y por mucho que se extraiga no se consiga nada», advirtió Izquierdo.
El otro proyecto lo explicó la geóloga del IGME-CSIC Nieves Sánchez, y consiste en estudiar la localización del acuífero y su posible influencia en el CO2 que se emite en ambos núcleos de población. A partir de las conclusiones de este estudio podrían proponerse soluciones, como inyectar agua sin CO2, y añadió que la intrusión de agua marina podría jugar un papel en este problema.
Nieves Sánchez (IGME): «En otros sitios se convive con el CO2, pero asumiendo muertes»
«¿Y mientras tanto?», preguntó desde el público una afectada. A lo que el comisionado respondió: «Ayudas económicas».
Dicho esto, la científica del IGME-CSIC pareció no asimilar bien la presión social, porque tuvo que recurrir a un argumento de los que se emplean para tratar de zanjar la cuestión: «Hay otras partes en el mundo que conviven con CO2, pero la forma de convivir es asumir 4 o 5 muertos al año. Si no estamos dispuestos a eso, habrá que seguir investigando». Recibió aplausos y nadie del público la pudo contradecir, dado, además, el carácter técnico de esta cuestión, sobre la que, curiosamente, todavía no se han divulgado informes de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.
Desesperación vecinal y amenaza de denuncias contra el Cabildo
Recientemente un grupo de 20 vecinos entró en sus casas, desafiando la prohibición, y trató de demostrar que los niveles de CO2 no son superiores a los que se registran en otras zonas del Valle de Aridane. Y el físico-químico Francisco Pulido, profesor de esta materia jubilado, ha cuestionado desde hace semanas la forma en que el Comité Científico del Plan Insular de Emergencias (PEINPAL) había venido abordando este problema, sin un plan de medidas y sin zonificación, y sin que se divulguen los datos para que otros expertos ajenos al órgano asesor oficial puedan también interpretarlos. Una plataforma de afectados ha anunciado que denunciará al Cabildo ante la Justicia por impedirle entrar en sus casas.
Entre tanto, el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, anunció este lunes 24 que ha pedido a la Delegación del Gobierno estatal que garantice el cumplimiento de las restricciones de acceso a Puerto Naos, en cumplimiento del decreto que ha publicado el gobierno insular.
Pero la preocupación de muchos vecinos desalojados es qué pasará si no se les permite regresar pese a este plan de medidas previsto. La respuesta la dio Miguel Ángel Pulido, director General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno regional: «Hay un acuerdo formalizado entre el Gobierno de España y el de Canarias para construir viviendas, en algunos casos modulares si ese plazo es el más corto posible, para alojar a las personas de Puerto Naos y La Bombilla si es e problema continúa más tiempo». Hay hasta 160 casas previstas.
