Artículo de opinión
FRANCISCO RODRÍGUEZ PULIDO
Licenciado en Química y profesor jubilado
Es la hora de decir la verdad de las emisiones difusas de CO2 en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La verdad no es negar su existencia. Sin embargo, nos han estado mintiendo desde hace casi dos años. Desde que empecé a investigar y documentarme sobre la problemática de las emisiones difusas, quería poner el acento en la pasividad y la escasa información con la que se ha estado gestionando el problema. Tanto la ciencia institucional como las administraciones públicas han estado dominadas por la parálisis y la provocativa política comunicativa del miedo. Es el momento de romper esta gestión, y acabar con las maneras y las formas con las que han tratado a la ciudadanía.
Desde hace diecinueve meses prácticamente no han aportado soluciones directas y efectivas que permitan a los vecinos y ciudadanos superar la angustia de tener la mejor zona de costa de la isla cerrada. La ciencia, con más y más balizas y estaciones, no ha hecho sino medir y medir. Los poderes públicos no han salido del discurso de la letalidad y el miedo. Aunque hay que reconocer que el nuevo presidente del Cabildo, en sus intervenciones más que decisiones, están aportado más lucidez y esperanza. Por otro lado, la administración estatal prefiere tener voces calladas con pequeños gestos, como las ayudas y exenciones económicas y fiscales.
El decreto de “exclusión” del Cabildo, publicado por primera vez en octubre de 2022, después de nueve meses de vacío legal, ha sido refrendado por nuevos decretos, publicados en abril y junio de 2023, en los que siempre han mantenido vallado, vigilado y cerrado los accesos a Puerto Naos y La Bombilla. Han convertido a los vecinos en refugiados en su propia tierra. Han considerado que ambos núcleos son la “zona cero de Chernóbil”. Y ello, porque los científicos del PEVOLCA dicen, con la boca pequeña, que ambos núcleos no podrán ser habitados en décadas. Este es la gran mentira que no se atreven a decir.
Con la nueva corporación insular, hasta la fecha, poco o nada ha cambiado. Sigue siendo obligatorio la necesidad de tener un código QR, ahora con una validez de tres meses. Si no lo obtienen, reciben, por el contrario, la actitud hostigante y amenazante de la seguridad contratada, de los empleados del Cabildo y, además del inexplicable comportamiento de la Guardia Civil, poniendo multas sin un soporte jurídico contrastado.
El acto de protesta que hice el pasado mes de febrero pretendía llevar un mensaje claro, “Volver, no más mentiras”. Esta protesta y los numerosos artículos de opinión que he escrito, a los que añado dos informes para la plataforma JARACO, sustenta una idea concreta: sin negar la existencia de las emisiones difusas de CO2, es necesario afrontar el problema con mayor rigor científico, con la colaboración ciudadana y con la meta a corto plazo de un protocolo de vuelta a la vida.
Aunque siempre he sido reiterativo en las mentiras que nos dicen, éstas en su gran mayoría lo han sido por no contar toda la verdad, y por aportar información poco fiable y no contrastada científicamente. Además, siempre he denunciado la arbitrariedad de las decisiones, porque en la realidad no responden al principio de precaución, como una y otra vez nos dicen los informes del PEVOLCA.
Pero la peor mentira que sostiene la ciencia institucional no hace sino alargar sine die el problema de las emisiones difusas. La peor mentira es no contar la verdad. Los científicos del IGN e INVOLCAN trasladan a los políticos un mensaje fatalista: En Puerto Naos y La Bombilla no se podrá volver a vivir en décadas y décadas. Esta es la realidad que dicen con la boca pequeña.
No tengo reparo en citar nombres. Pedro Hernández, de INVOLCAN, tiene la osadía de decirle a una vecina de Puerto Naos que no cree que sus hijos puedan vivir en Puerto Naos, y que sus nietos incluso lo van a tener complicado. Incluso, se atreve a sugerir que lo mejor que se puede hacer en Puerto Naos es reconvertirlo en una zona industrial. También Stavros Meledlidis del IGN ha llegado a decir que “Puerto Naos es inhabitable”.
