El pleno del Parlamento canario ha aprobado una proposición no de ley en la que todos los grupos políticos han coincidido en que se deben agilizar las medidas comprometidas con la población damnificada por la erupción en La Palma, si bien los partidos que sustentan al Ejecutivo (PSOE,NC,ASG y Sí Podemos) creen que se debe valorar la gestión hecha hasta ahora mientras que las fuerzas de la oposición (CC-PNC, PP y grupo mixto) ponen el foco en los compromisos incumplidos.
En primer lugar, la Cámara regional solicita que se aporten los 30.000 euros prometidos para las personas que hubieran perdido su vivienda debido a la erupción volcánica y suplementar esa cantidad hasta el valor real de cada propiedad antes del 19 de septiembre de 2021
El Parlamento insta al Gobierno regional a estudiar la posibilidad de ayudar a los afectados que hayan perdido las segundas viviendas, viviendas turísticas, infraestructuras agrarias, comercios, industrias, y el resto de los establecimientos arrasados por la lava.
Para los propietarios de las fincas de plátanos que están bajo la lava, se solicita activar los mecanismos necesarios para compensarlos, así como a otros subsectores agrícolas, con el objetivo de que no se produzca una pérdida en la capacidad de producción agrícola y patrimonial en La Palma.
En cuarto lugar se pide el abono de ayudas por pérdida de cosecha así como para la reconstrucción, ya anunciadas, y para limpieza de fincas, ya convocadas.
También se insta al Gobierno de Canarias a la creación de un consorcio público, o cualquier otra solución administrativa, participado por las distintas administraciones, al que se dote de personal técnico y fondos propios, que tenga entre sus competencias la puesta en marcha de las acciones y medidas de reconstrucción y recuperación de la isla.
También quedó recogido en el acuerdo parlamentario que se ponga en marcha un Programa de Recuperación de Inmuebles para los afectados que han perdido propiedades por el paso de la lava y que las diferentes Administraciones implicadas dentro del marco jurídico correspondiente, planteen la posibilidad de poner a disposición suelos para urbanizar, y realicen la urbanización para actividad residencial, industrial y comercial.
Finalmente se faculta al Gobierno para que reclame al Estado una solución al agravio producido con las personas afectadas que no pudieron hacer seguro de riesgos a sus propiedades, por la carencia puesta en marcha por el Consorcio de Seguros a partir del 4 de octubre.
La iniciativa de la proposición no de ley partió de la diputada palmera de CC-PNC, Nieves Lady Barreto, grupo político que aceptó enmiendas de las demás fuerzas parlamentarias, lo que posibilitó el acuerdo unánime final.
A pesar del acuerdo alcanzado, los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno interpretaron que la diputada palmera rompía la unidad política necesaria para abordar la problemática de la isla. Pero Barreto trató de defenderse de esta acusación y afirmó en un comunicado que «precisamente por esa voluntad de construir puentes y no destruirlos, la enmienda propuesta por el cuatripartito así como la transacción de algunas de ellas.
Francisco Déniz, diputado de Sí Podemos, cree que «hay que dar un salto cualitativo y cuantitativo» en la gestión de la recuperación, pues «algunas cuestiones se han retardado y es importante tomar nueva conciencia y retomar esfuerzos».
Luis Campos (NC) afirmó que los puntos del acuerdo son en realidad «compromisos que ya el Gobierno canario ha adquirido, pero hay que acelerar su materialización», si bien advirtió de que la reconstrucción de las viviendas definitivas requiere tiempo porque hay que hacer una nueva planificación territorial y, para quienes quieres construir de nuevo sobre las coladas, existen impedimentos geológicos que no dependen de voluntades políticas. El diputado grancanario se opuso a que se rebaje el IRPF a todos los palmeros, ya que no juzga justo que quienes tengan rentas altas y no hayan visto disminuido su patrimonio por esta catástrofe se beneficien de medidas de este tipo.
Vidina Espino (del grupo Mixto) sostuvo que la propuesta aprobada «reclama promesas incumplidas» por el Gobierno canario y abogó por permitir que los palmeros participen en las toma de decisiones vitales para su futuro.
Y, por el PP, Jacob Quadri criticó la «falta de cumplimiento de los plazos por el Gobierno canario» y advirtió de que «crece la incertidumbre de los afectados, ganaderos, agricultores, empresas turísticas»…, en un contexto en que «los recursos tienen que quedarse en La Palma y la isla no puede perder más población».-
