Varias familias damnificadas por la erupción volcánica de La Palma han acudido a los tribunales de Justicia (con querellas y demandas civiles, que han motivado ya la apertura de diligencias) contra una constructora con sede social en Santa Cruz de Tenerife a la que contrataron la construcción de sus nuevas viviendas y a la que anticiparon el 25% del coste total, aunque en algunos casos ya han abonado más; pero las obras han quedado paralizadas y los denunciantes sin noticias de la empresa. «Esto es otro volcán para nosotros», se lamenta una de las víctimas.
En total son 12 las familias afectadas por esta presunta estafa, que habían contratado la construcción de 14 viviendas. Han entregado cantidades variables, que oscilan entre 25.000 y 70.000 euros, un dinero que pudieron aportar en la mayoría de los casos gracias a las ayudas e indemnizaciones que han recibido como damnificados por la catástrofe volcánica. Algunas víctimas no han denunciado aún, por falta de recursos económicos para costearse un abogado.
Esta situación ha dejado a estas familias doblemente destrozadas anímica y económicamente, con un gran estrés y sufrimiento psicológico, por si no fuera ya suficiente con el que ya padecían por haber perdido sus propiedades la erupción de 2021. Incluso hay personas que han recibido o están recibiendo tratamiento psicológico por este motivo sobrevenido.
«Este es otro volcán más para nosotros»
«Queríamos pasar página, contratamos a esta empresa porque ofreció un sistema de construcción más económico y rápido, pero nos hemos encontrado con este engaño, que es otro volcán para nosotros», lamenta una de las víctimas.
Se da la circunstancia de que la empresa denunciada anunció el pasado año que iba a empezar a construir las casas unifamiliares de adaptadas a las necesidades de los clientes, a un precio aproximado de 1200 euros el metro cuadrado, construidas bajo el método de llave en mano.
La promesa de hacer las viviendas en 9 meses
La constructora incluso presumió de que daba así una solución para estas familias que viven en los contenedores o las casas de madera que el Gobierno Canario habilitó para los damnificados del volcán y anunció que en «pocos meses» iban a tener un hogar en el que empezar de nuevo.
El atractivo de su propuesta comercial es que presentó desde el año 2022 un sistema de construcción modular cuyo núcleo se rellena de hormigón, con la ventaja de la rapidez en su ejecución, de modo que les prometió a sus clientes que los trabajos durarían solo 9 meses, con lo cual el coste iba a ser un 20% más económico que construir una casa por sistemas convencionales.
Según los denunciantes, la persona que primero contactó con ellos, pareja de la administradora de la empresa, es quien concertaba reuniones y logró atraerse la confianza de quienes finalmente contrataron sus servicios. Algunas de familias llegaron a visitar casas realizadas supuestamente con este sistema constructivo en Tenerife, sin que en ese momento sospecharan de nada.
Las sospechas de que algo no iba bien, ya en 2023
Pero a finales del año 2023, lo afectados descubrieron que realmente las casas visitadas en la vecina isla no estaban construidas con ese sistema modular ni las había edificado esa empresa de forma directa
Entre el otoño de 2022 y la primavera de 2023, la constructora ya había captado a estos clientes de La Palma. La firma del contrato suponía la entrega del 25% del presupuesto en concepto de anticipo, justificado por la necesidad de trasladar los paneles prefabricados desde la Península.
Trabajos no ejecutados
Lo cierto es que, a día hoy, solo ha llegado a La Palma material de dos viviendas; una inacabada en El Paso, mientras que el material de una segunda casa permanece abandonada en una segunda parcela en Los Llanos de Aridane. Y los denunciantes no han logrado contactar con los responsables de esta empresa desde el pasado año; la única comunicación ha sido a través de abogados.
Rubricados los contratos, la empresa instaló unos carteles de obra pero solo avanzó los trabajos de la vivienda que era más visible, junto a una carretera general. Para colocar los paneles prefabricados en que se basa este sistema constructivo subcontrató a empresas de Tenerife.
Estas familias que han acudido a los tribunales en defensa de sus derechos empezaron a preocuparse al ver que las obras no comenzaban, y, en los casos en que sí, no avanzaban, percatándose de que había pocos trabajadores para acabar las 14 viviendas en 9 meses; rotaban continuamente de obra en obra y se ausentaban en algunos periodos determinados.
Y para colmo, con escasos trabajos realizados, la empresa les exigió el pago de la primera certificación, adicional al 25% de anticipo. A pesar de que la compañía llegó a presumir públicamente de que quería ayudar a los damnificados del volcán, los denunciantes relatan que se mostraba «inmisericorde» y exigía estos pagos conforme al contrato, obviando que apenas se habían hecho obras.
Las «excusas» de la constructora
Al principio la constructora ponía «excusas» como problemas de trámites con la Administración pública, de acceso a los solares o de falta de suministro de servicios como agua y electricidad. Incluso con alguna de las viviendas ni si quiera tramitó la licencia y en otros solo hizo el acta de replanteo. Y en la mayoría de los casos denunciados el proyecto apenas se ejecutó (una pared, un pozo…).
De la existencia de estas denuncias judiciales dijo estar enterado el presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez durante una entrevista este lunes 3 de junio en TV La Palma.
El caso se encuentra ahora a expensas de las actuaciones de los Juzgados, y los denunciantes, tanto en vía penal como en la civil, confían en que se haga justicia.
