ASOCIACIÓN TIERRA BONITA
ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCÁN CUMBRE VIEJA
INICIATIVA CIUDADANA DE APOYO A LOS AFECTADOS DEL VOLCÁN
Queridos Reyes de España:
En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento por las visitas que han realizado a nuestra isla. Su presencia siempre ha traído esperanza y aliento a los palmeros, y es por ello por lo que esta, del 6 de junio de 2025, nos llena de expectativas y reflexiones profundas.
Sin embargo, debemos comunicarles que la situación en La Palma desde su último viaje no ha cambiado hasta el punto de que seamos optimistas sobre la recuperación socioeconómica que necesitamos.
Hemos decidido remitirles esta carta y hacerla pública tras conocer que, en su corta estancia en la isla, no está previsto que las asociaciones de damnificados y vecinales de la zona afectada podamos compartir con ustedes nuestras inquietudes sobre la situación actual de la reconstrucción, para la cual, sin duda, necesitamos el apoyo continuado de las instituciones del Estado, al cual ustedes representan.
Como les decíamos, la reconstrucción tras la erupción del volcán Tajogaite ha transcurrido de manera caótica. La falta de una dirección clara y de un horizonte definido ha convertido este proceso en un calvario para muchas de las personas afectadas y damnificadas. Los esfuerzos por reconstruir nuestros hogares y nuestras vidas han estado sustentados en proyectos y convenios que, a la luz de los resultados, parecen claramente insuficientes. Las Administraciones públicas locales, incluido el Cabildo, se han visto superadas por la magnitud del desafío que enfrentamos.
Majestades: sepan que en ningún momento se ha escuchado una crítica constructiva hacia la gestión de esta crisis. Desde el minuto menos uno, cuando no nos avisaron de la erupción con antelación para poder poner a salvo enseres, objetos personales y animales, además de evitar la exposición a un peligro mortal. Aquella fatídica tarde del 19 de septiembre de 2021, la población afectada tuvo que huir del volcán cuando este ya había erupcionado, pues no se produjo una evacuación oficial preventiva, en lo que constituye un gravísimo fracaso de la gestión de esta emergencia.
Las autoridades de entonces, y las de ahora, nos siguen negando las actas y grabaciones de las reuniones de los órganos científico y de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) en los días y horas anteriores a la erupción. Por tanto, se le priva a la población afectada de una documentación crucial para conocer las deliberaciones que condujeron a la decisión de no evacuar a los habitantes en riesgo antes del inicio del proceso eruptivo, a pesar de que numerosos científicos —según declararon ellos mismos en intervenciones públicas tras la catástrofe— habían advertido de que la erupción era “inminente”, circunstancia que, en aplicación del protocolo, exigía elevar el nivel de alerta y desalojar a la población. Vivimos un duelo social, y ante ese dolor y las pérdidas, necesitamos saber la verdad.
Científicos y políticos han tejido un tupido velo de opacidad sobre esta cuestión, en la que la falta de transparencia solo ha hecho aumentar las suspicacias de los damnificados, con la gravedad de que si se ocultan los errores y las responsabilidades en esta ocasión, no se podrá aprender para que en el futuro no se repitan con otras personas en las más que posibles erupciones que seguirá sufriendo Canarias.
Tengan en cuenta, Majestades, que a la población de la zona más afectada por el volcán, como El Paraíso, se le llegó a decir que no tenía peligro, y sin embargo la lava acabó con todas sus propiedades y a punto estuvo de acabar con sus vidas, si no es por la suerte de que el magma llegó a la superficie a pocos cientos de metros de las casas, pero lo suficientemente lejos para que pudiéramos escapar.
Se ha marginado en las ayudas económicas a los afectados a quienes la lava sepultó sus negocios, fincas agrarias, explotaciones ganaderas o viviendas vacacionales. Además, se comete un agravio con zonas de las coladas ahora protegidas, cuyos propietarios están en desigualdad de derechos con respecto a las zonas habilitadas a la hora de reconstruir sus viviendas tal como estaban antes del volcán. Igualmente, se agravia a los propietarios de las viviendas modernas cuyas hipotecas tienen un valor muy superior al compensado. Y se comete un agravio también en las compensaciones por enseres, ya que a quienes lo perdieron todo por no poder salvar nada al vivir muy cerca de la zona en que erupcionó el volcán se les ha pagado lo mismo que a quienes, por vivir más lejos, pudieron salvar más enseres.
Con la llegada de nuevos gobernantes tras las elecciones de 2023 se ignoraron los acuerdos alcanzados con los afectados durante las reuniones del pasado mandato sobre la planificación del territorio, lo que ha dejado el suelo, a día de hoy, a merced de la especulación.
La reconstrucción está siendo un proceso sin un rumbo claro hacia dónde avanzar y, lo más preocupante, tampoco existe un fondo económico que garantice la ejecución de proyectos, que requieren de una planificación necesaria para atender las prioridades, que como personas necesitamos para rehacer nuestra vida.
Aunque se dieron ayudas de un máximo de hasta 60.000 euros, y otras, por ejemplo, los 30.000 euros de enseres, las cuales tardaron un año en llegar, esta asistencia ha sido dolorosamente insuficiente. Las donaciones y otras ayudas en menor cantidad también han llegado de manera irregular. Mientras tanto, se han otorgado recientes subvenciones, llamadas compensaciones, que prácticamente pagan a todos por igual (1.504 euros por cada metro cuadrado sobre la vivienda construida). Este sistema está lleno de opacidad y confusión, lo que ha llevado a que muchas personas que perdieron su primera y única vivienda todavía no hayan recibido las cantidades prometidas, mientras que otras, que no responden a esta circunstancia, han obtenido esos fondos.
