La Asociación Tierra Bonita, que ha llevado a los tribunales al Gobierno canario por denegarle copia de las actas y grabaciones de las reuniones del plan de emergencias (PEVOLCA) en la crisis volcánica de La Palma, sostiene que tanto la Administración autonómica como las instituciones que integran el comité científico (IGN, Involcan, IGME, universidades…), “han perdido su credibilidad” desde su gestión en La Palma en 2021 “y no la empezarán a recuperar al menos hasta que cese su vergonzante falta de transparencia sobre su gestión en la catástrofe del Tajogaite” en 2021.
“Este descrédito institucional”, subraya la asociación, “impide generar confianza en la sociedad de Tenerife ante los síntomas de actividad volcánica en esta isla, ya que estas mismas instituciones que esconden sus fallos en La Palma pretenden ahora formar a la población tinerfeña sobre este riesgo natural y crearle la esperanza de que gestionarán bien una eventual emergencia volcánica en el futuro”.
Las recientes afirmaciones del consejero de Política Territorial del Gobierno canario, Manuel Miranda, en el Parlamento canario, en las que ensalza «la gran labor» y la “fiabilidad suficientemente demostrada” del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) durante la última crisis volcánica de La Palma y en la prevención del riesgo, “producen sonrojo a muchos de sus afectados”, sostiene Tierra Bonita.

La asociación palmera recuerda al consejero que la práctica totalidad de los colectivos de afectados ya han dejado claro desde hace 4 años en reiteradas ocasiones su malestar por los graves fallos en la gestión de esta emergencia, al punto de rechazar cualquier premio o reconocimiento a políticos y técnicos.
“Por más que las Administraciones públicas repitan el mantra de que la emergencia del Tajogaite fue un éxito científico y de gestión política, la realidad es que fue todo lo contrario, es decir, un clamoroso fracaso”, enfatiza Tierra Bonita.

De ahí que esta asociación pida a Miranda, máximo responsable autonómico del área de Emergencias en esta legislatura, una “reflexión” sobre la “patente contradicción” entre lo que predica el Gobierno canario al defender máxima transparencia en materia de prevención del riesgo volcánico y lo que luego hace, “mantener secuestradas, ocultas, las actas y grabaciones” que contienen las deliberaciones en la gestión de la crisis volcánica de 2021.
“SE OCULTÓ LA MIGRACIÓN DEL MAGMA”
En esa emergencia, “no se informó a la población más cercana al volcán de que estaba en peligro, a pesar de que los científicos habían detectado que en las horas anteriores a la erupción el magma se había desplazado hacia el norte del Valle de Aridane, donde finalmente erupcionó el volcán”.

“Un cambio crucial en la evolución del riesgo que no fue comunicado a la población, ni siquiera en la última rueda de prensa de las autoridades dos horas antes del inicio del proceso eruptivo, ofrecida por el entonces presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata (premiado en este mandato con el puesto de consejero en el Gobierno canario)”, remarca Tierra Bonita.
Por si esto no fuera suficiente, “tampoco se evacuó a la población antes de la erupción pese a los claros indicios científicos de que era inminente, al que a posteriori reconocieron miembros de Involcan en prensa, pero sin atreverse nunca a cuestionar abiertamente el relato oficial del falso éxito de la gestión de esta emergencia”.
Para la asociación palmera, “está demostrado que los científicos conocían el desplazamiento del magma al norte desde horas antes de la erupción, y, por tanto, del potencial riesgo para los barrios que, como El Paraíso o la zona de Alcalá, finalmente fueron los primeros en ser destruidos”.
«LAS PRUEBAS DE QUE LO SABÍAN”
“Que esto es así”, relata Tierra Bonita, “lo respaldan incluso declaraciones públicas de miembros del propio comité científico, como la vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Carmen López, en conferencias públicas ofrecidas tiempo después de la catástrofe, como una en el Ateneo de Valencia, en la que afirmó que disponían de las coordenadas de la zona con mayor probabilidad de la erupción y tuvieron «éxito» en la predicción; pero, la población de esta zona nunca conoció esa información, se la dejó indefensa”.
Pero hay más. Según señala Tierra Bonita, el que fuera director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende (en la actualidad “premiado” con el cargo de director general en el Gobierno de Canarias y además con el título de Hijo Adoptivo de La Palma), reconoció también en una entrevista que le erupción se produjo a apenas 400 metros de donde pensaban que ocurriría.

