La población afectada por la erupción de 2021 no solo ha tenido que luchar contra el volcán, sino también contra la burocracia y leyes ineficaces para esta emergencia. Es el caso de Patricia Suárez, residente en El Paso, que desde hace dos años se afana, incansable, por que se le reconozca a su padre, pequeño agricultor, el derecho a seguir percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad como autónomo hasta que la platanera que resembró diera fruto, recuperara las fincas agrarias sepultadas por el volcán y pudiera obtener ingresos económicos.
Esta joven palmera, graduada social, batalla desde 2023 en solitario y contra viento y marea por que el Gobierno estatal que preside Pedro Sánchez cambie el real decreto que regula estas prestaciones y comprenda que una cosa es sembrar y otra recoger y, sobre todo, vender la cosecha, lo que en el plátano puede tardar más de un año, periodo en el que el agricultor no se percibe ni un euro.
Batallas ganadas, pero aún sin la prestación económica
Patricia no ha ganado la guerra, pero sí varias batallas: una sentencia judicial le da la razón en primera instancia, como también el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados. Incluso la propia Secretaría General de la Seguridad Social recientemente ha visto justo valorar su petición.
Pero mientras, el Consejo de Ministros no toma la decisión, prolongando la agonía económica de este hogar de pequeños agricultores.
Sentencia judicial favorable
En septiembre de 2024, una sentencia dictada por una jueza del Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife le da la razón a su padre, estimando la demanda presentada contra una mutua, que le denegó la continuidad de la prestación económica mensual, pese a que este productor de plátano en realidad solo había sembrado de nuevo la platanera.
Pero además apenas dispone del 25% del terreno original, ya que el 75% sigue sin poderla reconstruir y yace bajo la endemoniada lava del Tajogaite.
La resolución judicial, que aún no es firme, reconoce el derecho de este agricultor a percibir esta ayuda extraordinaria por cese de actividad (prevista en Real Decreto-ley para prorrogar las medidas extraordinarias de Seguridad Social) con efectos económicos desde el 1 de julio de 2023, a razón del 70% de la base mínima de cotización por su actividad, hasta que obtenga una cosecha que le reporte ingresos.
Apoyo del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también respalda a esta familia en su queja, y tal es así que en abril de 2025 emitió una recomendación a la Secretaría General del Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
Esta institución pide que «en el más breve tiempo posible» se modifique la normativa vigente y ampare también a los agricultores que estén en la situación denunciada no solo por la erupción del Tajogaite, sino por cualquier otra catástrofe natural, es decir, que se les mantenga la ayuda económica mientras no recuperen el 100% de su actividad.
Y también respaldo del Congreso de los Diputados
La última novedad importante para Patricia y su familia ha venido del Congreso de los Diputados. Su Comisión de Trabajo ha aprobado esta semana por unanimidad una proposición no de ley presentada por la diputada de CC Cristina Valido en la que se insta al Gobierno estatal a que “haga extensible la prestación mientras el agricultor que se ha visto afectado por daños causados por la erupción haya sembrado de nuevo y esté esperando sus primeras cosechas”.
“Es necesario que la Seguridad Social entienda que cuando un agricultor cesa su actividad y pasado el tiempo tiene la posibilidad de volver a sembrar, no se le puede negar la prestación por cese de actividad porque se entienda que se ha vuelto a ella”, explica Cristina Valido en un comunicado, “pero las nuevas plantas necesitan tiempo para crecer y dar el fruto del que viven estos agricultores”.
Informe de la Seguridad Social para el Defensor del Pueblo
Las Seguridad Social respondió por escrito a Patricia en 2023 con la sequedad propia de la burocracia, comunicándole que la normativa vigente no recoge el supuesto que esta palmera reclama, «sin perjuicio de las posibilidades que pudieran derivarse oportunamente de futuros cambios» en ese marco legal.
Pero en un informe remitido al Defensor del Pueblo, a raíz de la queja de esta familia, la propia Seguridad Social viene a reconocer también la justicia de esta reclamación:
«La situación planteada», expone el escrito de dicha Secretaría General del Estado, «responde a una situación de necesidad que justifica la acción protectora del sistema de Seguridad Social, y que la mejor solución sería que el real decreto que eventualmente pudiera prorrogar dicha prestación para estos autónomos incluyera una excepción, mediante un nuevo apartado en el artículo correspondiente, indicando que, en relación con los trabajadores autónomos dedicados a la agricultura, el reinicio de la actividad durante 2025 no será obstáculo para el reconocimiento de la prestación y su mantenimiento en tanto no se haya obtenido la nueva cosecha y los rendimientos derivados de ella.»
No obstante, la Seguridad Social responde a Gabilondo que aún «se está considerando estudiar la viabilidad de incluir una medida de similar alcance en una próxima norma con rango de ley.»
