«Canarias necesita un ‘pacto de Estado’ que proteja su economía de catástrofes volcánicas; la Ley de Volcanes no basta»

 

Canarias se ha dotado de una la Ley de Volcanes, que pretende garantizar los derechos de los afectados. Usted ha planteado que algunas disposiciones de esa ley son poco realistas o muy difíciles de aplicar si una catástrofe como la del Tajogaite afectara a una zona muy habitada en Tenerife…

«Antes de nada hay que contextualizar. Yo no soy jurista para analizar la parte legal de cada uno de sus apartados, pero sí he vivido una catástrofe en primera persona, me he documentado y conozco las carencias que se produjeron. No teníamos una experiencia como la de La Palma que comenzó aquel 19 de septiembre de 2021, con una erupción que afectara de lleno a una zona urbana de esas características. Habíamos tenido otras erupciones, pero las islas no estaban tan habitadas y las consecuencias no fueron las mismas.

Esta ley nace del corazón de los afectados en el Valle de Aridane y desde ese punto de vista tiene un valor especial. Surge de la necesidad de dar una solución a la problemática que había ocurrido en La Palma.

Pero, cuando la analizo pensando en Tenerife y en el conjunto de Canarias, considero que necesita modificaciones e incorporar los aprendizajes de La Palma para trasladarlos a islas más densamente pobladas.

Hay dos asuntos especialmente importantes. Uno es el suelo. Hemos podido comprobar en La Palma cómo los volcanes, a diferencia de otras catástrofes, no solo lo inutilizan, sino que lo cambian por completo. Después de una inundación, un incendio o un terremoto, el suelo sigue estando ahí. Con un volcán, ese suelo puede quedar sepultado y perder su uso.

Y ahí aparece una problemática que no está resuelta en la compensación de los seguros. Según lo que he examinado de la ley, se plantea compensar el suelo afectado con otro de características similares y, si eso no es posible, indemnizarlo. Pero ¿nos sobra suelo en Canarias para hacer esos cambios? Y, si no lo hay, ¿tiene dinero el Gobierno de Canarias para asumir lo que supondría una catástrofe  de este tipo en Adeje, Arona, Santiago del Teide o Puerto de la Cruz? Estamos hablando de miles de millones de euros. Podemos estar creando una ley que no dé una solución real y que, si no se piensa bien, deje abierta la posibilidad de un colapso económico».

¿Por qué considera que, en un caso como el que plantea, ofrecer a empresas damnificadas por una erupción un nuevo terreno donde volver a instalarse, no resuelve determinados casos?

«Pongamos que una erupción afecta a grandes parques temáticos, industrias que generan riqueza y puestos de trabajo. Esas empresas no se pueden reconstruir cambiando de sitio sin más, suponiendo que haya terreno.  Funciona donde funciona por un estudio de mercado, por la climatología, por los hoteles que tiene alrededor y por todo lo que está vinculado a esa ubicación donde se inauguró.

Y, si la alternativa es indemnizar por el valor de lo perdido, ¿cómo se valora y cómo se paga? En La Palma llevamos cinco años y, aunque prácticamente ya ha llegado casi todo el dinero de las indemnizaciones de las viviendas que eran residencia habitual, han pasado cinco años. No puedes dejar una economía pendiente de cómo se van a conseguir miles y miles de millones de euros de indemnizaciones públicas».

¿Y cómo resolvemos ese problema de la inviabilidad de aplicar la Ley de Volcanes en lo referente a indemnizar por el valor de lo perdido si ocurriera en zonas que fueran grandes polos económicos, como en Tenerife?

«Creo que hace falta una especie de pacto de Estado. Todos los grupos políticos tienen que entender que esto no afecta a un partido o a otro. La naturaleza no entiende de colores. Hay que ir a Madrid y plantear que somos unas islas volcánicas y que necesitamos estudiar una protección específica ante estas catástrofes.

Se dice que no se puede hablar de volcanes porque los turistas se asustan y dejan de venir. Estoy completamente en desacuerdo. También existe el turismo volcánico.

