La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja 2021 considera «absolutamente incomprensible» que el Comisionado para la Transparencia de Canarias siga sin pronunciarse sobre su recurso contra la denegación de las actas y grabaciones de los comités Científico, Técnico y Director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas previos a la erupción, así como los informes científicos de los últimos cuatro años sobre la evolución de este fenómeno geológico.
Este organismo público denegó el acceso a esta documentación argumentando que al no ser órganos colegiados no había secretario para levantar actas y que la información auxiliar o de apoyo está entre los supuestos de inadmisión de reclamaciones al no considerarla de relevancia pública.
La Plataforma interpuso el 27 de julio de 2022 reclamación ante el Comisionado de Transparencia, cuyo titular es Daniel Cerdán, argumentado básicamente que la información y documentación del PEVOLCA no es una información auxiliar, sino que es una información esencial en virtud de la cual se tomaron las decisiones sobre los niveles de alerta y la evacuación de los afectados.
El Comisionado formuló requerimiento de subsanación a la Plataforma, que lo cumplimentó en el mes de agosto. Pero han transcurrido más de 4 meses desde la reclamación presentada y el citado cargo público, según este colectivo de afectados, «se niega a resolver la reclamación de los afectados de acceso a la información». Para este grupo de damnificados, es «absolutamente incomprensible e injusto» que, frente a otras reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia -que se resuelven en un mes o como máximo en 3 meses, como establece la ley y que pasado a ese plazo se entiende desestimadas- que el Comisionado no trate igual a los afectados que a cualquier otro ciudadano, al que si se le resuelven en tiempo y forma sus reclamaciones.
El próximo 13 de diciembre 2022 se cumple un año de la finalización de la erupción, que se dio oficialmente por terminada el 25 de diciembre de 2022, y las grabaciones y actas del PEVOLCA constituyen, para la plataforma, documentos esencialesl para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, para demostrar que la información previa sobre el riesgo volcánico no se dio a los afectados. Por tanto, la Plataforma RUEGA al Comisionado que cumpla con su obligación legal de contestar la reclamación realizada el 27 de julio de 2022 por este colectivo.
Hay que tener en cuenta, según esta asociación, que «no se comunicó a la población los diferentes informes científicos del año 2020 y 2021 y las reuniones del PEVOLCA del año 2017 que eran necesarias para que los vecinos fueran conscientes del peligro que corrían sus propiedades y se hubiera hecho un seguro de daños ya que había enjambres sísmicos de un fenómeno preruptivo sobre el que los científicos estaban trabajando y siguiendo y la población permanecía al margen».
Además, el semáforo no se activó nunca en naranja, sino que estando en nivel amarillo pasó directamente a rojo cuando comenzó la erupción a las 15:12 del día 19 de septiembre. Esto supuso que no se evacuó a toda la población hasta después de la erupción volcánico, lo que motivó que no pudieran sacar sus enseres y también que se expusieron aun riesgo para sus vidas.
Para los afectados es también fundamental conocer los informes científicos evacuados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Vulcanológico de Canarias (INVOLCAN) que fueron registrados en el Gobierno de Canarias del año 2020 y 2021 a los efectos de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración por comisión por omisión por no dar información a la población sobre el fenómeno pre-eruptivo 2020-2021 cuyo plazo prescribe el 25 de diciembre de 2021 (un año después de finalizar el evento dañoso que es el volcán).
En definitiva, esta asociación defiende que toda esta documentación tiene relevancia para el conocimiento de la toma de decisiones públicas en esta emergencia y su aplicación.
Entiende por ello la Plataforma, «que no se puede amparar la Dirección General de Seguridad y Emergencias en el soporte material, la inexistencia de actas, para denegar la información, ya que si no hay actas sí debe haber documentos que forman parte del expediente administrativo de las diferentes sesiones, y debe ser públicos «porque forman parte de decisiones administrativas que se adoptaron según las normas del PEVOLCA y que tienen una finalidad pública relevante».
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es un órgano creado por la Ley de Transparencia de Canarias que se dedica al fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito canario. En ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley, actúa con autonomía y plena independencia.
La persona titular de este órgano es elegida por mayoría de tres quintas partes de los 70 diputados del Parlamento de Canarias, y para su revocación o cese es preciso el voto del mismo porcentaje de parlamentarios. Su mandato es de cinco años, renovable por una sola vez, y ha de ser elegido entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. En consecuencia, no tiene dependencia orgánica ni funcional del Gobierno de Canarias, Cabildos o Ayuntamientos sobre los que ejerce el control en materia de transparencia y acceso a la información pública.