La pregunta es inevitable. Si la ciencia institucional dice que no se podrá habitar Puerto Naos y La Bombilla, ¿por qué y para qué le siguen asignando partidas presupuestarias al IGN e INVOLCAN? Si nunca será habitable, ¿por qué se aprueban 1,5 millones de euros para instalar 1.200 estaciones fijas más los sistemas de ventilación forzada?
El Real Decreto 657/2023, de 18 de julio, publicado en el BOE del 21 de julio, el gobierno español concede, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, una subvención directa a INVOLCAN. El objeto de esta subvención, según el título del Real Decreto (en adelante, RD) es el despliegue de un sistema completo de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en las poblaciones de Puerto Naos y La Bombilla. Dicha partida, sin embargo, es para un período de cuatro años, desde 2023-2026, y en ningún momento cita la vuelta de la ciudadanía.
¿Qué sentido tiene esta subvención directa? ¿Y por qué a INVOLCAN, si prácticamente esta institución no tiene recursos humanos ni técnicos? El preámbulo del RD alude a “razones de interés público y social” para justificar la adjudicación directa, argumentando la “necesidad de poner en marcha lo más rápido posible los mecanismos necesarios y adecuados que permitan minimizar el riesgo de exposición de la población a los gases tóxicos.” Todo esto sería positivo, si no fuera porque obvia a los vecinos y resulta contradictorio un período de ejecución de cuatro años.
Mi opinión es que esta subvención a INVOLCAN carece de argumentos. De hecho, no es compatible con las funciones de vigilancia del riesgo volcánico. Porque independiente del origen, lo fundamental en la problemática de las emisiones difusas es la eficacia en el control de la calidad del aire y la concentración de CO2 ambiental, además de garantizar la seguridad de la salud de los residentes.
INVOLCAN puede y debería estar haciendo otras intervenciones, como la realización de un mapeo de flujos y dispersión de las emisiones de CO2, así como la identificación de las zonas de emisión, para desarrollar medidas de mitigación. La realidad es, sin embargo, que INVOLCAN está ejecutando esta subvención concediendo subcontrataciones a la empresa SIELTEC Canarias, para instalar los sensores de CO2.
Esta subvención debería haber considerado la creación de un equipo interdisciplinar, que incluyera además una dirección médica, como ha sugerido el Dr. Aldo González Brito. No sabemos quién decidió que fuese íntegramente destinada a INVOLCAN, aunque administrativamente haya un responsable, la Dirección General del IGN. No sabremos por qué no se contó con instituciones del CSIC, como el IGEO, el Instituto Carlos III o el Departamento de Geociencias del Instituto de Evaluación Ambiental e Investigación del Agua (IDAEA-CSIC) ubicado en Barcelona, por citar organizaciones solventes.
De hecho, el IDAEA tiene la medalla de Excelencia Severo Ochoa, que sólo la tienen centros y unidades de excelencia del sector público y de instituciones privadas de investigación sin ánimo de lucro, con un liderazgo científico contrastado a nivel internacional. Son instituciones que desarrollan investigaciones con resultados de alto impacto social. De hecho, el lema del IDAEA es “Cuidamos el agua que bebemos y el aire que respiramos”.
INVOLCAN, que se ha convertido en un problema en la isla de La Palma, no puede ser parte de la solución. Invito a la reflexión a todos para que me citen una aportación que haya realizado INVOLCAN a la ciudadanía afectada por el volcán, en la resolución de sus problemas. La realidad es que se esmeran notablemente más por realizar publicaciones, asistir a congresos e inflar los currículos de sus técnicos. INVOLCAN ni siquiera fue capaz de aportar certidumbre sobre el lugar y el momento de la erupción. Algunos de sus miembros, durante la erupción se convirtieron en estrellas de la TV.
INVOLCAN fue irrelevante en la reducción del impacto que supuso el daño de las coladas o las emisiones de piroclastos y gases del volcán. Y con relación a la emisión difusa de gases, se puede resumir que su aportación ha sido sólo medir y medir, concentraciones, algunas veces flujos de emisión, hallar la firma isotópica o poner unas inútiles trampas alcalinas, desterrando a los vecinos. Su estrategia de comunicación ha sido humillante, retórica, grandilocuente y reiterativa en el lenguaje que potencia la ansiedad y la angustia. La hemeroteca y las redes están ahí para confirmarlo.