Lo que me preocupa es la industria que invierte aquí. Si una multinacional va a invertir 300, 400 o 500 millones de euros y necesita treinta, cuarenta o cincuenta años para amortizarlos, tiene que saber qué pasaría si una erupción destruye su actividad. Si el seguro solo paga la construcción y no el suelo, puede decidir no invertir. Y esa inversión es la que permite que después vengan los turistas.

Por eso este asunto de las compensaciones económicas debe ser garantizado a nivel estatal e incluso europeo, porque las arcas del Gobierno de Canarias no va a poder asumir una situación así en islas como Tenerife».

 ¿Plantea, por tanto, que este asunto se debata en el Congreso de los Diputados?

«Claro. En lo que afecta al Consorcio de Compensación de Seguros, la solución hay que plantearla en Madrid. Todos los partidos deberían trabajar juntos para buscarla.

Aunque la actividad sismovolcánica en Tenerife se relajara, el momento de trabajar es ahora en que la naturaleza nos da un tiempo precioso para resolver estas cosas. La próxima erupción puede llegar  en unos meses, en un año, en 2030, en 2050 o en 2080. No sabemos, pero llegará. ¿Por qué no aplicamos el conocimiento que ya nos ha dado La Palma?»

Tenemos que estudiar las consecuencias de catástrofes que son posibles en Canarias para ver cómo mitigarlas. Una posibilidad que planteo es buscar un sistema de compensación que facilite a las empresas volver a invertir aquí. No simplemente entregar una indemnización para que la actividad se traslade a otro lugar, sino ayudar a reconstruir la economía de las islas.

¿Se podría aprovechar una negociación política estatal como las que podrían producirse próximamente para exigir esas medidas?

«Por eso hablo de un pacto de volcanes. Deben poner un grano de arena todas las fuerzas políticas. Porque todos tenemos que protegernos frente a una situación que podría arruinarnos».

¿Hay algún otro aspecto de la Ley de Volcanes que le parezca problemático?

«Según mi interpretación, aunque hay apartados que hablan de potenciar los seguros, se contempla que el Gobierno asuma el coste o la compensación tanto si tienes seguro como si no, y tanto si tienes la casa regularizada como si no. Eso me lleva a preguntarme qué incentivo tiene una persona para asegurar su vivienda.

En La Palma había que dar una respuesta a la situación que se produjo y para eso la Ley de Volcanes ha sido buena. Pero, cara al futuro, parece necesario repensar si es justo que reciba el mismo tratamiento quien tiene su casa completamente regularizada y lleva veinticinco años pagando un seguro que quien no ha hecho nada de eso.

También hay que resolver los aspectos urbanísticos: hay obras ilegales pero también  situaciones en que es la Administración la que no ha resuelto su regularización por la lentitud en tramitar planes de ordenación pendientes. En otros casos, se trata de edificaciones que eran legales cuando se construyeron y que, con el planeamiento posterior, quedan en fuera de ordenación. Y si desaparecen con un volcán, puede que no se permita reconstruir lo mismo. Todo eso hay que analizarlo.

El volcán destapó la forma en que vivíamos; no se la inventó. Ahora tenemos que aprender de ello y buscar soluciones».

Hay decisiones que dependen de cambiar las leyes, pero también cosas que podemos hacer los ciudadanos. ¿La población sabe cómo prepararse?

«Creo que la población sigue sin tener información suficiente y se asusta cada vez que se habla de enjambres sísmicos. Además, se puede estar provocando el efecto contrario: el cuento del lobo. Las noticias empiezan diciendo que hay sismos, pero que no son suficientes para considerarlos precursores de una erupción. La gente recibe información, pero no sabe qué hacer con ella.

Quien está comunicando es la ciencia, y la ciencia tiene sus competencias. No podemos pedirle que resuelva todo lo demás. ¿Se ha planteado un científico cómo se sacaría una orca de Loro Parque si una erupción afectara a esas instalaciones? Eso no es competencia suya. Hay que diferenciar lo que corresponde a la ciencia, a las emergencias, a los responsables políticos y a la propia población».

 ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para estar preparados por si nos sorprende una erupción?

«Primero hay que asumir dónde vivimos. Quien vive en Miami sabe que hay huracanes; en otros lugares saben que hay tsunamis. Aquí vivimos en islas volcánicas. Ser conscientes de dónde estamos y de que nuestras casas están en lugares que nos ha prestado la naturaleza. Esa conciencia debe llevarnos a proteger nuestros proyectos de vida.