Las evidencias científicas están también en un artículo del Instituto Geológico y Minero (IGME) en la revista del Consorcio de Compensación de Seguros, publicado justo tras la erupción, en 2021, y en el que se revela que esta institución avisó de que la erupción sería en 24 horas, y mencionó también que sería más al norte de lo previsto. Este artículo sería luego retirado “en extrañas circunstancias”, 14 meses después, cuando una asociación de afectados puso el foco en esta publicación.
No menos importantes son, para la asociación, unas recientes declaraciones radiofónicas del actual presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, entonces alcalde de El Paso, quien explicó que no le gustaban las cosas que estaba escuchando en las horas previas a la erupción y por esta razón envió a concejales a avisar a barrios que, oficialmente, no estaban señalados como zonas de riesgo.

En este sentido, Tierra Bonita apunta que “ a estos vecinos ni siquiera se les permitió asistir a la reunión informativa del día anterior en el campo de lucha de Las Manchas”.
“Relevante” en la crónica de los hechos de aquel 19 de septiembre de 2021 es que, en la rueda de prensa ofrecida al mediodía por el entonces presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata (hoy “premiado” con un puesto de consejero en el Gobierno canario), se anunció que se empezarían evacuaciones de personas con movilidad reducida (en torno a medio centenar), y en el listado de núcleos ya se incluyó a El Paraíso.
Para la asociación” este no es un detalle menor: significa que las autoridades ya sabían (por los científicos, como es lógico) que esa zona estaba en riesgo”, por lo que se pregunta “¿por qué no se dijo nada en esa rueda de prensa ni se avisó a toda la población de esos barrios que debía estar preparada por si tenían que desalojar sus casas?”.
INFORMACIÓN QUE HABRÍA AHORRADO SUFRIMIENTO
Este colectivo ciudadano observa que “si la población de esos barrios, como El Paraíso, hubiera al menos recibido la información preventiva, habrían podido salvar animales, objetos personales e incluso algunas otras pertenencias”. Pero los barrios que primero destruyó la lava no fueron convocados a reuniones informativas del PEVOLCA, a diferencia de otros núcleos más al sur. Los habitantes que se expusieron al mayor peligro, por tanto, tuvieron que salir huyendo de la erupción. “Y no hubo muertes en ese momento por la pura suerte dE la ruleta rusa de la naturaleza”, remacha la asociación.

A todo esto, expone Tierra Bonita, “se suma la negativa constante”, durante cuatro años, del Gobierno canario -el de la pasada legislatura, cuando era consejero del área de Emergencias Julio Pérez- y el de la actual- a facilitar a la ciudadanía las actas y grabaciones de los comités científico y de dirección del PEVOLCA.
“PROPAGANDA OFICIAL PARA CONTROLAR EL RELATO”
Por todas estas razones, este grupo de ciudadanos Palmero cuestiona los elogios a instituciones científicas por su labor en la erupción de 2021: “Sin rendir cuentas, sin transparencia, sobre lo ocurrido en La Palma ni el Gobierno canario ni Involcan tienen autoridad moral en materia de protección civil.
Porque, además, Miranda destacó que Involcan se encarga de “la estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico». “¿Tienen las instituciones políticas o científicas legitimidad para formar a la población en esta materia con tantas dudas no resueltas sobre lo que pasó en La Palma?”, se pregunta Tierra Bonita, que propugna que la sociedad “debe participar activamente en el diseño de la formación en emergencias, incorporando los aprendizajes reales de quienes vivieron la crisis volcánica de 2021 en primera persona”.
De manera concluyente, la asociación opina que “la transparencia y la rendición de cuentas deben ser la base, no la excepción, porque INFORMAR SIN RENDIR CUENTAS NO ES INFORMAR, ES CONTROLAR EL RELATO”.