ARTÍCULO DE OPINIÓN
FRANCISCO RODRÍGUEZ PULIDO, químico y profesor jubilado
La reciente concesión del Premio al Mejor Proyecto de Investigación al estudio ISVOLCAN (Impacto en la Salud de la Población de La Palma por la Erupción Volcánica), dentro de los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica otorgados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), plantea serias dudas sobre el rigor de los procesos de evaluación científica institucionales.
Al mismo tiempo,este premio, además de la falta significativa de rigor científico, supone un deprecio más a las personas afectadas por el volcán, que se une a una larga lista de premiados por una catástrofe humanitaria como lo fue el volcán de La Palma.
El estudio de ISVOLCAN, tiene una metodología deficiente y sin base causal contrastable. Así lo atestiguó el médico Aldo González en una entrevista publicada en ElValledeAridane.com
Como bien afirma el dr. Aldo González, una valoración de la publicación científica que informa de los resultados del estudio demuestra el deficiente rigor científico del estudio.
El estudio publicado (Simbaña-Rivera et al., Toxics 2025, 13(7): 581) reconoce explícitamente que:
- Fue un estudio observacional sin grupo control previoa la erupción.
- Las muestras de sangre se recolectaron entre septiembre y noviembre de 2022, es decir, nueve meses después del fin de la erupción.
- Los datos son puramente descriptivos, no demuestran aumento de toxicidad ni efectos en salud atribuibles al volcán.
- No se realizó seguimiento clínico de los sujetos ni correlación médica de los valores hallados, por lo que no puede afirmarse impacto sanitario alguno.
A pesar de ello de la pobreza de la metodología y los resultados, se han difundido afirmaciones mediáticas —no corregidas por los autores— que inducen a pensar en un “alto nivel de metales pesados en sangre” o en “potenciales riesgos para la salud”, lo que ha generado una alarma social innecesaria en la población palmera.
En la entrevista al dr. Aldo González Brito, profesor de la ULL y experto del PEINPAL, expone defectos fundamentales del trabajo:
- Ausencia de datos de referencia previos a la erupción, impidiendo cualquier comparación.
- Intervalo temporal excesivo entre el evento eruptivo y las mediciones (por lo que lo estudiado no refleja la exposición real).
- Confusión entre presencia de elementos y toxicidad clínica, ya que la mera detección en sangre no equivale a patología.
- Falta de evaluación médica directa: no se realizaron diagnósticos ni seguimiento de afectaciones reales en los sujetos.
El científico sostiene que “no hay base científica probada para alarmar a la población” y que se ha producido “una lectura muy precipitada de resultados preliminares”, llegando a calificar el tratamiento comunicativo del proyecto como irresponsable por su potencial impacto social.
Todo ello, lleva a destacar una absoluta incoherencia institucional en la concesión del premio. El reconocimiento oficial a un estudio con tales limitaciones genera una grave distorsión del mérito científico y compromete la credibilidad de las instituciones públicas canarias. Los premios en materia de salud deben dirigirse a investigaciones que cumplan criterios de:
- Metodología validada y reproducible, basada en revisión por pares sólida y evidencias contrastables.
- Respeto a los principios de prudencia y comunicación responsable en temas de salud pública.
- Ausencia de controversias éticas o científicas sobre los resultados o su interpretación.
Premiar una investigación aún en fase inicial, con reconocimiento internacional discutible y con observaciones públicas sobre su falta de rigor, supone un precedente negativo para la calidad científica y para la confianza ciudadana en la gestión del conocimiento biomédico en Canarias.
Pero no hay que quedarse solo en la crítica a la concepción de este premio, sino que vamos a elevar quejas formales sobre su concepción a los responsables del premio, la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de Salud y al Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC). Curiosamente, quienes conceden el premio han sido responsables de gran parte de su financiación.
Por ello, además de la presentación de la queja a quienes conceden el premio, se presentarán escritos a otras instituciones científicas y académicas de supervisión. Uno de ellos es al Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm), dependiente de la Dirección General de Programas Asistenciales, Consejería de Sanidad. y al Comité de Ética de la Investigación de Canarias de la ULL.
El motivo es que se verifique si el estudio ISVOLCAN fue sometido a una evaluación ética válida antes de su ejecución y publicación, ya que, no siendo así, se solicitaría que se revise ex post la adecuación del proyecto a los principios éticos (consentimiento, comunicación responsable y validez de resultados).
Con respecto a la Universidad de La Laguna (ULL), dado que hay investigadores que pertenecen a la ULL, la queja se hace extensible al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, para verificar la validez científica del trabajo y exigir mayor control sobre proyectos asociados a la Universidad.
También se formulará queja ante la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), un órgano dependiente del Gobierno de Canarias que coordina la política científica regional, para solicitar la revisión del proceso de selección y evaluación de proyectos financiados o premiados con fondos públicos.
Pero, además es fundamental presentar quejas dirigidas a los organismos de control y transparencia, para exigir la revisión procedimental o rendición de cuentas. En este caso, la reclamación a la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, para que solicite al Gobierno los informes técnicos, actas del jurado y criterios aplicados para conceder el premio al proyecto ISVOLCAN.
También se elevará queja al Diputado del Común, la autoridad autonómica encargada de tramitar reclamaciones por posible mala práctica administrativa o falta de rigor institucional.
Por último, se formulará queja a la Editorial MDPI (Revista Toxics), informando de los errores metodológicos detectados en la comunicación científica original, conforme a las normas del Committee on Publication Ethics (COPE). Esto, aunque no sea una denuncia formal jurídica, es fundamental para solicitar una revisión científica del estudio ISVOLCAN.
