La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) ha remitido una carta al Gobierno del Estado y al Gobierno de Canarias en la que reclama «información clara, detallada y actualizada» sobre el estado de las transferencias de fondos para la reconstrucción agraria del Valle de Aridane y las cuantías ya ejecutadas.
ASEPALMA toma esta iniciativa porque la recuperación del campo palmero afectado por la catástrofe volcánica de 2021 «sigue sin avances significativos y los agricultores afectados continúan esperando con creciente incertidumbre».
Por ello, solicita a ambas Administraciones públicas información actualizada que detalle el grado de ejecución del económico anunciado (100 millones del Estado y 50 millones del compromiso Gobierno de Canarias) para cada una de las anualidades, 2023-2024-2025 y 2026.
También demanda datos sobre las cantidades efectivamente transferidas para esta finalidad y las fechas previstas para completar la transferencia total de los recursos comprometidos.
E igualmente requiere información sobre cuántos afectados y cuánta superficie supone del total previsto las cantidades ya distribuidas a los afectados por la indemnización por el valor de lo perdido de 44,06 €/m2.
Las promesas de Pedro Sánchez
Esta asociación agraria recuerda que este sector fue «duramente golpeado por la erupción volcánica» en 2021y , como es sabido, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó en reiteradas ocasiones La Palma durante y después de la emergencia, ocasiones en las que se comprometió públicamente a «destinar los recursos necesarios sin
escatimar esfuerzos para garantizar la reconstrucción».
Esos compromisos, enumera ASEPALMA, incluían ayudas directas a las personas damnificadas, entre ellas agricultores que perdieron fincas, cultivos, infraestructuras y, con ello, su forma de vida.
«Tanto el anterior como el actual Gobierno de Canarias reafirmaron esa voluntad, reconociendo la magnitud del desastre y la necesidad de una respuesta extraordinaria y sostenida en el tiempo», evoca esta asociación, que subraya que, «fruto de ese entendimiento, se anunció un acuerdo conjunto que establecía una transferencia anual de 100 millones de euros por parte del Estado y 50 millones por parte del Gobierno de Canarias».
Sin embargo, el sector agrícola considera que ha transcurrido un tiempo «más que razonable» desde aquellas declaraciones públicas, y a día de hoy los agricultores afectados no cuentan con información clara sobre el estado real de dichas transferencias económicas ni sobre los plazos previstos para completar los compromisos pendientes.