Hay que decir en favor del IGN, que ha mejorado la comunicación de los datos de los sensores que tiene en Puerto Naos, a través del sistema de conectividad LoRa. En cualquier caso, es el momento de pedirles al IGN también, pero sobre todo a INVOLCAN, que den un paso al menos a un lado, y permitan que otros científicos y técnicos de manera transdisciplinar afronten la realidad buscando soluciones.
Ambas instituciones deben ser francas y claras con la población palmera. No pueden seguir engañando y ocultando información. No pueden ser cómplices de la frustración y desesperanza que está causando a la población del Valle de Aridane. Es un daño moral, social y a la salud mental muy grave. Hablen claro y atrévanse a decirlo en voz alta si es cierto o no que en Puerto Naos y La Bombilla no serán núcleos habitables en décadas.
El director del PEINPAL y presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, debe asumir con determinación que es necesario contar con otras voces de la ciencia. Ya ha hecho manifestaciones en esta dirección.
No se puede negar la responsabilidad política del Comisionado para la Reconstrucción, Héctor Izquierdo, ya que al adjudicar de manera directa única y exclusivamente a INVOLCAN todo el peso de la solución, comete un grave error. Posiblemente sea su enésimo error, después de anunciar unas catas profundas, que no se ejecutarán nunca, un plan piloto de una ventilación forzada de risa, unas viviendas para los vecinos a 500 m de la costa, etc.
El RD supone desarrollar una infraestructura con una inversión a cuatro años. En todo el texto de dicho RD, como ya he mencionado, no hay ni una sola mención a la vuelta de los vecinos. ¿Quiero esto decir que no será posible vivir en la costa hasta pasado cuatro años? ¿O realmente, la verdad es que nunca volverán a vivir?
El Estado, a través de la asignación de fondos y ayudas que ha destinado y sigue dando a los afectados de los núcleos costeros no ha hecho sino alimentar la pasividad de muchos vecinos y empresarios, cómodos en una situación que, sin trabajar, reciben ingresos de dinero. Falta la solidaridad y la empatía entre los propios palmeros, y esto lamentablemente es mucho más que triste.
La supuesta urgencia de este sistema, que yo ya les reclamé hace casi un año en el único encuentro que tuvieron los científicos con los vecinos, el 13 de septiembre de 2022, no se corresponde con los hechos. El RD menciona la adquisición de dichos sistemas en 2023 y 2024, pero no define su instalación.
Otras medidas, que yo ya también mencionaba en el informe que se presentó al TSJC, como la creación de un centro de información y alerta, debería estar ya operativo. Hay razones legales para recurrir el RD y yo personalmente no tengo dudas de ello.
Ante esta cruda realidad, la pregunta que se estarán haciendo muchos vecinos del Valle de Aridane y residentes en Puerto Naos y La Bombilla es obvia. ¿No hay ninguna posibilidad de volver a vivir, de ir a la playa, de pasear por la avenida? Personalmente, con mis modestas mediciones, que he hecho con un detector portátil de rango 0-50.000 ppm y lo que he podido investigar, pienso que sí. Es posible volver y en eso es en lo que deberían estar puesto todos los focos.
En muchos de mis artículos e informes he mencionado otros lugares con emisiones difusas de gases, como la isla de Vulcano, Furnas en Azores o la zona de Cava dei Selci. Sin embargo, hay otros lugares que ya explicaré en otros artículos, como la isla italiana de Pantelleria, la Caldera de Tor o el Campi Flegrei en Italia, con serios problemas de desgasificación. En todas ellas hay un detalle muy importante, y es que se han aportados investigaciones muy serias y contrastadas. En La Palma, nadie salvo IGN e INVOLCAN se ha interesado por estudiar las emisiones de la costa. En cierto modo, porque INVOLCAN “expulsa” a otros científicos.
En mi empeño altruista y solidario de encontrar salida ante tanto desaguisado en la gestión de los gases, he entablado contacto con varios científicos y técnicos. De todos ello, quiero destacar mi entrevista con uno de los científicos más destacados de la Geología en España. Me refiero a Joan Martí, profesor de investigación del departamento de Geociencias del IDAEA-CSIC, en Barcelona. Quiero agradecer su confianza al leer mi informe y dar su opinión. Aunque no es un experto en Geoquímica, ya que su especialidad es la volcanología física y el riesgo volcánico.
