Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán ha expresado su apoyo al proceso participativo abierto por el actual Gobierno de Canarias (CC-PP-AHI-ASG) sobre los decretos ley de la reconstrucción así como al nuevo borrador relativo a las viviendas porque «sí refleja las numerosas demandas» de los afectados en reuniones celebradas desde el pasado verano. De este modo muestra su claro desacuerdo con la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, que reclama retomar las normativas elaboradas con el anterior Gobierno canario.
Para la Iniciativa Ciudadana, «el desmantelamiento» de los antiguos borradores de los decretos ley «está totalmente justificado, debido a que la nueva propuesta los mejora y corrige falsedades e imposiciones previas restaurando la dignidad y justicia de los afectados». «No se trata de un desmantelamiento político, sino más bien busca corregir todos los errores pasados y avanzar con transparencia y participación real de los afectados», subraya este colectivo ciudadano.
Además, en los textos confeccionados por el anterior Ejecutivo canario (PSOE-NC-ASG-Sí Podemos) «se imponía el relato de que se efectuó una evacuación preventiva de las personas en riesgo, hecho que nunca ocurrió, lo que agravó las perdidas materiales y la de miles de animales domésticos fallecidos».
A favor de un Consejo en lugar de un Consorcio
La Iniciativa Ciudadana recalca que el anterior borrador «no proporcionaba soluciones adecuadas para segundas viviendas y viviendas vacacionales, dejando desamparados a numerosos damnificados que sufrieron pérdidas significativas».
Este grupo de ciudadanos respalda que se haya descartado la creación de un Consorcio entre las Administraciones públicas con representación de los afectados -una reivindicación tanto de la Asociación Social Cumbre Vieja como de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021-, ya que eso supondría «más burocracia», y prefiere «una gestión ágil y eficiente, dotándonos de planes ejecutivos, de transformación rápida y de reconstrucción social y económica inmediata, centrada en los afectados». «La propuesta que hace el nuevo Gobierno canario», subraya, «busca acelerar la reconstrucción de manera participativa, permitiendo a los afectados desempeñar un papel activo».
«Frente a una burocracia inútil», añade la Iniciativa, «el nuevo decreto, en su disposición adicional novena, crea el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma alineándose con las necesidades reales de los afectados, situación que fue reclamada por nosotros y que dio origen del Consejo Sectorial del Cabildo de La Palma».
«El anterior borrador no daba respuesta a las viviendas vacacionales y segundas viviendas»
Sobre la nueva previsión de que las personas que perdieron sus viviendas las puedan reconstruir en el mismo sitio si la lava es de menos de 10 metros de espesor, la Iniciativa Ciudadana niega lo afirmado por el exconsejero autonómico de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena (PSOE), en el sentido de que esto crea «afectados de primera y de segunda», pues este político «conoce o, peor aún, ignora que se necesitarán al menos 10 años para intervenir en esa cota, el tiempo que tarda en enfriarse ese espesor de lava».
Además, esta asociación critica que Valbuena presuma de que el anterior borrador “daba respuesta a todas y cada una de las personas afectadas, cuando la realidad es que todos los afectados que teníamos viviendas vacacionales y segundas viviendas, nunca se nos reconoció en dichos decretos nuestros derechos.
En este nuevo mandato, según la Iniciativa, y en contraste con lo que sostiene la Asociación Social Cumbre Vieja -que se queja de no haber sido consultada sobre los cambios-, «sí hay participación; precisamente estamos en la actual fase de consultas a colectivos y afectados, y se trabaja para recopilar aportaciones que contribuyan a perfeccionar el decreto, de manera que los interesados están realizando contribuciones a través de representantes, en las oficinas de GESPLAN y en reuniones directas con los responsables».
La «muy cuestionable» gestión de la emergencia» la pasada legislatura
En un balance de lo ocurrido en la pasada legislatura, la Iniciativa cuestiona la gestión de la crisis volcánica por los ejecutivos que encabezaban el expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres (PSOE); el presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata (PP) y la exalcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal (PP): «Desde la negligencia pre-eruptiva hasta la burocracia desmedida, la demora en pagos y el conflicto de intereses científicos, la gestión ha sido muy cuestionable y gravosa para los ciudadanos».
Ese suspenso a los anteriores gestores lo basa además este colectivo ciudadano en «decisiones unilaterales y con carácter ideológico» como «la elección inadecuada de las viviendas contenedor, la imposición del trazado de la Carretera de La Costa, la tubería por la fajana con multa millonaria incluida, el innecesario embarcadero de La Bombilla, el bloqueo científico de Puerto Naos y La Bombilla así como la imposición de la macrofinca».
«Se intentó imponer un modelo de reconstrucción ideológico»
En lo que respecta al «consenso» social de las soluciones para la reconstrucción, la Iniciativa discrepa de la Asociación Social Cumbre Vieja, según la cual los decretos ley fueron “consensuados”: «Siempre abogamos por una participación social auténtica, reclamando al Cabildo de Mariano Hernández la creación del Consejo Sectorial de los Afectados, respaldado por más de 1.200 firmas, y también denunciamos los procesos controvertidos impuestos a través de Revivir el Valle, montada para doblegar la participación ciudadana, y como herramienta útil a los intereses ideológicos de imposición de un modelo de reconstrucción».
La Iniciativa también critica al consejero del PP en el Cabildo, Carlos Cabrera, «quien cuestiona la supuesta salida de los científicos [IGN, INVOLCÁN e IGME] del Comité [del Plan de Emergencias Insular de La Palma] PEINPAL, un delito, de ser cierto, y no los considera tan expertos después de que esos mismos científicos pidieran la evacuación de la población en riesgo, días antes de la erupción».
Y al comisionado estatal para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo (PSOE) le afea que «sobre la inconstitucionalidad de los decretos LEY, cambie su postura según le cambien el micrófono, lo que podría responder nuevamente a intereses políticos partidistas en lugar de a los legítimos intereses de la reconstrucción».
