ARTÍCULO DE OPINIÓN

FRANCISCO RODRÍGUEZ PULIDO, profesor de Física y Química jubilado y presidente de la Asociación Tierra Bonita

M

ás de cuatro años después de que el volcán Tajogaite en Cumbre Vieja desgarrara el Valle de Aridane, la reconstrucción ha dejado de ser una esperanza de muchos afectados para convertirse en un negocio bajo sospecha. Lo que hoy presenciamos en La Palma no es una planificación pública en favor de los afectados, sino una reconstrucción a la carta: un modelo diseñado en la sombra para favorecer a lobbies industriales y empresas amigas, mientras se levanta un muro de silencio administrativo que roza lo delictivo.

Una catástrofe humanitaria de las dimensiones del volcán ha sacada a relucir la demagogia, el orgullo y la pedantería de la clase política. Desde el primer minuto nadie, en ninguna de las Administraciones públicas, ha hecho autocrítica del fracaso de la prevención y la gestión de la emergencia.

Objetivamente, el PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) fracasó. Pero el fracaso posterior ha sido aún mayor, hasta convertirse en una frase tópica:  “El post volcán ha sido peor”.  El fracaso continúa. Asistimos al fracaso de la gestión, dominado por la improvisación y el formato dirigista. Desde el primer día, con el volcán aun vomitando, la gestión ha sido un ejercicio de improvisación temeraria. Se rechazó la creación de un consorcio administrativo con aval jurídico.

Sin duda, una catástrofe humanitaria de tales dimensiones requería una estructura administrativa de mayor envergadura. Para facilitar las ayudas, que llegaron mal y a cuentagotas, se optó por estructuras volátiles. El Registro Único de Afectados resultó ser un fraude de gestión, por su falta de objetividad.

El nuevo gobierno de CC-PP optó por la vía de las órdenes y los decretazos. Y, sobre todo, la opacidad total y el clientelismo. Con la Orden del 2 de julio de 2024 se confirmó que el Registro Único era un fraude.

No se le dio ninguna validez real para impartir justicia. Mientras tanto, las soluciones habitacionales se convertían en una trampa de precariedad (viviendas contenedor que tardaron un año, por ejemplo) y el formato de Revivir el Valle se disolvía en reuniones estériles que hoy se recuerda como una pesadilla.

Con el cambio de gobierno en 2023 realmente la situación empeoró. Al modelo de gestión se le dio un giro de 180º. Los nueve borradores de la ley de reconstrucción del PSOE fueron a la basura para imponer un modelo dirigista. Bajo el mando de la consejera de Presidencia y la nueva Viceconsejería para la Recuperación de la isla, se utiliza a Gesplan para realizar seudotasaciones amparadas en protocolos secretos (Orden de encomienda a Gesplan 258/2024).

No hay publicidad de los criterios ni de los beneficiarios; de hecho, el Gobierno ha judicializado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias su negativa a publicar quiénes reciben las subvenciones, blindando la opacidad.

Las Administraciones del Valle de Aridane y el Cabildo se han creído capaces de hacer la reconstrucción. Y la realidad es que no tienen ni capacidad financiera ni humana para ello. Pero han preferido recurrir a la política de los llorones. Su argumento, que nos den el dinero. Por eso no dudan en pedir más y más millones, que se inflan sin control.

Los convenios con el Estado se han convertido en la caja de caudales de la política de los llorones. Ayuntamientos y Cabildo revisan sus fichas financieras al alza sistemáticamente, sin proyectos públicos que justifiquen el gasto. El caso de Los Llanos de Aridane es paradigmático: la aportación estatal (que cubre el 50%) escaló de 11,9 millones a 16,5 millones de euros en la última modificación del BOE, disparando el coste total de las obras municipales por encima de los 33 millones.

La ampliación del cementerio de Las Manchas, proyectada inicialmente en 1,2 millones, terminó en 5,2 millones. Mientras tanto, infraestructuras esenciales se quedan en el papel. Y, sobre todo, las soluciones habitacionales nunca se ejecutan.

El Ayuntamiento de El Paso, pasó de solicitar una subvención de 10,9 millones de euros en 2022 a 13,4 millones en 2024. El Terrero de Lucha Federico Simón pasó de 2 millones a la friolera de 6,6 millones de euros. Al caso ya mencionado del Ayuntamiento se añade además el del Ayuntamiento de Tazacorte. Su presupuesto aumentó de 3,5 millones a 4,6 millones de euros.

Y el Cabildo Insular, solamente para la recuperación de la LP-213 y LP-215 pasó de una estimación de 8,5 millones a 30 millones de euros, mientras otras vías esenciales fueron reducidas a cero en las tablas de inversión.

