Los afectados del volcán deberán ceder al Gobierno su propiedad bajo la lava para recibir una parcela en nuevo suelo urbanizado

Las personas que perdieron sus viviendas y terrenos por la erupción volcánica de La Palma podrán reconstruir sus viviendas en nuevas bolsas de suelo urbanizado – en los laterales de las coladas o otras nuevas zonas del valle de Aridane- y, a cambio tendrán que ceder al Gobierno canario la propiedad de las parcelas bajo la lava. El Gobierno canario se compromete a compensar con subvenciones y otras fórmulas para intentar alcanzar el valor real de lo perdido. Se tendrán en cuenta las segundas viviendas y las vacacionales, pero solo las legales (incluyendo las que están fuera de ordenación o en régimen de consolidación), pero no las ilegales.

Así lo avanzó este lunes 24 de octubre Eduardo Risueño Díaz, asesor jurídico para los trabajos del Marco Territorial tanto de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático como de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, durante su ponencia en una jornadas sobre el nuevo marco territorial para la recuperación de la zona afectada por la catástrofe volcánica, un acto que contó con la presencia y participación de representantes de asociaciones de damnificados.

Risueño esbozó un adelanto del contenido de una serie de decretos ley que dictará el Gobierno canario, previsiblemente a finales de diciembre o enero, que establecerán la normativa aplicable para la reconstrucción, y que está previsto además que se cree un organismo de naturaleza consorcial al que se podrán adherir el Cabildo y los ayuntamientos.

Ángel Risueño.

Risueño indicó que realmente no se trata de una permuta de terreno con los propietarios afectados, porque el valor de la parcela que recibirán será distinto al valor original de la que fue cubierta por la lava. El abogado, que es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, indicó que con la legislación vigente no es posible tasar el suelo afectado más que con su valor actual, no el que tenían antes de la erupción volcánica, pero aseguró que el Gobierno canario utilizará «técnicas compensatorias a través de acciones de fomento, como subvenciones, para llegar a un valor equivalente».

Al respecto, el Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno regional, informó en este acto que el Ejecutivo autonómico ha solicitado al estatal el cambio de la Ley de Expropiación Forzosa para que en estos casos se pueda expropiar al valor real del suelo antes de la erupción, y que esta petición está en estudio, ya que se alega desde la Administración estatal que podría crear precedentes para el resto de catástrofes naturales en España.

Los damnificados que ya se hayan acogido al decreto que les permite construir en suelo rústico fuera de las coladas, también podrán acogerse a las nuevas bolsas de suelo urbanizado si tenían en la lava, además de su primera vivienda, otras para otros usos, como el vacacional. Se tendrán en cuenta, por tanto, las segundas viviendas destruidas por la lava, según avanzó Risueño.

Para obtener estas bolsas de nuevo suelo fuera de las coladas donde reconstruir lo que destruyó el volcán, se ofrecerá a sus actuales propietarios que cedan el 50% de sus aprovechamientos lucrativos para que la Administración pública lo urbanice -construya viales e instale servicio urbanos- y así no tengan que pagar los costes de urbanización.

En cuanto a las agricultura, Risueño explicó que se trata de reordenar y reorganizar  la propiedad de 5 millones de metros cuadrados para conseguir que se vuelvan a cultivar las antiguas explotaciones agrarias. Para ello se agruparán y se asignarán a los agricultores según el principio de compensación de la Ley de Agricultura estatal. Con tal fin se dictará un decreto ley que determinará el perímetro que se va a concentrar, se identificará a los dueños afectados y se establecerán valores relativos o coeficientes de concentración (si las fincas estaban explotadas o no y en función del valor del cultivo).

Después se realizará un proyecto y se adoptará un acuerdo de concentración, en base a los cuales se distribuirán las nuevas parcelas agraria, preparadas para ser cultivadas. Estos trabajos se encomendarán a un organismo consorcial público, apuntó el asesor jurídico del Gobierno regional.

Un aspecto importante de los decretos es que para entregar parcelas en suelo urbanizado nuevo la propiedad original debe estar legalizada, por lo que no tendrán derecho a esta medida quienes tuvieran construcciones ilegales. «Solo se tendrán en cuenta las edificaciones legales, las que estén en situación de consolidación y fuera de ordenación», advirtió Risueño.

Además, solo se computará la edificabilidad materializada en las antiguas parcelas bajo la lava, es decir, del total del terreno la parte edificada, y no la que permitía el planeamiento, dado que así lo establece la legislación estatal, apuntó el abogado.

Los nuevos barrios sobre las coladas y las nuevas bolsas de suelo no solo admitirán viviendas para residencia habitual, sino también el uso turístico alternativo -vivienda vacacional- y usos comerciales o terciarios.

FOTO: I LOVE THE WORLD

Las viviendas que se construyan en estos suelos no podrán ser vendidas antes de 10 años, «para evitar la especulación», según Risueño,  y para ello se ha tomado como plazo el que establece la Ley canaria de Vivienda.

Por lo que respecta a las industrias destruidas, otro decreto ley dispondrá que puedan trasladarse a los polígonos industriales ya delimitados en el planeamiento vigente, donde se ofrecerá a sus propietarios ceder parte del aprovechamiento a cambio de liberarse de los costes de urbanización.

Lo que quedó claro en las jornadas es que el Gobierno canario no permitirá edificar sobre coladas con más de 5 metros de espesor, porque no es seguro. Además, en los mapas mostrados en las jornadas quedan aparentemente protegidas -o al menos sin usos edificatorios o agrarios- tanto el cono volcánico como las fajanas y un amplio malpaís, mientras que en verde puede verse la franja donde se permitirá la agricultura y en naranja las bolsas de suelo urbanizable.

Algunos afectados presentes en las jornadas, como la portavoz de la Plataforma El Pampillo-Todoque, Elena Jiménez, reivindicaron la propiedad del nuevo territorio y que no se les quiten sus derechos consolidados, así como que no se protejan las coladas, tal cual prometió el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres duranta la erupción. «Debe haber una visión antropológica, ninguna propietario debería ser privado del derecho a decidir sobre sus propiedades», afirmó esta afectada.

 

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