La realidad es que muchos afectados siguen viviendo en alquiler, otros aún siguen en viviendas modulares o provisionales. Algunos han podido resolver su situación gracias a un decreto que facilita la construcción de viviendas en suelo rústico, pero este requiere una inversión significativa que no todos han podido afrontar. La desesperanza se ha acentuado con aquellos que han decidido abandonar la isla, y muchos otros continúan viviendo en circunstancias muy precarias. Para muchos, su estilo de vida, su trabajo y su medio de subsistencia han sido gravemente alterados. Es un sufrimiento que nuestras Administraciones públicas aún no parecen ser capaces de asumir. La gestión de la reconstrucción ha sido, sin lugar a duda, insatisfactoria.
La situación está siendo muy difícil para los agricultores afectados, pues, como sabrán sus Majestades, el sector agrario es más importante en La Palma que en otras islas y constituye un motor económico fundamental. La segunda ayuda por pérdida de renta aún no la han recibido los plataneros, ni se han cobrado compensaciones con las que reconstruir las fincas plataneras sepultadas por la lava.
Si bien es cierto que la carretera que une La Laguna con Las Norias se ejecutó rápidamente, aún no ha sido oficialmente recibida, ni han pagado a las personas expropiadas. Dos carreteras nos han resuelto el problema de volver a unir el norte con el sur del Valle de Aridane. La carretera de la costa no se terminó. La carretera hacia Las Norias era de vital importancia, pero presenta serias deficiencias: trazado inexplicable, rotondas que resultan inútiles y tramos ocupados que exhiben un paisaje de cal y machaqueo de áridos, que solo favorecen a intereses especulativos que desconocemos. Se extraen toneladas de roca y ceniza de la isla sin que se haga evidente quién se beneficia de tales acciones. No podemos dejar de mencionar la obra pública de la tubería por la fajana, o delta lávico que creó esta erupción, actuación ilegal en zona de dominio público marítimo terrestre por la que el Ministerio de Transición Ecológica ha multado al Cabildo de La Palma con 2,1 millones de euros, al ejecutarse sin autorización del Servicio Provincial de Costas, una sanción que ahora debemos pagar todos los ciudadanos de la isla, damnificados por el volcán incluidos.
Los ayuntamientos y el Cabildo, mediante convenios con el Estado, están abriendo caminos, pero de una manera que claramente demuestra que carecen de la capacidad económica y técnica para afrontar la complejidad de esta reconstrucción. Esta situación es grave, porque no hay un horizonte claro hacia el que se quiera dirigir la isla. La legislación vigente permite que algunos construyan sus viviendas, pero algunos no pueden hacerlo de manera adecuada, comprometiendo aún más el futuro de nuestras tierras.
Y después de todo lo que hemos vivido, a día de hoy sigue sin aplicarse un plan desde las Administraciones para que la población asegure sus viviendas en las zonas más vulnerables. Tampoco se garantizan los derechos adquiridos antes de la erupción, como las licencias de negocios o fincas agrarias, procurando que quienes desistan de esos derechos puedan ejercerlos otros afectados.
Las personas afectadas nos sentimos muy ignoradas. No hay foros de participación ciudadana y, de facto, se han cancelado el Consejo Sectorial y el Consorcio de la Reconstrucción prometidos por las Administraciones públicas para este fin.
Por todo esto, Majestades, les pedimos que se lleven de La Palma una reflexión clara y sincera: no se están haciendo las cosas bien. Las Administraciones han evadido la autocrítica que tanto necesitamos. Deben asumir la responsabilidad de sus acciones y ser conscientes del dolor humano que ha emergido de esta crisis. Tras la ceniza y la destrucción hay vidas y esperanzas que merecen atención y reparación. Las Administraciones públicas han cancelado a las personas afectadas. Nos han puesto un candado. Desde su aprobación, hace dos años, no se convoca el Consejo Sectorial de Participación de las personas afectadas.
La erupción volcánica del Tajogaite ha sido y es una catástrofe humanitaria. Históricamente es la tercera erupción cuyas coladas han causado mayor impacto en edificaciones, por encima del Kilauea o el Etna, incluso. Su impacto en las vidas no es comparable a la DANA en Valencia, y quizás eso nos haga más invisibles. Sin embargo, en estos tres años largos son muchas las personas que se han quedado en el camino. Por suicidios, una salud mental llevada al límite, ictus, tumores, ansiedades infinitas… Los mayores han sido los más afectados.
Su visita puede convertirse en una gran oportunidad para amplificar estas voces que claman por atención y un cambio real. La historia de La Palma no puede quedar atrapada en el silencio administrativo, y es esencial que se traduzca en acciones concretas que devuelvan la dignidad a los afectados. Esperamos que, como Reyes de España, puedan ser intermediarios en la búsqueda de una reconstrucción digna y efectiva, donde la salud y el bienestar de los ciudadanos del Valle de Aridane sean siempre la prioridad.
Les agradecemos de antemano su atención y deseamos que su visita a La Palma sea un paso crucial hacia un futuro más esperanzador y justo para todos.
Con respeto y esperanza».
