EL EDITORIAL DE EL VALLE
Las afirmaciones del consejero de Política Territorial del Gobierno canario, Manuel Miranda, en el Parlamento canario, donde ha ensalzado «la gran labor» del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) durante la última crisis volcánica de La Palma producen sonrojo a muchos afectados por la erupción de 2021. Elogia el alto cargo gubernamental, sobre Involcan, su «fiabilidad suficientemente demostrada en la vigilancia y estudio” de esta crisis volcánica.
Afirmaciones como esta, sin más, son las que llevan enfadando desde hace más de 4 años a la práctica totalidad de las asociaciones de afectados por esta catástrofe, ya que, por más que las Administraciones públicas repitan el mantra de que la emergencia del Tajogaite fue un éxito científico y de gestión política, la realidad es que fue todo lo contrario, es decir, un clamoroso fracaso.
Por eso, ahora que el Gobierno regional vuelve a deshacerse en elogios hacia científicos (y en el caso de Involcan, el Ejecutivo le ha dado 446.668 euros en dos años y le ha prometido mantener igual asignación en el futuro), hay que recordar al consejero la profunda decepción existente entre buena parte de los afectados del Tajogaite con las instituciones científicas que, como Involcan, forman parte del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA).
Habrá que insistir una y otra vez sobre la verdadera crónica de lo que sucedió en la erupción del Tajogaite. En primer lugar, no se informó a la población más cercana al volcán de que estaba en peligro, a pesar de que los científicos habían detectado que en las horas anteriores a la erupción el magma se había desplazado hacia el norte del Valle de Aridane, donde finalmente erupcionó el volcán.
Un cambio crucial en la evolución del riesgo que no fue comunicado a la población, ni siquiera en la última rueda de prensa de las autoridades de la emergencia dos horas antes del inicio del proceso eruptivo.
Por si esto no fuera suficiente, tampoco se evacuó a la población antes de la erupción pese a los claros indicios científicos de que era inminente, al que a posteriori reconocieron miembros de Involcan en prensa, pero sin atreverse nunca a cuestionar abiertamente el relato oficial del falso éxito de la gestión de esta emergencia.
Pero si Involcan, como dice Miranda, fue tan «fiable» en la vigilancia de la crisis volcánica de La Palma, entonces serían los políticos los que tomaron las decisiones equivocadas y no hicieron caso al criterio científico. Y de ser así, ¿por qué ni Involcan ni IGN ni IGME ni las universidades públicas… se ponen el lado de la sociedad que exige transparencia?
Está demostrado que los científicos conocían este desplazamiento del magma, y, por tanto, del potencial riesgo para los barrios que finamente fueron los primeros en ser destruidos. Que esto es así lo respaldan incluso declaraciones públicas de miembros del propio comité científico, como la vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Carmen López, en conferencias públicas ofrecidas tiempo después de la catástrofe, como una en el Ateneo de Valencia, en la que afirmó que disponían de las coordenadas de la zona con mayor probabilidad de la erupción y tuvieron «éxito» en la predicción. Eso sí, la población de esta zona nunca conoció esa información, se la dejó indefensa.
Pero hay más: el que fuera director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende (en la actualidad premiado con el cargo de director general en el Gobierno de Canarias y además con el título de Hijo Adoptivo de La Palma), reconoció también en una entrevista que le erupción se produjo a apenas 400 metros de donde pensaban que ocurriría.
Si la población de esos barrios, como El Paraíso, hubieran al menos recibido la información preventiva, habrían podido salvar animales, objetos personales e incluso algunas otras pertenencias. Los barrios que primero destruyó la lava no fueron convocados a reuniones informativas del PEVOLCA, a diferencia de otros núcleos más al sur. Los habitantes que se expusieron al mayor peligro, por tanto, tuvieron que salir huyendo de la erupción. Y no hubo muertes en ese momento por la pura suerte de la ruleta rusa de la naturaleza.
Las evidencias científicas están también en un artículo del Instituto Geológico y MInero (IGME) en la revista del Consorcio de Compensación de Seguros, publicado justo tras la erupción, en 2021, y en el que se revela que esta institución avisó de que la erupción sería en 24 horas, y mencionó también que sería más al norte de lo previsto.
Este artículo sería luego retirado en extrañas circunstancias, 14 meses después, cuando una asociación de afectados puso el foco en esta publicación.
No menos importantes son unas recientes declaraciones radiofónicas del actual presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, entonces alcalde de El Paso, quien explicó que no le gustaban las cosas que estaba escuchando entre los miembros del PEVOLCA en las horas previas a la erupción y por esta razón envió a concejales a avisar a barrios que, oficialmente, no estaban señalados como zonas de riesgo, y a cuyos vecinos ni siquiera se les permitió asistir a la reunión informativa del día anterior en el campo de lucha de Las Manchas.
A todo esto se suma la negativa constante, durante cuatro años, del Gobierno canario -el de la pasada legislatura, cuando era consejero del área de Emergencias Julio Pérez- y el de la actual- a facilitar a la ciudadanía las actas y grabaciones de los comités científico y de dirección del PEVOLCA. Denegación que se halla recurrida en vía judicial por la Asociación Tierra Bonita.
En conclusión, está claro que científicos y autoridades tenían valiosa información horas antes del inicio de la catástrofe que la población no supo a tiempo. Por tanto, surge una pregunta inevitable:
¿Realmente Involcan, junto a las demás instituciones científicas del PEVOLCA, merece los elogios que ha recibido? Es una pregunta que, probablemente, solo podrá responderse si se hacen públicas las actas y grabaciones de las reuniones en las horas y días anteriores a la erupción.
Sin rendir cuentas, sin transparencia, sobre lo ocurrido en La Palma ni el Gobierno canario ni Involcan tienen autoridad moral en materia de protección civil. Porque, además, Miranda destacó que Involcan se encarga de la “la estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico».
¿Tienen las instituciones políticas o científicas legitimidad para formar a la población en esta materia con tantas dudas no resueltas sobre lo que pasó en La Palma?
La sociedad debe participar activamente en el diseño de la formación en emergencias, incorporando los aprendizajes reales de quienes vivieron la crisis en primera persona.
La transparencia y la rendición de cuentas deben ser la base, no la excepción. POrque informar sin rendir cuentas no es informar, es controlar el relato.
