La Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción (APAR) pide a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Canarias aclaraciones sobre los plazos que marca la legislación europea para presentar y ejecutar el plan con el que reconstruir las fincas agrarias destruidas por la erupción volcánica de 2021 en el Valle de Aridane. APAR se dirigirá por escrito ante la Comisión Europea para quejarse por la «deficiente gestión» en esta materia.
La preocupación de estos propietarios de explotaciones agrícolas estriba en que los plazos que se estiman en la normativa europea «marcan tres años para presentar un plan de reconstrucción y cuatro años para que se realicen los pagos», sin que tengan constancia de que el Gobierno de Canarias haya presentado esta planificación o solicitado una prórroga.
El plazo de presentación para las ayudas europeas canalizadas a través del Programa de Desarrollo Rural expira el 5 de Junio de 2024, subvenciones que garantizan el 100% del valor a las explotaciones afectadas por la erupción volcánica, según recuerda APAR.
«Sin respuesta oficial y con desconcierto de los afectados»
El Gobierno canario, según esta asociación palmera, «no responde a los diferentes escritos y no clarifica las cuantías para los conceptos de reconstrucción o venta de terrenos arrasados que se incluyen en el Decreto ley agrícola, generándose así desconcierto entre los afectados, que no saben si tienen que devolver las ayudas POSEI condicionadas a retomar la actividad en caso de que decidan acogerse al citado decreto y vender sus fincas a la Administración pública».
APAR se queja de que «se está exponiendo innecesariamente a los afectados a tener que tomar decisiones relevantes para su patrimonio sin dotarles de la información necesaria».
Escrito ante la Comisión Europea
Por ello, se dirigirá por escrito a la Comisión de Agricultura de la Unión Europea ante lo que consideran una «gestión deficiente» de este asunto en Canarias.
A juicio de APAR, «la falta de previsión, de plan de actuación y de comunicación que rodea a los afectados genera inseguridad; no existen proyectos para la recuperación de caminos y redes de riego conocidos y el cálculo de la ayuda de pérdida de renta; y su no publicación a fecha de hoy en el Boletín Oficial de Canarias manifiesta una actitud de indefensión de difícil justificación por parte de las autoridades».
El gobierno insular «tampoco demuestra interés alguno en la resolución de los problemas que se les plantean, pues solicita que se le remitan las peticiones de reunión por escrito y no convoca reuniones públicas, sino con grupos sesgados de afectados para publicar notas de prensa tranquilizadoras».
Posibles acciones legales si se pierden las ayudas
Advierte APAR de que «el tiempo corre, y en el supuesto de que las ayudas se pierdan por falta de gestión de la Administración pública, la asociación estudia las acciones posibles en defensa de los intereses legítimos de sus asociados».
Señala este colectivo que la partida de la Política Agraria Común (PAC) para toda Europa en el período 2021-2027 asciende a 1,21 Billones de euros, por lo que no duda que exista dinero para llevar a cabo la reconstrucción de lo que el volcán destruyó en 2021.
