Así se lo ha hecho saber el comisionado estatal para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, a la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, que advierte de la importancia de estas ayudas para la supervivencia del sector agrario, a la espera de que se agilice la recuperación de las fincas de cultivo.
La asociación, que integra a afectados por la erupción volcánica de 2021, ha mantenido conversaciones con el comisionado para abordar el marco de ayudas y medidas que la Administración estatal prevé aplicar para el sector agrario golpeado por esta catástrofe.
En este encuentro, el comisionado aseguró que, pese a la situación de provisionalidad del Gobierno central tras las elecciones del pasado 28 de mayo, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar próximamente un nuevo pago por pérdida de renta correspondiente a 2022 a los titulares de explotaciones agrarias que no han podido obtener cosecha el pasado año debido a que están sepultadas total o parcialmente por la lava o la ceniza u otros efectos derivados de este fenómeno geológico.
Estas ayudas ya fueron anunciadas en su día por el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, y la anterior consejera de Agricultura del Gobierno canario, Alicia Vanoostende.
La asociación expresa su satisfacción porque finalmente se vayan a abonar esta indemnización, ya que “resulta vital para la supervivencia de los agricultores, junto con las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), a la espera de la reconstrucción de las fincas, lo que podría tardar años”.
Hay que recordar que ya por la campaña agrícola de 2021 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca realizó un pago por pérdida de renta a los afectados del volcán, por un total de 13,5 millones de euros, abonados una parte ese mismo año y otra el siguiente, y otro pago complementario de 1,9 millones de euros, gestionados a través de la Consejería homónima del Gobierno canario.
Los decretos ley como vía actual más adecuada
Sin embargo, coinciden en que la aprobación de estos decretos ley autonómicos resulta imprescindible para dar cobertura jurídica a las medidas planificadas (la concentración parcelaria con fondos públicos para la reconstrucción de las fincas y su posterior entrega a los agricultores), sin perjuicio de la promulgación de esa nueva ley, que debe seguir todo el trámite parlamentario y, por tanto, se puede demorar en el tiempo e incluso dificultar la retroactividad de determinadas medidas.
