ARTÍCULO DE OPINIÓN

FRANCISCO RODRÍGUEZ PULIDO, profesor de Física y Química jubilado y presidente de la Asociación Tierra Bonita

En un artículo anterior argumentaba porqué no debe declararse la zona roja del volcán como espacio natural protegido. Terminaba entonces con una propuesta: la declaración de Paisaje Cultural Catastrófico. Quiero exponer ahora en qué  la fundamento.

El Gobierno canario acaba de publicar el anteproyecto de Ley de Ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja. Y sabedor de sus intenciones, me lleno aún más de razones para rechazar esta propuesta y suscitar otro planteamiento, totalmente alejado de la perspectiva sectaria, sesgada y exclusiva de los valores geológicos.

El primer reproche que plantearía es cómo se puede dejar que solamente se tengan en cuenta los trabajos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del grupo Geomorfología, Paisaje y Sociedad en Territorios Volcánicos (GPS-VOLTER) de la Universidad de La Laguna.

Indudablemente, ya conocida la propuesta me veo en la obligación de profundizar aún más en la crítica y el rechazo a este anteproyecto de ley. Un asunto que trataré en otro artículo, para centrarme más en mi propuesta. Sin embargo, sí quiero exponer de forma resumida seis razones por las que considero que debe retirarse la propuesta de ley:

1. El Convenio Europeo del Paisaje debe ser una norma vinculante que el anteproyecto incumple al no integrar la percepción humana del territorio.
2. La figura jurídica es incorrecta, ya que las elegidas (Parque Natural, Reserva Natural) son desproporcionadas para un campo de coladas de cuatro años; debería haberse optado por un Plan Especial o un Paisaje Protegido, de naturaleza híbrida
3. Se justifica el anteproyecto por un “mandato” de la Ley 2/2024, de reconstrucción. Sin embargo, aquí se plantea una clara contradicción interna con esta ley, que al mismo tiempo promueve la recuperación y la congela.
4. Salvo las fajanas, la ley interviene en terrenos privados. Ignorar los derechos de sus propietarios es un grave error, ya que ven restringida permanentemente su propiedad sin indemnización ni participación real, que no se recoge en el anteproyecto de ly.
5. Como comenté, el sesgo geológico y mineralógico de los criterios científicos es abusivo, e ignora los valores culturales y humanos del territorio
6. La mayor incoherencia de la reconstrucción, que abre caminos a la carta y al mismo tiempo declara intocable el conjunto. En concreto, se protegen 309,8 hectáreas, una cuarta parte de las coladas del volcán.

El anteproyecto de ley incluso va más lejos, porque añade otras 283 hectáreas más que la ley identifica como zonas de recuperación condicionada por razones de consolidación estructural y enfriamiento de coladas, que quedan fuera de la protección permanente. Es decir, casi la mitad de las coladas son intocables.

Por todo ello, sigo reivindicando que el Gobierno canario debe adoptar otra figura jurídica. Y es la razón por la que suscito la declaración como Paisaje Cultural Catastrófico. Sé que esta figura no existe literalmente en el ordenamiento jurídico actual de Canarias, España ni la Unión Europea. Pero ello no significa que el concepto y el espíritu de la propuesta no pueda tener una cobertura legal. De hecho, las leyes actuales sí permiten que se haga posible. El problema no es de falta de leyes, sino de falta de audacia política y de una interpretación excesivamente rígida de científicos y juristas conservacionistas.

El principal argumento, que el anteproyecto ignora, es el Convenio Europeo del Paisaje (aprobado en Florencia en el año 2000 y ratificado por España en 2007), que obliga jurídicamente a las Administraciones públicas. En este convenio se define paisaje como «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos».

En La Palma, la Administración canaria mantiene su objetivo de proteger el volcán basándose solo en los «factores naturales» (geología). Pero el Convenio Europeo le exige por ley que integre cómo percibe ese territorio la población. Y me refiero, en primer lugar, a los legítimos propietarios de ese suelo, ahora un manto de coladas, cenizas y escorias. Pero también, en general, me refiero a toda la población del Valle de Aridane.

Si al Gobierno canario ignora a la población, a los propietarios de esas coladas, estaría cometiendo un grave error. La excusa que da de que habrá un tiempo de exposición pública  del anteproyecto de ley para la participación es una falacia. Dicen esto por obligación jurídica, no por convicción democrática. Y, desgraciadamente, los hechos demuestran que ya lo tienen todo decidido y pactado.

La población, los propietarios de esas coladas, deben tener un papel prioritario. Si para el palmero ese territorio es un espacio de duelo, de memoria y de futuro trabajo de recuperación agrícola y residencial, la Unión Europea ampara una figura de protección híbrida y cultural, no estrictamente natural. Después de vivir una catástrofe con una destrucción nunca antes vivida en Canarias, lo fundamental es proteger a las personas.

A nivel nacional, la legislación ya contempla que la naturaleza y el ser humano son inseparables en ciertos contextos, aunque no use la palabra «catástrofe». El Artículo 35 de ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define los paisajes protegidos como «partes del territorio que, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, sean merecedores de una protección especial».

La ley estatal incluye los valores culturales. Las coladas del Tajogaite tienen un valor cultural inmenso. La tragedia, la resiliencia, la identidad o la historia sepultada es perfectamente legal. Hay que enfatizar lo humano por encima de lo mineral.

