La Asociación Tierra Bonita ha presentado un nuevo recurso potestativo de reposición contra el nuevo Decreto 2026/208 del Cabildo de La Palma, por el que se mantiene una amplia zona de exclusión (alrededor de 12,5 km²) en el Valle de Aridane afectada por la erupción volcánica de 2021, y que comprende no solo terrenos cubiertos de lava sino en otros que no resultaron afectados por las coladas, como Puerto Naos y La Bombilla.
Entre otras razones, la asociación expone que estas restricciones persisten, más de cuatro años después de la catástrofe, “con arbitrariedad, sin base científica e incumpliendo la jerarquía normativa”, al contradecir e obviar leyes de rango superior.
El recurso cuestiona igualmente que el «escandaloso» decreto del Cabildo mantiene en Puerto Naos y La Bombilla zonas de exclusión, a pesar de que en estos núcleos existen viviendas habitadas de forma permanente, lo cual considera “jurídicamente insostenible”.
Además, Tierra Bonita señala la “insuficiencia de la justificación técnica del umbral de 700 ppm de CO₂” utilizado como criterio clave para la habitabilidad.
OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y POSIBLE DESVIACION DE PODER
Otro de los hechos denunciados por Tierra Bonita es la presunta obstrucción a la justicia por parte del Cabildo en el pleito contencioso-administrativo planteado contra un anterior decreto de zona exclusión, ya que la institución insular habría “ocultado información y obstaculizado la entrega del expediente administrativo, a pesar de los reiterados requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)”.
“Esta opacidad sistemática genera una indefensión inaceptable y vicia de raíz la legalidad de los actos que emanan de una Administración que se niega a actuar con la debida transparencia y diligencia”, se queja Tierra Bonita.
Asimismo, la asociación advierte de una “posible desviación de poder y/o un exceso en la potestad administrativa” al delimitar esta zona de exclusión volcánica cuya competencia podría no estar expresamente habilitada por una norma de rango suficiente, incumpliendo el principio de jerarquía jurídica, al ignorar la Ley 5/2025 de Volcanes de Canarias, la Ley 2/2024 de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social tras la erupción de Cumbre Vieja y la Ley 3/2024 de medidas en materia agraria para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
Un ejemplo de la “arbitrariedad” del Cabildo, según la asociación, es haber dejado fuera de la zona de exclusión la superficie de las coladas situadas por debajo de la carretera LP-213, entre La Laguna y Las Norias, coincidente con la zona donde localizaban las plataneras, “lo que acrecienta las sospechas de decisiones tomadas sin criterios objetivos y con posibles motivaciones ocultas”.
También deja al margen una extensa superficie desde el camino del Atajo (“incluyendo la actividad ilegal de machaqueo), Callejón de Morera y Cabrejas, hasta el cruce de La Laguna.
SEMÁFORO AMARILLO INJUSTIFICADO
Al igual que ocurría con el anterior decreto, también recurrido por Tierra Bonita en vía administrativa (apelación rechazada por el Cabildo), “se sigue manteniendo injustificadamente el semáforo volcánico en amarillo, cuando el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) lo concibe como una situación transitoria preeruptiva”.
SIN PARTICIPACIÓN CIUDADANA REAL
Además, el colectivo recurrente insiste en que todas estas decisiones del Cabildo, “con falta de motivación, ausencia de informes completos y sin participación de las personas afectadas por el volcán, dejan a la ciudadanía en una profunda indefensión”.
“La gravedad de las irregularidades civiles, y posiblemente penales”, expone la asociación, “se ve alimentada por la negativa total del Cabildo y del Gobierno de Canarias a convocar el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, recogido en la Ley 2/2024 (“en la que CC cede ante los intereses de determinados lobbies y empresarios”) y aprobado por el Cabildo de La Palma en abril de 2023”.
Tierra Bonita interpreta que “no existe en absoluto voluntad de cumplir las leyes aprobadas para la recuperación del Valle de Aridane, e incluso se oyen voces que apuntan a una modificación de la Ley 3/2024 con un objetivo evidente: seguir con una reconstrucción a la carta”.
Así las cosas, el recurso potestativo de reposición se presenta como “un grito de auxilio de la ciudadanía palmera”, al tiempo que la asociación pide a todas las personas afectadas que hagan oír sus derechos, recuperen una actitud crítica y exigente y reclamen transparencia, para lograr que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma convoquen el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma.