La reconstrucción ha sido el caldo de cultivo ideal para los pelotazos del asfalto y de los intereses de determinados lobbies.  La sospecha de corrupción no es una palabra gratuita. Es el caso de la carretera LP-213 (La Laguna-Las Norias).

El presupuesto inicial de 4 millones ha terminado devorando 25 millones de euros. Pero lo grave no es solo el sobrecoste, sino la ejecución y proyecto final, con rotondas sin sentido, y una calidad técnica a años luz de la carretera de la costa, obra realizada por Dragados.

Sólo hace falta poner las pruebas sobre la mesa. Porque los hechos demostrarán, con informes técnicos y las denuncias, que esa carretera está llena de vicios e intereses ocultos. El presunto delito de desviación de poder y tráfico de influencias puede añadir evidencias de dichos intereses ocultos de determinadas empresas privadas.

Las Administraciones, como el Cabildo, pretenden maquillar las irregularidades. Como ha ocurrido con la absurda campaña Dale tu toque para el diseño de las nuevas rotondas de la LP-213. La excusa perfecta para negarse a formalizar el acta de recepción de la vía (abierta desde 2023) para bloquear el pago de los justiprecios a los vecinos expropiados.

Las obras de reconstrucción no cumplen la ley. Además, se ejecutan por la vía de emergencia, como una excusa que, sin embargo, no la exime del deber de cumplir con la legislación sobre la contratación de obra pública. No hay que olvidar que la reconstrucción de los viales se está ejecutando sobre suelo privado, ya que es imposible recuperar el antiguo trazado.

Pero se están haciendo sin una obligación legal, como lo es la de tener el título habilitante, ignorando además la Ley de Expropiación Forzosa. Hay casos flagrantes como el Camino Aniceto o la apertura de la LP-211. Por mucha emergencia que haya, no se puede ocupar propiedades privadas sin expedientes previos.

Uno de los hechos más graves es la nueva vía de enlace, entre la LP-212 y la LP-2. No se trata de una obra sobre coladas. El silencio que hay sobre esta nueva vía alienta las sospechas de presunta ilegalidad. Adjudicada a la empresa Viscarp, para una ejecución en seis meses, lleva más de dos años. Es un proyecto a todas luces ilegal con indicios de delito penal, vendido como emergencia sin serlo, ejecutado por una empresa de dudosa capacidad técnica y sin ficha de expropiación. De hecho, se ha engañado a los propietarios, yendo casa por casa para que cedieran gratuitamente el suelo.

Lo que pocas personas entienden es lo que se está haciendo con la reconstrucción de la LP-211, el enlace desde la rotonda del Cumplido hasta el Hoyo de Todoque. Se abrió una vía de 2,2 km mal ejecutada por la empresa Canasfal. Y lo que muchos se preguntan es el motivo por el que se está ejecutando una vía paralela, con lo que se aprecia lo que sería una vía de 15-20 metros de ancho. Si la pretensión es hacer una autopista, se cometería el mismo error que con el enlace La Laguna-Las Norias. Una vez más, habría que preguntarse qué intereses especulativos se esconden detrás de estos afanes faraónicos.

Desde la asociación Tierra Bonita se ha pedido de manera reiterada e insistente información. Lo que exige la legislación sobre obra pública. Porque la realidad es que no hay absolutamente ningún expediente público de los proyectos, de los contratos ni de la ejecución presupuestaria. Es un auténtico muro del silencio.

La resistencia de la Administración al control es feroz. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no responde a ningún escrito, e incluso las solicitudes de información desaparecen de la Carpeta Ciudadana en la Sede Electrónica. Tanto el Ayuntamiento de Los Llanos como el Cabildo ignora sistemáticamente las resoluciones del Comisionado de Transparencia.

Ante esta situación, la Asociación Tierra Bonita ha conformado un dosier probatorio demoledor, que en su momento habrá que llegar a la Fiscalía. Se acredita de manera altamente sospechosa una inactividad administrativa persistente, el incumplimiento de resoluciones judiciales y la existencia de indicios graves de ejecución de obras sin cobertura legal y sin control financiero.

La reconstrucción no puede ser el botín de guerra de unos pocos. La reconstrucción a la carta debe terminar. Es urgente que la Fiscalía Anticorrupción intervenga para auditar cada euro y cada metro de asfalto que se ha puesto sobre el dolor de los palmeros del Valle de Aridane. No se puede permitir que el volcán sirva para enterrar, además de las casas, la dignidad y los derechos de las personas afectadas.