El nuevo director general de Costas, el palmero Antonio Acosta, ha afirmado que este organismo público, recién incorporado a la Comunidad Autónoma tras asumir el 1 de enero de este año la competencia en la gestión de la costa, tendrá “una sensibilidad diferente” que cuando este servicio era estatal con el expediente sancionador abierto por los funcionarios del Estado al Cabildo de La Palma, que puede acarrear una sanción de 1,7 millones de euros, por haber construido una pista y una tubería de riego sobre la fajana mayor creada en la erupción de 2021
Esta afirmación llama la atención porque el máximo responsable de esa actuación como presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, del PP, ahora es consejero del Gobierno canario, en el que desempeña el cargo de consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio climático, aunque las competencias en costas pertenezcan a otra consejería, la de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Lo cierto es que entre afectados por la erupción críticos con la gestión que Mariano Hernández Zapata ha hecho de la emergencia volcánica han mostrado su asombro por el hecho de que parezca que se da a entender que la cesión de competencias en costas del Estado al Gobierno canario implique un criterio diferente en la aplicación de la Ley de Costas, ya que los funcionarios de la Demarcación de Costas cuando estaba en manos estatales dejaron claro que la obra de la tubería tenía que haberse sometido a la autorización del entonces organismo estatal que vela por la protección de dominio público marítimo terrestre y, por tanto, la obra es ilegal.
El argumento de Hernández Zapata para meter las palas a través de esta nueva franja de tierra ganada al mar por la lava de la erupción es que interpreta que esta obra era de imperiosa necesidad y estaba amparada en la normativa de emergencia por la catástrofe volcánica que permite obviar determinados procedimientos ordinarios por la urgencia e interés público del proyecto. Pero son unas justificaciones que, por lo visto con la incoación del expediente sancionador, chocan con el criterio técnico del Ministerio de Transición Ecológica. Está por ver la resolución del asunto.
Antonio Acosta estrena el nuevo organismo de la Dirección General de Costas en manos canarias. En sus controvertidas declaraciones, Acosta viene a introducir un criterio subjetivo a la hora de abordar la cuestión del expediente sancionador: «Si nos vamos al fondo de para qué se quería la tubería», reflexiona, «no cabe duda que ha sido importante para resolver un problema grave como el que había en esa zona”.
En esta línea más sentimental y política que jurídica, añade que “además de ser director general de Costas, nunca me olvido que soy palmero y lo importante en estos casos es la interpretación de la Ley, que será gestionada desde Canarias”.
Sin embargo, el propio Acosta parece darse cuenta de la polémica carga de estas palabras, que pudieran descodificarse como un presunto intento de hacer un favor político, e introduce en su reflexión una idea que pone un límite jurídico a todas las anteriores: «Lo que no vamos a poder hacer es saltarnos la legalidad”.
La realidad es que la tubería por la fajana es una obra que ha generado controversia entre quienes la apoyan porque consideran que ha permitido restablecer el riego de fincas agrícolas sin necesidad de desaladoras y quienes sostienen que había itinerarios alternativos para esa tubería sin necesidad de causar un impacto en la nueva fajana, que son terrenos de dominio público (aunque el anterior gobierno insular alegó también que pensaba mimetizar la obra para reducir su impacto).
También es polémica para algunas personas porque mientras el Cabildo, al menos para los funcionarios de Costas cuando pertenecía al Estado, esta obra se saltó el trámite de pedir autorización al entonces servicio estatal, a los damnificados no se les permite tocar ni una piedra en sus propiedades ni entrar en la zona de exclusión para acceder a sus terrenos, ni si quiera por cuestiones éticas, más allá de aspectos jurídicos. Para muchos esas antiguas propiedades son ya, como la fajana, una capa de lava, que sepultó sus anteriores bienes, una dura realidad a la que es difícil acostumbrarse cuando están a punto de cumplirse dos años desde el inicio de la erupción.
Un opinión creciente entre los damnificados es que, si finalmente se confirma la sanción de 1,7 millones, tendrán que ser los propios ciudadanos palmeros los que deban pagar la en ese caso irregularidad cometida por el Cabildo en el que el máximo responsable era Mariano Hernández Zapata y quien, por tanto, tenía la última palabra sobre la ejecución de este proyecto.
Además, muchos afectados por la catástrofe contemplan con asombro cómo pese a la controvertida gestión de la emergencia por parte de Hernández Zapata, lo que supuso su derrota electoral aplastante en el Cabildo, se encumbra al expresidente de la institución insular a un puesto superior en el Gobierno de Canarias de la mano del PP (y su esposa, Lorena Hernández Labrador, ha sido nombrada directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno canario). Entretanto, la población damnificada sigue a la espera de soluciones para su futuro en una reconstrucción que no se ve aún en el horizonte.
