El futuro del sector platanero afectado por la erupción volcánica de La Palma aún está en el aire, ya que las personas propietarias de estos cultivos que arrasó la lava desconocen cómo se concretará su recuperación. Es el caso de Noelia Capote, que perdió una vivienda familiar y las explotaciones de este cultivo en la zona de Las Hoyas, en la fajana que a su vez había formado el volcán de San Juan en 1949.
«Hemos tenido la mala suerte de que ha pasado la colada por encima, y lo que pedimos ahora es que nos dejen construir ya nuestras fincas sobre la colada, pues es viable técnicamente; pero no nos lo permiten», explica Noelia Capote, que es además psicóloga con despacho en Santa Cruz de Tenerife, y que durante la erupción se ofreció de forma altruista a dar ayuda psicológica a las personas damnificadas por esta catástrofe.
EL VALLE la entrevistó durante su participación en la concentración de protesta junto al Parlamento canario que tuvo lugar el 19 de diciembre en Tenerife, acto convocado por la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021. Esta damnificada constata que «muchas familias podrían empezar ya a reconstruir las plataneras sobre la lava si se les permitiera», pero se queja de «no saber el motivo exacto de que no se nos autorice».
Esta prohibición, observa Noelia Capote, «contrasta con el hecho de que la Administración pública no para de hacer intervenciones sobre la zona de las coladas, bien sea para carreteras o bien para otros usos, por lo que no se entiende que no nos dejen empezar la reconstrucción».
«Queremos hacer lo mismo que nuestros antepasados, que con muchos menos medios que ahora hicieron las plataneras sobre la lava»
Una y otra vez esta propietaria de fincas agrarias arrasadas por las coladas insiste en la «falta de información oficial y en la incertidumbre» en que están sumidas las familias propietarias agrícolas, pues incluso afirma que en realidad no se sabe a día de hoy si se permitirá rehacer las plataneras en la fajana donde se localizan sus propiedades: «No nos dan una explicación, a pesar de que la realidad es que es técnicamente viable ya reconstruirlas».
Añade una reflexión en la que invoca a la historia de la transformación agraria de La Palma: «Si lo pensamos bien, nuestros abuelos y bisabuelos hicieron lo mismo que ahora nosotros queremos hacer; pues sin medios, ni maquinarias ni excavadoras, hicieron las plataneras con sus manos sobre la lava; así que nosotros podríamos hacerlo mil veces más rápido que nuestros antepasados, porque tenemos la tecnología».
«Muchas familias se oponen a la concentración parcelaria anunciada»
Otra cuestión de capital importancia para estas familias es su rechazo a una solución que ha puesto sobre la mesa el Gobierno canario: la concentración parcelaria en la reconstrucción de las plataneras y luego se les asignaría a cada propietario una superficie de terreno cultivable en función de la que se ha perdido.
«La gran mayoría de la gente con la que yo hablo», testimonia Noelia Capote, «está en contra de esta medida, porque lo que queremos es poder reconstruir donde estaban nuestras fincas; no queremos esperar muchísimos años a no se sabe qué, porque sería relativamente fácil para muchos reconstruir y resembrar donde mismo teníamos las explotaciones antes de la erupción».
Hay que recordar que el asesor jurídico del Gobierno canario para elaborar los decretos de la reconstrucción, Eduardo Risueño, explicó s durante unas jornadas en La Palma que en el caso del sector primario se trata de reordenar y reorganizar la propiedad de 5 millones de metros cuadrados para conseguir que se vuelvan a cultivar las antiguas explotaciones agrarias. Para ello, avanzó, se agruparán y se asignarán a los agricultores según el principio de compensación de la Ley de Agricultura estatal. Con tal fin se dictará un decreto ley que determinará el perímetro que se va a concentrar, se identificará a los dueños afectados y se establecerán valores relativos o coeficientes de concentración (si las fincas estaban explotadas o no y en función del valor del cultivo). Después se realizará un proyecto y se adoptará un acuerdo de concentración, en base a los cuales se distribuirán las nuevas parcelas agraria, preparadas para ser cultivadas. Estos trabajos se encomendarán a un organismo consorcial público, apuntó el asesor jurídico del Gobierno.