Por respeto a su persona y su confianza, no daré detalles de la conversación. Sin embargo, si quiero exponer algunas conclusiones relevantes que aportan cierta lucidez al problema de las emisiones difusas y al trabajo científico. Para mí fue muy esclarecedor escucharle hablando de lo qué significa hacer ciencia.
Para Joan Martí es evidente que los científicos no siempre hacen las cosas de manera objetiva y en beneficio de los demás. Las presiones, cuando existen, distorsionan su trabajo. El mismo Joan Martí estuvo al principio de la erupción, aportando datos al IGN, pero se fue de La Palma, porque recibió mensajes de algunos científicos que molestaba en la isla, a pesar de ser un experto en riesgo volcánico.
En Canarias, los grupos de investigación relacionados con la vulcanología no son independientes. INVOLCAN no escapa a esta situación. Yo deduzco que la presión política determina bastante su trabajo, y los intereses que hay detrás. Estas circunstancias condicionan mucho el mensaje a la hora de explicar lo que ocurre en Puerto Naos y La Bombilla.
Con la boca pequeña dicen lo que no quieren decir. Hay emisiones, pero no es tan diferente a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Quizás lo más complicado es esa extraña afectación a zonas habitadas. Joan Martí, de manera sincera, dice que no hay fórmulas mágicas para solucionarlo. Sin embargo, es evidente que la ciencia aún tiene mucho que aportar. Es necesario hacer análisis estadístico y estudio de la evolución de los flujos, su localización y encontrar patrones de comportamiento que lo puedan hacer pronosticable e identificable.
Por mi parte, he podido realizar dos rutas de investigación en Puerto Naos y La Bombilla. Mis conclusiones, que ya expondré con detalle, es que es posible volver a vivir. Es necesario señalizar y advertir, y eludir responsabilidades que sólo corresponden a los vecinos. Pero también es necesario intervenir en los sistemas de evacuación y los pozos negros, procediendo a su saneamiento y sellado Mis datos confirman que hay una zona identificable que hay que enfrentar con rigor. Pero también he comprobado como discurren flujos de CO2 a través de la red de saneamiento y acceden a los pozos negros. Nada de esto se ha investigado.
Es el momento de desmontar los oscuros intereses que se esconden en una gestión paralizada desde hace casi dos años. Que pongan sobre la mesa todas las cartas, todos los datos y todas sus evidencias. Desmontar qué se esconde, por ejemplo, tras el argumentario científico, si lo tiene, de un técnico del Cabildo que, además de avalar los decretos del Cabildo con su sectarismo paralizante, destila antipatía hacia los vecinos.
Además, asume una responsabilidad que le queda muy ancha, incapaz de entender el problema de la desgasificación. Poner sobre la mesa las cartas reales de la efectividad de las inversiones realizadas, con escasísimos resultados, y que tiene responsables políticos. INVOLCAN ha demostrado todo este tiempo sus limitaciones e incapacidades. Cierta autocrítica sería algo muy sano.
Espero que después de tanta oscuridad no vayan a seguir alimentando el discurso del miedo con la amenazante preocupación de que también hay altos niveles de Radón 222 (Rn-222). Si los hay, que puede ser, no hay que añadir un alarmismo más. Este isótopo, que forma parte de la serie radiactiva del Uranio-238, puede venir asociado a las emisiones de CO2. No es un problema en el aire exterior. Si lo es en viviendas, fundamentalmente de bajos y primeras plantas. En ningún caso, es un problema que sirva de excusa para no habitar en Puerto Naos y La Bombilla.
Para finalizar, mi estima y consideración a esos vecinos que no se han dejado seducir por los miedos y las amenazas. Sobre todo, vecinos de La Bombilla que llevan semanas y meses residiendo. Ni INVOLCAN ni IGN han invocado nunca su preocupación por la salud de todas estas personas. Sólo el Dr. Aldo González Brito, ahora presente en el PEINPAL, ha solicitado que haya una dirección médica necesaria. No estaría nada mal que desde el Cabildo se solicitaran analíticas para comprobar el nivel de CO2 y del ion bicarbonato en sangre de todas estas personas, así como gasometrías.
