«Fue una imprudencia política prometer la reconstrucción sobre la lava»

David Ramos,  profesor de Geografía en la Universidad de Salamanca, tacha de «grave error» la promesa «incumplible» que hizo el Gobierno canario de no proteger las coladas, pues buena parte recibirá protección por riesgos volcánicos. Además, cuestiona el proceso participativo seguido y cree que se debió aplicar el principio de precaución y evacuar ante la inminencia de la erupción

EL VALLE / LAPALMA OPINA

El profesor de Geografía Humana de la Universidad de Salamanca David Ramos, originario de La Palma, tacha de «grave error» e «imprudencia total» del Gobierno canario que prometiera en plena erupción volcánica en el Valle de Aridane que no se iban a proteger las coladas, sin tener en cuenta los riesgos volcánicos que continuarán durante muchos años en la zona (gases, altas temperaturas, inestabilidad del terreno) ni las formaciones geológicas resultantes (cuevas,  jameos…).

Eso, a su juicio,  hará que, con argumentos científicos en la mano, haya que dar protección a una parte importante del nuevo malpaís, una decisión que causará «una enorme frustración en la gente afectada, porque se sentirá engañada» , pero «precisamente porque se les prometió algo que no se podría cumplir».

Entrevistado en el foro La Palma Opina, Ramos cuestiona también el método de participación de los afectados que están siguiendo las Administraciones públicas en la planificación del nuevo territorio formado por el volcán. A su juicio, lo que se está haciendo es un «error» porque se está propiciando una «falsa» participación, ya que los afectados se limitan a ir a una reunión un día para decir si quieren o no volver sobre la lava, «sometiéndoles a un dilema del cual no tienen muchas veces argumentos sólidos para poder resolverlo».

En lugar de ese método, sostiene el doctor en Geografía, «debe ser una participación ciudadana argumentada y transparente en la que a esas reuniones vayan geógrafos, geólogos, urbanistas, arquitectos….y con dosieres sobre lo que se va a hacer y diferentes alternativas y posibilidades; esa es la única manera de minimizar las frustraciones y que la mayor parte de las personas damnificadas se sintiera implicada en esa planificación».

 

Ramos señala que en los documentos que se han ido publicando sobre la participación social en el proceso de planificación en webs oficiales, y a los que cree que no se les ha dado adecuada difusión, «parece que la ocupación de las coladas empieza a estar descartada, porque las nuevas bolsas de suelo residencial» para los damnificados, «están en los cascos urbanos de los tres municipios del valle y en el borde de las coladas, más una mancha que parece que está en la zona de Las Norias». «Si eso no se le dice a la gente, se va a llevar una sorpresa cuando se vea que se plantea la protección de la mayor parte de las coladas», subraya el docente de la Universidad salmantina, quien en ese sentido echa en falta transparencia sobre los documentos que se elaboran.

En este punto vuelve a insistir en que hay indicadores que muestran que no es seguro ocupar las coladas, y que en algunas partes eso puede durar «cientos de años», por lo que reitera que el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, actuó con «imprudencia» al decir el pasado año que no se protegerían las coladas, «algo que puedo entender que se dijera en un contexto emotivo, pero por su responsabilidad de gobierno debe ser prudente», ya que al no haberse «revertido» esa afirmación, «en el imaginario colectivo está el que pueda volverse a habitar la colada» en un tiempo corto.
«Eso va a generar un drama todavía mayor para la gente», advierte Ramos, » y la desafección será todavía mayor con respecto» a la gestión de las Administraciones públicas.

EL CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO, LA MEJOR OPCIÓN
Por otra parte, se muestra sorprendido de que no se haya creado un consorcio interadministrativo para gestionar la recuperación del Valle, porque la considera «la solución que ofrecía mayor facilitad para resolver los problemas», dado que este ente reuniría las competencias de las diferentes Administraciones públicas, centralizando la toma de decisiones, que ahora se superponen en materia de territorio. De ahí que Ramos muestre «serias dudas» sobre el efecto real que tendrá la figura del nuevo comisionado creado por el Gobierno estatal.
En cuanto a si debió haberse cambiado el semáforo de riesgo volcánico y haberse evacuado antes a la población afectada aquel fin de semana en que comenzó la erupción, el profesor universitario de Geografía afirma  que sobre esta decisión existen dudas sobre si se hizo lo correcto o no ante un fenómeno de este tipo, pero sí está convencido de que se tiene que cumplir el principio de precaución, «y si hay una posibilidad científica de que ocurra una erupción de forma inmediata, hay que evacuar».
Y en este sentido opina que «no dejan atisbo de dudas las palabras» de la directora regional del IGN en Canarias, María José Blanco, en el Parlamento de Canarias, pues testificó que en el comité científico se advirtió de que la erupción era inminente. Al día siguiente cambió de versión, en el sentido de que la palabra usada no fue «inminente» sino que había una discrepancia científica entre si el fenómeno eruptivo comenzará en horas o en días, cosa que a Ramos le llama mucho la atención, porque le rectificación se produce en una nota enviada por el Gobierno de Canarias, «por lo que ese cambio no parece estar respaldado por el IGN, que es el organismo estatal al que pertenece» Blanco, de la cual, dijo, tiene una buena opinión por su labor científica.
Por lo que respecta a la ayuda inmediata que precisan las familias damnificadas, cree que en darles alternativa habitacional las Administraciones públicas no están actuando con la celeridad que requieren las soluciones provisionales.
Desde su punto de vista, las viviendas tipo contenedor para quienes perdieron la suya en esta catástrofe «podían haber sido una buena solución las primeras semanas o meses posteriores a la erupción, pero nueve meses después de iniciada la erupción, parece un alternativa habitacional que  va a generar más indignación entre la ciudadanía, porque si esos contenedores van a ser provisionales para tres o cuatro años, eso es no haber entendido bien la dimensión de la tragedia humana que supone perder un hogar».

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