La declaración de Espacio Cultural Catastrófico tiene base legal, incluso en el marco de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos. Esta ley permite crear Planes Territoriales Especiales. Y, sin embargo, ante la evidencia de haber sufrido algo inédito en la historia de Canarias, un volcán urbano en el siglo XXI, el Gobierno de Canarias no ha sido capaz de arbitrar ese plan especial para la ordenación de toda la reconstrucción.

El Gobierno de Canarias concibe la reconstrucción con criterios más bien liberales y de anarquía constructiva. Las leyes de reconstrucción residencial o agraria se han concebido para dejar toda la responsabilidad en las personas afectadas. Es la razón que ha dado para las subvenciones de compensación por el valor de lo perdido: “Les damos el dinero para que decidan si quieren reconstruir, fincas o viviendas, en las coladas”. Pero también hay límites, menos de diez metros de coladas. Y la reconstrucción de los viales no atiende a ningún criterio de interés social de recuperación. Más bien, se está haciendo una reconstrucción a la carta.

La urgencia de un plan especial debió ser el marco para zonificar las coladas con nuevos criterios, combinando la Ley del Suelo con la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, para proteger la memoria. Pero, en ningún caso, concebir proteger una parte de las coladas (una estimación del 25 %) para dejarlas intactas.

Por tanto, declarar la «zona roja» como un espacio intocable y ajeno al uso humano es una vulneración del Convenio Europeo del Paisaje, pues invisibiliza la dimensión cultural y la percepción ciudadana de la catástrofe. La Administración tiene el mandato legal de crear un instrumento, un plan especial, que regule este Paisaje Cultural Catastrófico, permitiendo la memoria, el luto y la lenta recuperación, a través de la sorriba.

El problema en La Palma no es un vacío legal, es un sesgo científico y burocrático que prefiere la comodidad de dejar intocables unas coladas antes que el reto de gestionar la convivencia de las personas con su nuevo ecosistema. Es imperativo moral devolver el uso a los habitantes allí donde la temperatura y la estabilidad del suelo lo permitan.

Defiendo que se recuperen vías, pero no con el criterio que se hacen. Se han abierto y asfaltado caminos, como el Aniceto, para atender intereses particulares. Se ha abierto nuevamente la carretera LP-211, del Hoyo de Todoque, pero aún siguen con la pretensión de hacer una vía de 15 metros de ancho.  La importancia de recuperar vías debe basarse en la idea de «coser» la herida territorial.

No cuestiono que hay zonas, cerca del cono o donde el espesor de la lava es significativo, donde pensar en la recuperación puede tardar aún muchos años. Pero, en cualquier caso, por ello no se puede hipotecar. Porque esas zonas no deben ser reservas naturales, sino Santuarios de Memoria. No se protegen «porque la piedra es bonita», se protegen «porque aquí vivió un pueblo». El relato cambia totalmente.

Realmente, ¿qué pretende la Administración con proteger el 25% de las coladas del Tajogaite?  Si el fin es la protección, los propietarios sin duda, tienen derecho a una indemnización. Pero, con mi argumento, defiendo que los propietarios sigan conservando la propiedad y el derecho a hacer uso de ella. Deben tener las puertas abiertas a edificar, si técnicamente es posible, a cultivar, o incluso, si se decide el uso turístico, tienen todo el derecho a que ese turismo sea controlado por la comunidad local.

En definitiva, el paisaje de coladas tiene que ser un paisaje de renacimiento gestionado por la gente, no por burócratas. Un paisaje donde no se hable de viscosidad, piroclastos, tubos volcánicos, sino de la historia de Aniceto, Alcalá, El Paraíso o Los Campitos. El paisaje debe contar la historia de la destrucción humana, no solo la creación geológica.

Hay que proteger a las personas. La protección debe ser antrópica: proteger el volcán como el agente que transformó nuestras vidas, permitiendo a la vez que la vida vuelva a crecer encima de él (literal y metafóricamente). No mirar el campo de coladas como una alfombra nueva y limpia, sino como un mapa rugoso donde, bajo cada metro de roca, sigue latiendo la identidad de palmeros y residentes que perdieron su hogar.

No puedo dejar de mencionar las fajanas o nuevos deltas lávicos. Automáticamente son dominio público marítimo-terrestre. Las intenciones del Gobierno canario también los incluye como espacio natural protegido. Aquí el enfoque es distinto, sin duda, porque básicamente la lava ganó espacio al mar, creando un nuevo perfil de la costa.

Sin embargo, manteniendo el ámbito de propiedad pública, debe ser un espacio para el interés público. No como ahora, que se niega el acceso a las nuevas calas y playas, Y, sin embargo, el Cabildo no tuvo inconveniente en saltarse la ley para abrir una vía e instalar una tubería de agua, con un gran impacto paisajístico.

Seguiré profundizando en este debate, exponiendo mis razones de rechazo al anteproyecto de ley del Gobierno canario, Y para enriquecerlo y dotarlo de sobriedad y criterio debemos huir del «ombliguismo» y observar y aprender cómo otras culturas han gestionado la cicatriz volcánica. Para ello, quiero recurrir a ejemplos reales de resiliencia adaptativa (transformar y convivir). Ejemplos que encontramos en nuestra propia historia, al recordar las intervenciones que se hicieron en las coladas del volcán de Arafo, Trevejos (Garachico) o Timanfaya, sin olvidar el volcán de San Juan o el Teneguía. Y también quiero exponer ejemplos de Sicilia, Hawaii, Islandia, Guatemala, Indonesia y Japón.