Los planes y protocolos de emergencias están pensados para salvar vidas. No les corresponde comprobar si tienes la vivienda regularizada, si has contratado un seguro o si tienes resuelta la documentación. Eso depende de nosotros.

Lo primero es revisar nuestras propiedades: en qué situación están, si hay problemas de titularidad, de legalización o de cualquier otro tipo. He escuchado que hay un porcentaje muy importante de propiedades rurales con problemas, aunque ese dato tendrían que concretarlo los registradores. No digo que todas sean ilegales, sino que pueden tener dificultades cuando llegue el momento de acreditar derechos y reconstruir un proyecto de vida.

Lo segundo es asegurar la vivienda. El problema del suelo habrá que resolverlo por otra vía, pero por lo menos aseguremos el inmueble. Y revisemos qué tenemos contratado. Puedes haber comprado una casa por 80.000 euros hace muchos años y seguir con un seguro de aquella época, aunque su situación haya cambiado por completo.

Lo tercero es tener la documentación que acredite que esa vivienda es tu residencia habitual. Después de una catástrofe llegan ayudas del Cabildo, del Gobierno o del Estado, pero tienes que demostrar que allí estaba tu hogar.

A veces no estamos empadronados donde realmente vivimos. Eso después puede generar problemas para recibir las ayudas».

 ¿Por qué cree que las autoridades siguen sin hacer estas útiles recomendaciones a la población?

«Sinceramente, no creo que sea porque quieran ocultar nada. Pienso que es un problema de falta de experiencia en estas situaciones y de que hay tantas cosas en el día a día que nadie mantiene una visión de conjunto. Hoy se inaugura una plaza, mañana una carretera, después ocurre otra emergencia. Además, trabajamos de forma muy sectorial: el científico habla de ciencia, el registrador de registro, el notario de notaría y el abogado de lo suyo.

Hace falta esa visión global y una interconexión. No podemos quedarnos únicamente en salvar vidas. Si una persona de ochenta años sobrevive, pero pierde absolutamente todo, sin seguro y sin ninguna posibilidad de recuperar lo que tenía, puede sentirse muerta en vida. Por eso también hay que concienciar para salvar los proyectos de vida».

Si en los próximos días se activara el semáforo amarillo (primer nivel de alerta por riesgo volcánico) en Tenerife, ¿habría tiempo para resolver todo eso?

«No. Hay cosas que no se pueden resolver ya en el último momento. Tenemos que aprovechar la calma, mientras no hay una erupción, para solucionar lo que podamos. Después no dará tiempo a cambiar leyes, revisar seguros o resolver la situación de una propiedad.

Me gustaría decirle a la población que, además de criticar al científico, al responsable de emergencias o al político, cada uno tiene su parte de responsabilidad que asumir.

Quien considere alarmista mis planteamientos puede pensar lo mismo del casco de una moto o del cinturón de seguridad de un coche: «No va a pasar nada». Pero se trata de una elección sobre cómo protegerte. Eso lo aprendimos en La Palma».

La experiencia de con el  Tajogaite también demuestra que no tenemos garantías de que las autoridades nos avisen con tiempo suficiente y podamos evacuar antes de que erupcione el volcán. ¿No es otra razón para tener las cosas preparadas?

«Claro. Pero no quiero centrar el mensaje en el miedo. La naturaleza es la que manda. Los mapas hablan de probabilidades basadas en los estudios disponibles. Pero puede haber estructuras en el subsuelo que no conozcamos y que condicionen por dónde se mueve el magma.

También vimos en El Hierro cómo los sismos comenzaron en una zona y la erupción terminó produciéndose en el mar, junto a La Restinga.

Tenemos que apoyar a la ciencia para que pueda avisarnos lo mejor posible y confiar en las instituciones públicas. Pero proteger nuestro proyecto de vida depende también de nosotros, y eso no se está inculcando suficientemente».

 ¿Deberían hacerse más simulacros y más a menudo en Tenerife, incluso en otras islas, y abarcar a más población?

«Mi opinión personal es que es muy difícil abarcar con simulacros toda una isla. Hay que tener empatía con la Administración y con los técnicos de seguridad, porque me consta que están trabajando muchísimo.

