El Gobierno canario tardará hasta septiembre para entregar las 121 casas provisionales a familias damnificadas por la erupción

Un total de 121 familias de La Palma que perdieron su primera vivienda como consecuencia de la erupción tendrán que seguir esperando al menos tres meses más para poder acceder a un hogar prefabricado. Estas casas modulares, tipo contenedor, se anunciaron el año pasado como una solución temporal para paliar la emergencia habitacional que el volcán había ocasionado en los municipios del Valle de Aridane. Sin embargo, todo hace prever que se cumplirá el primer aniversario del inicio de la erupción antes de que los afectados puedan acceder a ellas.

La instalación de estas viviendas se está llevando a cabo en terrenos cedidos por dos de los ayuntamientos afectados por la emergencia volcánica. 85 de ellas se ubicarán en Los Llanos de Aridane y las otras 36 en un solar de El Paso. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, visitó ayer las obras y resaltó que se está trabajando «los siete días de la semana» para tratar de acelerar al máximo los plazos. Con todo, el Ejecutivo prevé que la instalación no finalice antes del mes de septiembre y que las viviendas podrán ser entregadas tras el verano. «Estamos dando una respuesta lo más digna posible y en tiempo récord», resaltó Torres, quien señaló que «no hay un ejemplo de una respuesta tan rápida en la historia de Canarias» ante un desastre de la magnitud de la erupción.

El presidente detalló que en los terrenos ubicados en Los Llanos ya se encuentran instaladas un total de 20 viviendas modulares y resaltó que de forma paralela se están llevando a cabo las tareas de urbanización de las parcelas que contará también con un parque infantil.

En el municipio de El Paso esta misma semana finalizó la primera fase de las obras de urbanización para nueve viviendas modulares de madera y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) asegura que el próximo lunes arrancarán los trabajos de la segunda fase, que añadirá otras diez viviendas.

Pero estas 121 viviendas prefabricadas no son las primeras que se entregarán a las familias afectadas. El Gobierno de Canarias ya ha asignado otras cinco residencias modulares de madera, localizadas en Los Llanos de Aridane y que se entregaron hace varios meses.

Pero además, ya se han adjudicado otras 111 alternativas habitacionales a familias que perdieron sus hogares a causa del volcán. Se trata de viviendas de construcción que se encontraban disponibles en el Valle de Aridane, un lugar que con un mercado inmobiliario muy limitado que se ha agravado con la crisis volcánica, pero en el que quieren residir la mayor parte de los afectados, ya que se trata del lugar donde habían desarrollado su vida antes de que el volcán lo cambiara todo. Sin embargo, la empresa pública Visocan ofrecerá las 40 viviendas de un nuevo edificio en Breña Baja para las familias a las que no les importe salir del Valle.

Además de estos inmuebles, la administración también costea el alquiler de 325 pisos en los que residen personas afectadas. Por lo que unidos a las que ya se han entregado y las que se asignarán antes de final de año, el Gobierno espera llegar a las 600, con las que «se cubrirá prácticamente la totalidad de la demanda de casas de las familias que perdieron la suya durante la erupción», indicó el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis.

Sin embargo, para los afectados y algunos de los ayuntamientos del epicentro de la emergencia, los procesos continúan siendo demasiado lentos. «Diez meses después hablamos de viviendas transitorias cuando deberíamos ofrecer ya soluciones definitivas», critica Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso. El regidor asegura que el ayuntamiento cedió el suelo al Gobierno de Canarias desde diciembre de 2021, pero que los trabajos se han demorado por los retrasos en las obras de urbanización de las parcelas que tenía que efectuar el Ejecutivo regional.

Rodríguez asegura que las 36 viviendas modulares previstas en su municipio y otras 12 que entregará Visocan y el propio Consistorio son insuficientes para ofrecer una alternativa a las 156 familias que perdieron su vivienda habitual solo en el municipio de El Paso. «Hemos sugerido la posibilidad de ceder más suelo y no hemos recibido respuesta», e insiste en la necesidad de trabajar de forma paralela en alternativas habitacionales que tengan carácter definitivo.

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