La Asociación Tierra Bonita ha vuelto a pedir al Cabildo de La Palma que elimine las “zonas de exclusión” a las que no pueden acceder (ni tampoco usar) los propietarios de viviendas o terrenos a raíz de la erupción volcánica de 2021, al tiempo que reitera su solicitud de que se ponga fin al “semáforo amarillo”, o nivel de emergencia por riesgo volcánico, y se pase a “verde”.
En un recurso potestativo de reposición contra el decreto 2025/12388, en vigor desde principios de diciembre, este colectivo ciudadano defiende que mantener estas restricciones cuatro años después de la catástrofe “ya no está justificado, al no existir riesgo inmediato para las personas por emisiones peligrosas ni temperaturas anómalas, como además reconoce el propio documento impugnado”.
Tierra Bonita subraya que el Cabildo no sustenta este nuevo decreto en ningún informe científico actualizado que avale la persistencia de peligros para la salud o la seguridad, sino que “se limita a invocaciones genéricas a supuestos criterios técnicos, sin identificar autoría, fecha, ni órgano emisor ni contenido concreto”.
Otro de los argumentos contra este decreto es la falta la cobertura jurídica de la figura de “zona de exclusión” (en las que siguen incluidos Puertos Naos y La Bombilla), ya que no aparece en la legislación vigente y, por tanto, “el Cabildo no puede imponer prohibiciones generales e indefinidas de acceso bajo esa denominación, afectando a derechos básicos de propiedad y uso”.
«EL CABILDO OCULTA INFORMACIÓN AL TJSC»
Las actuales restricciones forman parte en realidad de una cadena de decretos sobre “zonas de exclusión”. Contra los dos anteriores Tierra Bonita ya apeló ante el Cabildo: el Decreto 2024/5732, que se encuentra recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y el Decreto 2024/12897, que la asociación también llevará a la vía judicial.
Por ello, Tierra Bonita se queja de que el Cabildo “continúa dictando nuevos decretos de contenido sustancialmente equivalente, sin poner en conocimiento del TSJC toda la información relevante para este caso, lo que impide al órgano judicial disponer de una visión completa y actualizada de la actuación administrativa” y además obliga a Tierra Bonita a “impugnar sucesivamente actos de la Administración insular formalmente nuevos pero materialmente idénticos”.
A juicio de la entidad denunciante, “el Cabildo comete así un grave vicio jurídico que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, una conducta que podría pagar con sentencias condenatorias en vía civil e incluso penal”.
SIN MOTIVOS YA PARA SEMÁFORO AMARILLO
Asimismo, la asociación reitera su discrepancia con el mantenimiento del semáforo volcánico en amarillo (o nivel de alerta I) cuatro años después de apagado el volcán. Una situación —sostenida por los órganos de gestión del Plan de Emergencias Volcánicas ( PEVOLCA) y el Plan de Emergencias de La Palma (PEINPAL)— “no se ajusta al diseño normativo del sistema, que concibe ese nivel como transitorio y ligado a una fase preeruptiva o de evolución desfavorable que ya no existen”.
Otro de los aspectos cuestionados del nuevo decreto es que “ignora por completo” la Ley 2/2024, de recuperación territorial y urbanística de La Palma, cuyo artículo 2 establece como objetivo “facilitar la recuperación económica y social, garantizando la seguridad jurídica, la participación y la coordinación administrativa”; así como la reciente Ley 5/2025, de Volcanes de Canarias, cuyo artículo 3 impone los principios de “conocimiento científico, proporcionalidad, temporalidad de las medidas y participación pública”.
A este respecto, Tierra Bonita sostiene que “el Cabildo muestra de forma reiterada una falta de transparencia y de participación ciudadana, como prueba además el hecho de que el Consejo Sectorial para la Recuperación de La Palma no ha sido convocado desde su constitución en abril de 2023, pese a estar previsto en las leyes citadas”.
LA «ABSURDA» SITUACIÓN DE PUERTO NAOS Y LA BOMBILLA
Uno de los hechos “más absurdos”, desde el punto de vista de la asociación, es que se mantengan “zonas de exclusión” en Puerto Naos y La Bombilla, donde numerosos vecinos residen de forma habitual, o en áreas donde se ejecutan obras públicas, se habilitan viales, se construyen viviendas y se desarrollan actividades agrícolas. “No resulta jurídicamente coherente prohibir el acceso general a la ciudadanía mientras la propia Administración autoriza y promueve actuaciones de reconstrucción en esos mismos espacios”, se arguye en el escrito de impugnación.
En definitiva, para Tierra Bonita, el Cabildo de La Palma “hace ostentación de una burla institucional hacia el control judicial, la negación absoluta y deliberada de la participación ciudadana, y la utilización de decretos sucesivos como estrategia para sortear al TSJC”.
