Un año después de que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) conocida como Ley de Volcanes iniciara su trámite en el Parlamento canario, «la inacción y la hipocresía» políticas «bloquean» el avance de esta propuesta nacida de la población afectada por la erupción de 2021 en La Palma. Así lo sostiene la Asociación Tierra Bonita, que advierte del «clima de frustración y desamparo entre los miles de afectados» y los casi 20.000 que, de todas las islas, firmaron esta iniciativa para garantizar los derechos de las personas damnificadas por erupciones, con mecanismos legales para ayudarles a rehacer sus vidas.
Para Tierra Bonita, esta erupción del volcán en Cumbre Vieja «puso de manifiesto la vulnerabilidad de la población canaria ante fenómenos naturales devastadores», por lo que fue la propia sociedad la que se decidió a impulsar un cambio en el marco normativo, y una comisión promotora recogió más apoyos de los requeridos para que la propuesta la aceptara tramitar el Parlamento canario.
Sin embargo, transcurrido este 12 de junio justo un año del pleno en que los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad debatir la ILP, su tramitación se encuentra «estancada».
Durante el debate de toma en consideración de esta iniciativa popular, los diputados de todos los partidos expresaron su compromiso con los afectados del volcán, «a quienes prometieron que sus voces serían escuchadas y que se establecerían mecanismos para evitar situaciones de desamparo en el futuro como las que han tenido que sufrir los damnificados en el Valle de Aridane».
«La situación actual de la ILP pone en duda la sinceridad de esos compromisos políticos y provoca una creciente decepción social», alerta la asociación palmera.
Tierra Bonita reconoce que la aprobación de esta ley requiere buscar consenso entre grupos políticos, pero lamenta que, «en lugar de unirse en torno a una causa común, la sensación que se vive es que la clase política, y fundamentalmente, los partidos que sostienen al Gobierno de Canarias priorizan consideraciones de poder y estrategias partidistas».
El retraso en la aprobación de la ley propuesta, añade este colectivo, «es un recordatorio de que la clase política a menudo actúa con lentitud frente a situaciones de emergencia; una inacción que contrasta con las necesidades urgentes de las comunidades afectadas, donde se continúa lidiando con las secuelas de la erupción en medio de una maraña burocrática que complica injustamente el acceso a las ayudas necesarias y su eficacia».
Por tanto, para Tierra Bonita resulta «un imperativo moral» que los grupos parlamentarios «pongan a un lado las diferencias y prioricen las necesidades de sus ciudadanos, ya que la. recuperación en La Palma no puede esperar más», y, por otra parte, podría sobrevenir una nueva catástrofe volcánica en Canarias sin que, tres años y medio después de la ocurrida en La Palma, se haya promulgado una ley en esta materia».
«Los representantes de la ciudadanía en el Parlamento canario deben demostrar que están a la altura del desafío y que son capaces de legislar en beneficio del bien común y al ritmo que lo demanda la sociedad, pues de lo contrario se deshumaniza la actividad legislativa por una incomprensible falta de sensibilidad política», reflexiona la asociación.
Con todo lo expresado, Tierra Bonita comparte públicamente la preocupación manifestada por la comisión promotora de esta ILP por la lentitud y la falta de consenso político en el Parlamento sobre este asunto. Y se une a su petición de que el Parlamento adopte «acciones concretas que pongan fin a esta incertidumbre». «Es tiempo de que la política canaria actúe con responsabilidad y humanidad», concluye la asociación.