Es decir, que la Justicia en primera instancia, el Defensor del Pueblo y el propio Ministerio de la Seguridad Social admiten que se trata de una causa justa, pero la realidad es que esta familia ha tenido que sobrevivir sin prestación económica desde que comenzara este calvario, apretándose el cinturón una y otra vez.
El sufrimiento que trajo el Tajogaite
Tal como ya relató este diario en su día, la erupción del Tajogaite supuso una tortura para Patricia y su familia. Fue el 27 de septiembre, 8 días después de que explotara el volcán, cuando supieron que su finca agraria de Todoque ya estaba bajo la lava, y no podían ir a la que sí salvó, en Tazacorte.
Hasta fines de febrero de 2022, es decir en torno dos meses y medio después de acabada la erupción, no pudieron acceder hasta esta platanera, pero el agua de riego no se restableció hasta octubre de 2022, por lo que la plantación se había sequedado y era necesario replantarla, para lo cual hasta 2023 no contaron con subvenciones.
La siembra se realizó a mediados de ese año en una pequeña finca que representa apenas el 25% del terreno que antes cultivaban. Y este hecho hizo que la mutua le denegara la prestación y este agricultor tuviera que abonar además los gastos de la cuota de autónomo, máxime con los precios de miseria durante muchos meses seguidos han tenido que sufrir los productores de plátano.
Y el Consejo de Ministros, insensible con esta familia
Por tanto, el asunto sigue pendiente de una decisión del Consejo de Ministros. Para ello, Patricia ha tocado una y mil puertas. Se ha reunido (en 2023 y este mismo año) con el comisionado del Estado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo.
Y antes, con un listado de instituciones y personas tan prolija que causa vergüenza ajena que aún no hayan logrado resolver este problema, o, cuanto menos, influir en quien debe cambiar el decreto, el Gobierno estatal que preside Pedro Sánchez.
Un periplo por numerosos organismos públicos
Y, en efecto, ha tocado las puertas del referido comisionado, Ministerio de Seguridad Social, Delegación del Gobierno en Canarias; varias consejerías del Gobierno canario (Presidencia, Agricultura y Economía; Viceconsejería de Reconstrucción de La Palma, direcciones generales de Agricultura y Autónomos), Cabildo palmero y Ayuntamientos de El Paso (donde reside esta familia), Los Llanos y Tazacorte (donde se encuentran están las fincas agrícolas). Y por ahora sin respuesta efectiva.
Sí se ha sentido escuchada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Federación de Empresarios de La Palma, y, especialmente, por la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción (APAR), la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Comisiones Obreras.
«¿Por qué tocar veinte mil puertas para resolver un problema tan obvio?»
Patricia lamenta que otras asociaciones de productores del plátano no hayan mostrado interés en este problema. Y protesta en declaraciones a EL VALLE por todo el calvario al que la están sometiendo: «¿Porqué me han obligado a tocar yo veinte mil puertas e ir a la Justicia para una cosa que es tan justa y evidente a simple vista?».
Pero esta hija de agricultores mantiene su coraje por lograr el objetivo que se trazó, aunque es cierto que por momentos se ha sentido sola ante esa especie de monstruo insensible de la maquinaria político administrativa del Estado.
Confía en que, si finalmente se modifica el real decreto, la nueva redacción recoja de forma adecuada el caso de su padre y tenga efectos retroactivos.
Patricia pide que si alguien quiere mostrarle su apoyo o tiene el mismo problema que su familia, puede ponerse en contacto a través del teléfono 617 83 53 47.
«Un ejemplo de burocracia contra afectados del volcán»
«Este es un claro ejemplo de darle más importancia a la burocracia que a apoyar a los afectados del volcán: mi padre ha tenido derecho a percibir esta prestación extraordinaria por justificar su suspensión de actividad como consecuencia de la erupción; pero la Seguridad Social nos rechazó la prestación por haber resembrado una pequeña parte», critica Patricia.
«Sin embargo», añade, «si solicita la prestación por cese de actividad por reducción de ingresos, la burocracia hace que también nos la denieguen, porque desde junio de 2022, solo se la dan, se las prorrogan, a quienes ya la vienen percibiendo».
Sin ayudas aún por pérdida de renta y para reconstruir las plataneras
Por si todo lo que ha sufrido esta familia de agricultores no fuera poco, hay que añadir a su agonía el retraso que sufre el abono de las ayudas anuales por pérdida de renta. En el momento de publicarse esta noticia, 22 de mayo de 2025, aún no se han pagado las ayudas correspondientes a 2024 ni hay información oficial al respeto.
Pero es más, tampoco se han abonado las prometidas indemnizaciones para poder reconstruir las fincas e infraestructuras agrarias afectadas por la erupción.
«Se están pagando las de las primeras viviendas, pero no las ayudas para los agricultores, cuando ambas son básicas para nuestra supervivencia», lamenta esta joven palmera.
