El sistema propuesto por el Gobierno canario para los propietarios de las 2.000 viviendas afectadas por la erupción volcánica de La Palma en 1266 parcelas es el de permutar sus propiedades bajo la lava, que incluían jardines, huertas y terreno baldío, por parcelas urbanizables en las nuevas urbanizaciones previstas en La Laguna-La Asomada y Las Norias-La Majada, donde tendrían la misma edificabilidad (superficie que pueden urbanizar) que en el terreno destruido por el volcán, una zona ajardinada y un huerto hasta 500 metros cuadrados, y el restante suelo lo obtendrían en la zona donde se permitirá uso agrario. También se recoge un suelo urbanizable en El Pampillo para concentrar allí a quienes vivían en este asentamiento rural a lo largo del camino de igual nombre, pero depende de que se enfríe el malpaís.
Este método genera aún muchas dudas entre los afectados, que están analizando la ordenación propuesta, ya que no es un calco de la que existía antes de la erupción sino todo lo contrario, y también todavía no tienen claro la letra pequeña del futuro decreto ley que el Gobierno canario les presentó el pasado 20 de enero para «la recuperación de la normalidad residencial», documento que tendrá una nueva redacción el 8 de febrero. Las asociaciones de damnificados están preparando alegaciones aunque necesitan esta nueva versión de la propuesta de texto normativo para saber a qué atenerse.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial del Gobierno canario, José Antonio Valbuena, repitió en varias ocasiones en ese acto que «el objetivo del decreto ley es que no se produzca para los afectados una disminución de valor entre lo que valía lo que tenían antes y lo que van a recibir», con lo cual, dijo, en ningún caso se va a hacer un justiprecio pagando a precio de lava todo, es decir, como suelo rústico.
El abogado que está realizando el decreto para el Gobierno canario, Eduardo Risueño, dejó claro en esa reunión con afectados que este sistema se aplicará con las vivienda legales o asimilables a legales (las que están en situación de consolidación o en fuera de ordenación -ilegales en origen pero ya prescribió la infracción-), por lo que no tendrán derecho a esta permuta las ilegales.
Según este asesor jurídico gubernamental, recibirán parcelas urbanizables quienes tenían viviendas que resultaron sepultadas o afectadas en su estructura por la erupción, también quienes tenían edificabilidad, es decir, suelo con derecho a edificar, y también quienes tenían terrenos donde no podían construir, que ahora podrían permutarlos por parcelas edificables, posibilidad esta que también comentó Valbuena.
En este caso, según Risueño, «se establece un sistema innovador», mediante el que estos propietarios pueden mantener el 40% de la superficie original, que se urbanizará con fondos públicos y puede ser edificable mientras que el resto de la parcela, el 60%, lo tienen que ceder para que las personas afectadas puedan tener una parcela urbanizada».
En las nuevas urbanizaciones en los extremos del malpaís del nuevo volcán de Cumbre Vieja se admitirán viviendas residenciales, pero también de uso turístico, así como pequeños comercios, de hasta 1.000 m2, restaurantes, oficinas, tiendas…, es decir, lo que había antes de la erupción.
El problema de recibir una parcela urbanizable pero no tener para edificar
Una cuestión que preocupa entre los afectados es la dificultad económica de muchas familias para reunir dinero suficiente para construir la nueva casa, pues no tenían aseguradas sus propiedades o eran seguros que no cubrían todo el valor, más otras circunstancias como el desempleo o la perdida del medio de vida, el tener que afrontar el pago de hipotecas o créditos por bienes perdidos en esta catástrofe, aunque se haya fijado una indemnización de 100.000 euros entre las aportaciones de todas las Administraciones para las familias que se quedaron sin su única vivienda y no la tenían asegurada.
Risueño indicó que «si concurren circunstancias sociales o económicas» habrá familias que reciban no solo la parcela sino la vivienda ya construida. Siempre, eso sí, a cambio de que todos cedan a la Administración pública las que tienen bajo la lava.
Expropiación si no hay acuerdo con los dueños de los terrenos
¿Y qué pasa con aquellas personas que no acepten la permuta por una parcela urbanizable? Este abogado funcionario indicó que para estos casos se ha previsto la declaración de interés social de sus parcelas para expropiarlas, pero aclaró que solo se usará este procedimiento «como último recursos en aquellos ámbitos de recuperación de la normalidad residencial», es decir, para los suelos urbanizables destinados a los afectados, tanto dentro como fuera de las coladas.