Un plan de emergencias cambia según dónde salga la erupción. Si aparece por Santiago del Teide, una salida para la evacuación puede ser adecuada; si aparece en otro lugar, puede ser justo la contraria. ¿Y si se abren dos bocas? La planificación que recoja todos los supuestos es muy complicada.

Yo insisto en que estamos perdiendo un tiempo muy valioso para formar a la población en cuestiones que sí podemos preparar: el proyecto de vida, la memoria y la identidad».

Hay cuestiones que tampoco conoce la población. ¿Qué protección tenemos que utilizar frente a las cenizas? ¿ Y para los gases? ¿

«En La Palma escuché a dos alergólogas decir que las mascarillas FFP2 que se recomendaron durante la erupción de 2021 no eran suficiente protección. Los gases son otro asunto y requieren otro tipo de protección.

También hablaron de que los días de confinamiento no habían sido suficientes. Son aprendizajes que los responsables de emergencias tendrán que recoger para mejorar.

No soy precisamente alguien que haya defendido la gestión de la emergencia en La Palma, pero me consta que la ciencia y los técnicos expertos en esta materia están trabajando. Lo que digo es que, como no sabemos exactamente cuándo y cómo puede ocurrir, tenemos que prepararnos todos en aquello en que es posible estarlo».

También ha criticado usted cómo se comunican los mapas de riesgo o de amenaza volcánica. 

«Los colores pueden producir una sensación equivocada de seguridad. Una persona ve su zona en rojo, que indica riesgo muy alto, y se preocupa; otra la ve en verde, riesgo muy bajo, y piensa que no tiene que hacer nada.

Esos mapas de riesgo son herramientas útiles para estudiar y planificar dónde colocar infraestructuras importantes. Pero la población tiene que entender que no son una garantía de que fuera de esa zonificación no vaya a pasar nada.

Además, no todo es el cono volcánico y la salida de la lava, sino también las cenizas, que afectan a mayor distancia.

Por eso el mensaje debería llegar a todo el mundo: si vives en estas islas, revisa tu propiedad, tu seguro y tu documentación. También las herencias y las divisiones horizontales. Hay familias que viven en un mismo edificio y no tienen resuelto jurídicamente qué corresponde a cada uno. Después vienen los problemas».

Otra de sus propuestas es la proteger la identidad y la memoria. ¿En qué consiste?

«Una catástrofe puede destruirte como persona. En una erupción, además, puede desaparecer el lugar donde te has criado y puedes sentirte extranjero en tu propia isla.

No es lo mismo terminar una catástrofe con recursos económicos para empezar de nuevo que quedarte en la miseria, dependiendo de ayudas. Pero después está la parte emocional.

Yo soy fotógrafo y llevo veinte años trabajando. Tengo discos duros que no puedo perder. Si desaparecieran esos veinte años de trabajo, mi  recuperación sería muy dura, aunque tuviera resuelta la parte económica.

Invito a cada persona a pensar qué no podría perder. Hay documentos de los que puedes pedir una copia. Me refiero a las cosas que forman parte de tu identidad y de tu esencia.

Yo propongo crear en casa el armario de la memoria: un lugar donde tengamos identificadas y reunidas esas cosas que no queremos perder. Puede ser un disco duro, las fotografías digitalizadas, un recuerdo de tu abuela, el chupete de tu hijo o tus primeras gafas. Cada uno tiene lo suyo.

Si los servicios de emergencia te dicen que tienes que salir, no deberías tener que decidirlo todo en quince minutos. Abres tu armario de la memoria, coges lo que habías preparado y te vas.

No sabemos dónde, cuándo ni cómo será la próxima erupción. Pero, sea como sea, podemos proteger nuestro futuro económico y nuestra memoria emocional.

Lo que usted está planteando, más que generar alarmismo, en el fondo nos daría más tranquilidad o, al menos, rebajaría el nivel de nerviosismo en caso de una emergencia…

» Claro. Yo lo viví en 2021 en La Palma. Vi a miles de personas muertas en vida. Es durísimo».

¿Por qué cree que la gente se alarma por escuchar hablar de estos temas?

