Casi 16 meses llevan ya evacuadas más de 1.300 personas en Puertos Naos y La Bombilla, y cerradas las empresas de este núcleo turístico residencial que el Cabildo de La Palma mantiene desalojado por los gases volcánicos. La Plataforma de Afectados Jaraco, que ha recurrido en vía judicial el régimen de restricciones que les prohíbe el acceso sistemático a sus viviendas y negocios, asegura que esto «no ocurre en ningún lugar del mundo» y ponen como ejemplo la isla de Vulcano (en Italia), «donde sus habitantes hacen su vida sin problema», «sin las coacciones a los propietarios como aquí», pese a estar «azotada» también por un volcán.
«A la vista está, que la forma de gestionarlo por dirigentes y técnicos en comparación con este lugar de Italia, puede servir de ejemplo a La Palma y a las zonas de Puerto Naos y la Bombilla que actualmente están excluidos bajo coacción por aquellos que gestionan esta emergencia desde un principio sin claridad, e intención de trabajar para los vecinos que llevan fuera de sus casas algo más de un año», explica este colectivo ciudadano en un comunicado, después de que uno de sus miembros haya viajado a esa isla italiana con menos de un millar de habitantes.
La isla de Vulcano (en el Archipiélago de las Eolias, a unos 25 km al norte de Sicilia, con una extensión de 21 km² y menos de mil habitantes), «actualmente se encuentra en alerta amarilla y no existe la exclusión total como en las zonas costeras de la Isla Bonita», subraya este grupo de afectados por la reactivación volcánica de La Palma.
Por ello, la Plataforma Jaraco se pregunta «por qué en este lugar de Italia sí pueden existir pequeñas zonas acotadas, habiendo CO2, SO2 y H2S, y ocupar sus casas los vecinos, que viven tranquilamente en sus propiedades apoyados por los que gestionan esta emergencia». «No es el caso en La Palma, donde se vive es una continua prohibición y condicionamiento hacia la población que quiere acceder a sus viviendas, y hay un total abandono y se hacen oídos sordos hacia los dueños de las propiedades», se queja esta asociación.
El objetivo ahora de esta agrupación de afectados es que todo el proceso sea analizado por los tribunales de Justicia, donde esperan demostrar que el régimen de prohibiciones y, como mucho, entrada solo acotada a determinados días y horas, no está debidamente justificado y vulnera sus derechos.
«Recordamos que tampoco hay ninguna orden judicial ni informe que prohíba el acceso, solo una recomendación, que, al poder elegir el propietario e intentar acceder a su propiedad, es amenazado y aleccionado con denuncias y posterior detención», expone Jaraco.
La plataforma ciudadana puntualiza que en el caso de la isla italiana no es que no haya prevención, sino todo lo contrario: «La vigilancia en Vulcano es un hecho, pero del control de la calidad del aire se encarga una agencia de medio ambiente denominada Arpa; en La Palma en cambio, solo hay cabida para los vulcanólogos».
En el caso de Vulcano, la plataforma asegura que hay mediciones de gases volcánicos «con valores normales y hay paneles informativos preservando la seguridad del ciudadano, desde la reconstrucción y no desde el despotismo y la mala fe que circunda la gestión de Puerto Naos y La Bombilla». «¿Por qué no les interesa como en Vulcano que los propietarios inicien su vida al ritmo que ellos deseen?», se pregunta Jaraco.
Este grupo de afectados critica que en estos barrios el Cabildo palmero extendiera hace un año la alarma de que había «gases letales», al punto de que se difundiera el mensaje de que «eran una zonas donde no se podía poner un pie porque era mortal, «y ahora los gases dependen de los colores que acotan y los días que el CECOPIN elige, según les convenga».
En la actualidad, con semáforo amarillo, se está aplicando el Plan de Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL) y se mantiene activo también el comité científico del Plan de Emergencias de Canarias (PEVOLCA), creado por el Gobierno canario, lo forman, según el listado de la reunión del 8 de noviembre, el IGN, el IGME, el INVOLCAN, el IEO-CSIC, el CSIC, consejerías del Gobierno canario (Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica; Seguridad y Emergencias, Sanidad), la AEMET, el Cabildo de La Palmas y las dos universidades publicas canarias, la de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna, en representación de la cual asiste el médico Aldo González Brito.
Precisamente este facultativo, que es profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud, es el que se ha desmarcado del resto de científicos al ser partidario de que se permita el acceso controlado a los vecinos salvo en plantas bajas y sótanos, y en la zona de Playa Chica, donde sí aprecia riesgo para la salud. También apoya esta tesis el físico-químico Francisco Pulido. Informes de ambos expertos sustentan el recurso contencioso administrativo presentado por la Plataforma Jaraco contra las restricciones decretadas por el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernánez Zapata.
El Cabildo ha puesto en marca un servicio online en el que informa de la calidad del aire en la zona afectada, donde se puede observar el promedio diario de las concentraciones de CO2 en Puerto Naos y La Bombilla, y las mediciones de cada una de las balizas instaladas en estos lugares: https://volcan.lapalma.es/pages/calidad-del-aire