En el caso de las personas que han podido rehabilitar sus casas en la lava, podrán mantenerlas con la misma delimitación que antes de la erupción, según indicó Risueño.
Para el reparto de las nuevas parcelas, según explicó Valbuena, se llamará primero a los vecinos que no tienen aún solución habitacional.
250 licencias para reconstruir casas fuera de la lava
El consejero también aclaró que quienes ya se acogieron al decreto ley que les permite construir en suelo rústico fuera de las coladas no pierden por ello el derecho a tener una parcela urbanizable en los nuevos suelos, aunque cabe preguntarse qué ocurrirá con la casa que ya se están construyendo o si podrán afrontar la construcción de otra en la lava o si realizan una permuta.
De hecho, el arquitecto de Gestur Ruben Henríquez preció que ya se habían dado 152 licencias en suelo rústico del Valle solicitadas por afectados por la erupción para reconstruir sus casas fuera de la lava de esta erupción y que se estimaba que se darían unas 100 más. Es decir, 250 familias damnificadas ya están planificando su futuro en otro lugar. En estos casos, la «intención» del Gobierno canario es también que no pierdan el valor de lo perdido por esta catástrofe.
Valbuena dejó claro que «se llamará primero a los vecinos que no tienen aún una solución» pero también indicó que a las personas que ya han iniciado el proceso para construir en suelo rústico en otro lugar «se les dará la oportunidad de tener una parcela» en los nuevos suelos urbanizables.
También se da el caso de personas que han planteado quedarse con la vivienda provisional que ya se les ha entregado, y que no quieren otro terreno donde urbanizar, por lo que el Gobierno va también a dar esa opción. En total son 298 las familias que se encuentran en viviendas provisionales.
En total son 1.266 parcelas con viviendas las que resultaron destruidas por el volcán el 75% de las cuales estaban vinculadas con huertos.
Durante la reunión con los afectados, los técnicos del Gobierno canario trataron de explicar cómo serían las tipologías y los usos de las nuevas propiedades posibles tras la permuta. No es algo que quedara muy claro. Quien, por ejemplo, tenía dos viviendas con un huerto, teóricamente obtendría un suelo urbanizable «prácticamente igual», con la misma superficie y tipología que antes de la erupción, pero la zona de huertas no podrá tener más de 500 metros cuadrados, pues Risueño sobreentiende que es para «autoconsumo» y el resto del terreno se le repondría en la zona en que se permita el uso agrícola (por tanto, no junto a su vivienda futura).
Se podrá elegir también suelo ya calificado para viviendas sociales
Según indicó el arquitecto de Gestur, se prevé que también se les ofrezca a los afectados permutas sus propiedades por otros suelos urbanizables de propiedad pública que ya existen fuera de las coladas.
Casi todos son de propiedad municipal; de modo que en Los Llanos habría parcelas para 228 viviendas, en El Paso para 224 y en Tazacorte 117, más otras 73 de Visocan (Gobierno canario) en El Paso, lo que totaliza 642.
Se trataría de urbanizaciones que sobre las que se ha dibujado una propuesta de edificaciones en las que se aparecen edificios de hasta 5 plantas, aunque en la reunión del día 20 se indicó que los habría también para tipología de adosados y unifamiliar aislada.
Estos suelos previstos para viviendas de protección oficial se localizan en Los Barros, Triana, La Laguna (en Los Llanos); Tenerra, Dos Pinos, Vista Valle (El Paso) y el casco de Tazacorte.
Los criterios sociales para el orden de preferencia en las permutas
El borrador del decreto prevé unos criterios sociales para dar orden de preferencia a unos afectados frente a otros en los acuerdos para las permutas. Así, se tendrá en cuenta criterios económicos como la tasa AROPE (indicador de riesgo de pobreza), los ingresos de la unidad familiar o de convivencia, según el IPREM; al igual que criterios familiares como la composición familiar, la edad de las personas, la salud mental, la discapacidad y dependencia… Y además, «se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en un lugar próximo al de las antiguas propiedades de las mismas personas titulares».
En la reunión del 20 de enero intervino por videoconferencia Octavio Manuel Fernández, abogado y miembro de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021, quien consideró que se trata de una «permuta obligatoria, una expropiación en especie, porque todo el que no quiera se le va a expropiar; te dan fuera de la colada lo que perdiste dentro, pero no te dan nada de lo que tenías dentro, como la vivienda». De ahí que, a su juicio, «habría que dar una compensación económica equivalente al valor que tenía la vivienda», excluidas ya las indemnizaciones de seguros y ayudas».