«Debería ser lo contrario. Lo que pasa es que no se está comunicando bien. Si el mensaje es únicamente «sismos, sismos», asustas a la gente sin darle herramientas reales.

El problema es pedagógico. A veces se teme que hablar de estas cosas afecte al turismo o que la población se alarme, y terminamos comunicando peor.

En las charlas que he dado sobre este tema pongo un ejemplo: imagínate que vas con tu hijo y ves un perro del que no sabes si es agresivo. Le dices: «Tranquilo, pégate a mí». En esa comparación, los técnicos de emergencia son el adulto y la población es el niño. Nosotros debemos tener preparadas nuestras cosas y, cuando llegue el momento, seguir sus indicaciones.

Tampoco podemos exigir a los científicos o a los técnicos en emergencias certezas que no tienen. Pero la incertidumbre no debe hacer que todo el foco se quede en la ciencia. Hay mucho más de lo que hablar.

Cuando te han evacuado y te han colocado en un alojamiento, tu proyecto de vida, tu memoria y tu identidad siguen necesitando protección. Todo está relacionado, pero no siempre se conecta.

¿Nos refugiamos siempre en la falsa creencia de que no va a pasar nada nunca y que, por tanto, no hace falta tomar ninguna de las decisiones personales de las que aquí hemos hablado?

«Eso es un error. Estas islas nacieron de los volcanes y volverá a haber erupciones. Tenemos que tener los edificios bien construidos, los proyectos de vida preparados y la memoria protegida. Se trata de minimizar las consecuencias de lo que pueda ocurrir».

También existe la sensación de que, mientras no se active el semáforo amarillo, no hay nada de lo que ocuparse.

«Porque faltan conversaciones públicas como esta. Yo hablo desde lo que viví y desde el trauma que me dejó la erupción de 2021. Me considero una víctima emocional del volcán y, cuando camino por estas islas, veo volcanes y recuerdo lo de La Palma.

Tenemos que anticiparnos a las dificultades. Por ejemplo, y hablando ya de infraestructuras: si yo tuviera capacidad de decisión, estudiaría un gran muelle en el norte de Tenerife,  para disponer de otra vía de evacuación si una erupción complicada afectara a esa zona.

Los responsables políticos y de emergencias tienen que saber lidiar con el miedo. A veces el miedo a equivocarse, a recibir críticas o a perder el puesto termina matando el mensaje.

Yo en La Palma estaba asustado. No soy ningún valiente. Pero tenía un objetivo: ayudar a la gente a saber qué estaba pasando con su casa. Y buscaba la forma de hacerlo.

Durante la erupción del Tajogaite, usted se hizo más conocido por su ayuda a la población evacuada con imágenes aéreas. ¿Qué debería cambiar en la información que recibe la población afectada durante una catástrofe?

«Una emergencia está organizada para salvar vidas y, por eso, trata de que no haya nadie en las zonas de peligro. Pero también tiene que haber un equipo encargado de informar a la población afectada.

Me consta que, a raíz de lo ocurrido con los famosos podencos que quedaron aislados por la lava en Todoque durante la erupción, se ha trabajado en incorporar a veterinarios y equipos de rescate de animales. Pues del mismo modo debería haber un equipo de información a los evacuados dentro de la emergencia.

No me refiero a hablarles de la colada siete o de la colada quince. Eso puede interesar a quien observa el fenómeno desde fuera. Una persona que está sufriendo porque ha sido evacuada necesita saber qué ocurre con su casa y con su entorno.

En La Palma había drones para emergencias, militares o científicos. Todo eso era necesario, pero también lo era disponer de uno para informar a los vecinos. No lo había. No tendría que depender de de mi. Debería existir un canal oficial que prestara ese servicio de manera constante y en tiempo real en esos casos».

Las fotografías que usted hizo también tuvieron utilidad para acreditar ante el Consorcio de Seguros cuándo había desaparecido una vivienda…

«Sí. Había personas que habían contratado un seguro poco antes y existía el problema de los siete días de carencia. Si la vivienda desaparecía antes de que se cumpliera ese plazo, podía haber dificultades para cobrar. Entonces, ¿quién certificaba el día exacto en que se había destruido? Había gráficos e imágenes de satélite, pero no siempre se disponía de una imagen que resolviera cada caso.

