La Asociación Tierra Bonita critica que el anteproyecto de Ley que declarará espacio natural protegido 309 hectáreas de la zona afectada por el volcán Tajogaite no recoge mención alguna a compensaciones a los propietarios de los terrenos por las restricciones que se les impondrán, ya que, a diferencia de otros afectados, no podrán en sus tierras reconstruir nada sobre la lava ni recuperar los usos anteriores a la catástrofe, lo que supondría “un agravio comparativo”. Además, sostiene, se vulneraría en ese caso el artículo 33.3 de la Constitución.
“Tampoco los representantes de las Administraciones públicas han sido capaces de precisar a los vecinos cómo y cuánto se les pagará por las limitaciones que tendrán en sus propiedades, más allá de un compromiso político verbal (no plasmado aún en ningún documento oficial) de que serán compensados”, observa Tierra Bonita.
Esa incertidumbre fundamental queda tras una reunión celebrada este lunes 16 de marzo entre vecinos que residían en la llamada “zona roja” (la que finalmente se pretende proteger, que incluye el volcán y parte de sus coladas) y representantes de las Administraciones públicas canarias: Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Gobierno canario; junto al viceconsejero para la Reconstrucción, Pedro Afonso, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; así como los respectivos alcaldes de Los Llanos de Aridane y El Paso, Javier Llamas y Eloy Martín.
A juicio de Tierra Bonita, la reunión, solicitada por los vecinos, en realidad se convirtió en un acto de propaganda, más que en una cita en la que realmente los afectados por la futura ley medioambiental recibieran justificaciones sobre los motivos de privarles del derecho a recuperar el uso de sus terrenos y las compensaciones económicas que recibirán.
PROPUESTA DE PROTECCIÓN “DESPROPORCIONADA”
Por parte de Tierra Bonita, en esta reunión miembros del equipo directivo calificaron la propuesta en información pública de «altamente desproporcionada, que vulnera el Convenio Europeo del Paisaje y que nace viciada, al no haberse redactado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, al tiempo que se denunció “ la falta de transparencia y claridad en los criterios científicos que sustentan la propuesta y garantías reales de participación en el proceso”
El anteproyecto de ley, al que se pueden presentar alegaciones, se encuentra disponible en el siguiente enlace oficial: https://acortar.link/BFBjDF
El documento plantea la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja, en la zona del cráter y parte de las coladas, y la creación de dos Reservas Naturales en las fajanas.
Durante la reunión, las críticas de los vecinos apuntaron a la falta de claridad sobre los fines científicos y turísticos de la protección de sus propiedades, los beneficios reales que recibirán y sus derechos de uso como propietarios.
REUNIÓN POCO CLARIFICADORA
Ante estas cuestiones, según la asociación, los cargos públicos fueron incapaces de explicar de qué manera se compensará a los afectados y se garantizarán esos derechos, más allá de que la consejera se limitó a “alardear” de que serán compensados y que para ello se arbitrará alguna norma que lo permita.
Algunos de los asistentes expresaron ”desconfianza y descontento” ante la gestión propuesta para este nuevo territorio asentado sobre donde antes residían poblaciones como El Paraíso o Alcalá, entre otros núcleos urbanos.
A los asistentes sí les quedó claro que, una vez en espacio natural protegido, los propietarios no podrán hacer nada en esta zona salvo aquellos usos y actividades que el futuro plan de ordenación de los recursos naturales permita, y que deberá elaborar el Cabildo en el plazo máximo de un año.
Para Tierra Bonita, una vez más se traslada a los damnificados “un mensaje de avance y éxito institucional, centrado en la creación de un marco normativo, pero sin una rendición de cuentas clara sobre beneficios tangibles para las personas afectadas”.
Y de hecho,” la reunión fue derivando en una venta de logros políticos, una exhibición de millones repartidos y de normativas aprobadas”.
En este punto, Nieves Lady Barreto reiteró que las indemnizaciones abonadas en los últimos meses por el Gobierno canario no son subvenciones, y, por tanto, su defensa de que no se publiquen los nombres de los beneficiarios, esgrimiendo la intimidad de los damnificados, en contra de lo que sostiene la comisionada de Transparencia de Canarias, asunto por el que el Gobierno regional ha planteado un “inaudito” litigio judicial para no hacer públicos estos datos.
POLÍTICA DE “HECHOS CONSUMADOS Y CHANTAJE EMOCIONAL”
En opinión de Tierra Bonita, si bien el marco para la posible declaración de protección avanza, el modo de proceder de la Administración crea muchas dudas, ya que anteriormente nunca se había reunido con los vecinos de la “zona roja”.
Los afectados desean una comunicación más precisa y responsable que conecte el discurso institucional con sus necesidades inmediatas. Y esperan que en próximas reuniones se expliquen, de forma comprensible y verificable, los efectos sobre derechos de propiedad, usos de tierra y compensaciones.
La crítica principal de Tierra Bonita se centra en la falta de transparencia y en la práctica de los “hechos consumados”, sobre todo por la negación de las evidencias y el reiterado uso del chantaje emocional”. ”No hay interés en priorizar a las personas afectadas, sino en apostar por un plan que permita dar a la zona protegida un uso en interés de la ciencia y el turismo”, lamenta este colectivo ciudadano.
Además, en este encuentro personas que residían en El Paraíso y Alcalá pidieron que se buscara el modo de compensarles la pérdida de enseres, que en su caso fue total por no haber sido informados previamente del peligro volcánico al que se exponían y ni evacuados antes de la erupción, a diferencia de quienes residían más lejos de la boca eruptiva, quienes sí pudieron llevarse enseres incluso guías y puertas y además les dieron ayudas.
