Vecinos de Puerto Naos y La Bombilla están empezando a recibir notificaciones de multas de la Dirección Insular de la Administración General del Estado por haber accedido a ambos núcleos sin cumplir el protocolo establecido en la zona de exclusión por el dióxido de carbono (CO2). Se quejan los afectados de que estas penalizaciones se les imponen pese a que en estos casi dos años de evacuación esta medida no está sustentada por ninguna orden judicial de desalojarlos.
Se les imponen sanciones de entre 600 y 750 euros, en los casos que ha podido conocer El VALLE. Entre las personas notificadas se encuentran integrantes de la plataforma Jaraco, a quienes se les sanciona por entrar en Puerto Naos el 20 de mayo pasado y convocar un “encuentro vecinal” en la rotonda de esta localidad. Alegan que se acogieron «al derecho de no comunicarlo, como dicta la ley en el caso de reunión».
Estas notificaciones, según Jaraco, no solo serán recurridas, sino que se emprenderán acciones judiciales por «las irregularidades y el vacío legal en el contenido» de estos expedientes» sancionadores.
El anterior gobierno insular pidió acelerar las sanciones, según Jaraco
Las notificaciones recibidas hasta ahora se refieren a hechos ocurridos durante el mandato anterior, cuando estaba al frente del Cabildo Mariano Hernández Zapata, quien dictó los decretos por los que se restringió el acceso a esta zona costera por los gases volcánicos, y con quien numerosos afectados mantuvieron importantes discrepancias tanto por el fondo como por las formas. Tal es así que, según la plataforma Jaraco, en una reunión del comité del Plan Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL) el gobierno insular saliente planteó acelerar los expedientes sancionadores a los vecinos por incumplir estas restricciones.
La falta de orden judicial, argumento de los afectados
Desde la plataforma Jaraco se ha mostrado su sorpresa por el contenido de las notificaciones, ya que insisten en que solo una resolución judicial les puede prohibir el acceso a sus viviendas y negocios, y este es el principal argumento con que se están defendiendo los afectados cuando la guardia civil les indica que no pueden pasar a ambos barrios. Este colectivo mantiene esos decretos recurridos desde principios de año en un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que aún no ha resuelto el caso.
Además, en el caso de la reunión vecinal del día 20 de mayo, esta transcurrió de manera pacífica, en presencia de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, sin que los participantes causaran problemas a los demás usuarios de la vía ni incidentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que recordar que tras convocarse ese encuentro ciudadano por las redes sociales, se trasladó a La Palma un refuerzo de agentes antidisturbios, decisión de la Delegación del Gobierno que dirige el palmero Anselmo Pestana, aunque en ningún momento fue necesaria su intervención.
Ese día, parte de las personas que se reunieron en la rotonda continuaron hacia la playa de Puerto Naos y unas cuantas se llegaron a dar un chapuzón en el mar.
Protestas «pacíficas»
Pese a este ambiente distendido de aquella reunión ciudadana, una miembro de Jaraco, según varios testigos presenciales, se quejó de actitud amenazante que tuvo hacia ella un mando de la Guardia Civil del Puesto de Los Llanos, en contraste con la actitud del resto de los agentes, según esta plataforma más comprensiva y consciente del problema que supone el prolongado desalojo sistemático de unos 1.300 vecinos desde septiembre de 2021, cuando entró en erupción el volcán.
La controversia sobre la letalidad o no de los gases
Muchos afectados observan con enfado que, pese a la prohibición sistemática de pasar a Puerto Naos, hay zonas por donde policías, vigilantes, trabajadores de obras públicas y científicos transitan sin protección alguna porque las concentraciones de CO2 en esos lugares no son letales ni perjudiciales para la salud, aunque no niegan que pueda haber otras, pero que debieran acotarse, donde sí exista algún riesgo.
De hecho el médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna Aldo González Brito, reintegrado por el nuevo presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, como asesor del PEINPAL, se mostró en su momento partidario de un levantamiento de restricciones, excepto en plantas bajas, garajes y un área de Playa Chica.
Sanción de 600 euros a una vecina de La Bombilla
Por lo que respecta a la vecina de La Bombilla, se le imponen 600 euros y se relata en la notificación oficial que de la infracción dio aviso un vigilante de seguridad de la empresa Sasegur, la cual controla el acceso a este barrio costero. Tras lo cual dos agentes le indicaron que debía abandonar la zona, a lo que hizo caso omiso y la damnificada comentó a los guardias civiles que llamaría a su abogado.
Tales hechos, según la notificación de la Administración del Estado, “pueden ser constitutivos de una infracción administrativa tipificada en el artículo 36.06 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, y susceptibles de ser sancionados en virtud de lo establecido en el artículo 39 con una multa de 601 a 30.000 euros; además se podrán imponer las sanciones accesorias previstas en este texto legal”.
Asesorarse con un abogado
Desde la plataforma Jaraco se reitera a los afectados que, cuando acuden a Puerto Naos y La Bombilla con intención de acceder a sus casas y un agente se lo impide, tienen derecho a que un abogado hable en representación legal suya con el guardia.
Según subraya esta plataforma, algunas personas desalojadas se están asesorando con el abogado Carlos Lugo, que les presta atención jurídica de forma altruista, debido a la delicada situación económica de una parte una creciente parte de la población evacuada.