Me llamaban personas y me decían: «En un gráfico figura que mi casa ya no estaba el día 27, pero tú hiciste una fotografía y ese día seguía en pie». Ahí se ve la importancia de tener pruebas fotográficas. Mientras no dispongamos de una observación que cubra esas necesidades, los drones pueden ayudar a evitar inseguridad jurídica y a demostrar cuándo se destruyó una propiedad. Mucha gente pudo acreditar su situación gracias a esas imágenes».

Da la impresión de que los servicios de emergencia han aprendido algunas lecciones de La Palma, pero todavía falta trasladarlas a la sociedad…

«La parte de la sociedad falta por completo. Y todavía hay cuestiones que incorporar a los servicios de emergencia. Cada sector tiene que revisar lo suyo. Pero las charlas a la población tampoco deberían convertirse solo en clases sobre tipos de volcanes, explosividad y riesgos generales. No debe ser una clase de geografía o geología: deben explicar qué puede hacer una persona para protegerse».

¿Qué otras lecciones que dio la catástrofe palmera cree que no se están analizando suficientemente para no repertir errores?

«La conectividad. Podemos imaginar una erupción en una zona donde las montañas contengan la lava y pensar que no es un mal lugar. Pero falta otra pregunta: ¿qué pasa con las cenizas?

Aunque la lava no afecte a zonas habitadas, una emisión prolongada de ceniza puede complicarnos muchísimo la vida. Ya vimos en Islandia las consecuencias para los aeropuertos europeos y también hemos visto cierres por actividad del Etna. Nosotros somos islas. No tenemos una carretera o un tren para salir. Dependemos de barcos y aviones.

¿Se está invirtiendo en estudiar cómo evitar que Canarias pierda su conectividad? ¿Qué pasaría si varios aeropuertos se vieran afectados durante mucho tiempo? ¿Cómo salen los turistas y cómo llegan otros? ¿Y qué ocurre con una evacuación sanitaria urgente?

En La Palma vimos las limitaciones que las cenizas imponían a las operaciones aéreas. Si una familia quedara aislada en una zona rodeada de lava, ¿qué alternativa tendríamos si un helicóptero no pudiera volar?

Me gustaría que alguien me dijera que se está trabajando estratégicamente en ello. Aunque las respuestas sean difíciles, hay que hacerse todas las preguntas».

¿Pero qué puede hacerse para asegurar la conectividad aérea en esas situaciones?

«Sé que se ha investigado sobre los efectos de las cenizas en los motores después de lo ocurrido en Islandia, pero es un asunto muy complicado. No soy ingeniero y no sé cuál es la solución. Hablo de buscarla, de estudiar materiales, sistemas y posibilidades. A mis drones también les afectaban las cenizas y el azufre.

Habrá situaciones en las que no se pueda volar junto a una erupción, pero tenemos que estudiar qué margen existe para mantener conexiones y evacuaciones. Podríamos recurrir a fondos europeos. Vivimos en una zona volcánica y podríamos impulsar investigación que después fuera útil en otros lugares del mundo».

En el caso de los puertos, sí pueden hacerse nuevas infraestructuras que faciliten una vía de evacuación en algunas comarcas…

«Exactamente. Si no sabemos dónde puede producirse una erupción, tenemos que trabajar con esa incertidumbre y estudiar alternativas».

¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido en las charlas que ha ofrecido sobre este tema?

«La gente se acerca, me da las gracias y se lleva el díptico que yo he elaborado con una serie de consejos. No sale necesariamente alarmada. Muchas personas agradecen que alguien les explique cosas que consideran de sentido común».

¿Cuáles son los dos mensajes principales que quieres usted dejar claro?

«Que hay una parte que depende de nosotros y otra que depende de las Administraciones y de los demás responsables públicos. Nosotros tenemos que proteger nuestro proyecto de vida, nuestra memoria y nuestra identidad. Ellos tienen que trabajar en las leyes, los seguros, las infraestructuras y la preparación de la emergencia.

Tenemos el ejemplo de La Palma para aprender. Mientras no se produzca otra erupción, tenemos una oportunidad para aplicar ese aprendizaje. No sabemos cuánto tiempo habrá. Por eso hay que trabajar ahora».

 

 

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