La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) conocida como Ley de Volcanes, que impulsaron afectados por la erupción de 2021 en La Palma y obtuvo el apoyo de casi 20.000 firmantes de toda Canarias, expresa su preocupación por la lentitud y falta de consenso con la que se debate esta propuesta en el Parlamento canario, cuando se cumple un año de que se aprobara el inicio de su tramitación.
Este grupo de ciudadanos, que recorrió todas las islas en busca de apoyos, recuerda que en septiembre de 2023 registró las firmas en el Parlamento regional pero que no fue hasta el 12 de junio del año siguiente cuando la Cámara legislativa aprobó por unanimidad el inicio de la tramitación de esta normativa cuyo propósito es garantizar el derecho de las personas damnificadas por catástrofes volcánicas a una recuperación digna y justa en un tiempo razonable.
En ese pleno parlamentario la ley comenzó su viaje parlamentario con «entusiasmado» respaldo de todos los grupos y partidos (PSOE, CC, PP, NC-BC, Vox, ASG y AHI), que se solidarizaron con la población afectada por el volcán Tajogaite, el peor desastre natural del último siglo en Europa en cuanto a pérdidas materiales.
Sin embargo, subraya la comisión promotora, «el texto propuesto desde la ciudadanía se ha empantanado en la batalla partidista y la falta de voluntad política para agilizar su trámite parlamentario y propiciar su aprobación en un tiempo razonable».
Máxime si se tiene en cuenta que el documento sometido a debate ya recoge los cambios exigidos por el Consejo Consultivo de Canarias, que era el primer escollo que había que salvar.
El grupo promotor de la Ley de Volcanes también reivindica que tenga efectos retroactivos en aquellas disposiciones que puedan ser más favorables que los vigentes decretos-leyes convalidados por el Parlamento canario, que son los que regulan la recuperación residencial y agraria.
«No sería entendible que una ley promovida desde la población afectada por la erupción del Tajogaite no se beneficie de esta futura normativa», afirma la comisión promotora.
Además, los ciudadanos que han propiciado que esta iniciativa legislativa llegue al Parlamento, consideran que demorar la promulgación de esta norma supondría «un acto de irresponsabilidad política en unas islas que en cualquier momento pueden volver a sufrir una catástrofe similar, sin disponer de un marco jurídico adaptado a este tipo de desastres naturales».
«La inadecuación de las leyes a las necesidades de los afectados se convirtió en un segundo volcán para la población golpeada por el Tajogaite, lo que aumentó el ya de por sí su enorme sufrimiento psicológico», enfatizan los promotores de la ILP.
La propia comisión de estudio creada en el Parlamento canario sobre la catástrofe palmera, incluye, entre sus recomendaciones, la necesidad de esa nueva legislación que garantice derechos y haga más eficaz el proceso de recuperación socioeconómica tras un fenómeno volcánico devastador. Y por ello la ciudadanía fue la que tomó la iniciativa legislativa.
En consecuencia, la comisión promotora de la ILP hace un llamamiento a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios para que se agilice la tramitación de la Ley de Volcanes con altura de miras, consenso político y voluntad de llenar el peligroso vacío jurídico que tiene nuestra Comunidad Autónoma con respecto a los derechos de quienes puedan sufrir los devastadores efectos de las erupciones volcánicas en zonas habitadas, un riesgo natural para el que debemos prepararnos y aprender las enseñanzas que nos deja la erupción en Cumbre Vieja.
