La Asociación Tierra Bonita, a través de su presidente, Francisco Rodríguez Pulido, ha mantenido sendas reuniones con la comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, y la diputada del Común, Dolores Padrón, en las que ha expresado su queja por el “déficit de transparencia” en la gestión de la reconstrucción tras la catástrofe volcánica de 2021, con instituciones que, además, “hacen un uso abusivo del silencio administrativo” para no responder a peticiones de información.
Ante la comisionada, que fue quien convocó la reunión, Rodríguez Pulido se quejó de que las Administraciones no responden a las peticiones de información sobre los expedientes de las obras públicas de reconstrucción planificadas, incluidos los viales, gran parte financiadas o cofinanciadas con cargo a un convenio con el Gobierno estatal.
Un convenio sobre el que “el Cabildo”, señala, “solo ha facilitado datos de dos obras que apenas llegan sumadas a los 100.000 euros, pese a que hay proyectos de mucho mayor peso presupuestario, como la reciente carretera del Hoyo de Todoque”. Concretamente, la institución insular solo informó de dos obras menores, la reposición de elementos de impermeabilización en la cubierta del Museo Arqueológico Benahoarita (MAB), dañado por las cenizas del volcán, y la reparación de la Casa de Camineros en Las Manchas.
“Ni el Cabildo, ni los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos de Aridane nos responden a los escritos; y el de El Paso ha contestado, pero con información parcial”, protesta Rodríguez Pulido.
CONFLICTO ENTRE INSTITUCIONES
En declaraciones a los medios tras esta reunión, Noelia García se refirió al recurso judicial que ha interpuesto el Gobierno de Canarias contra una resolución suya en la que requiere al Ejecutivo regional que publique los listados de beneficiarios de las indemnizaciones económicas concedidas a los damnificados por la erupción.
La impugnación la promueve la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, al frente de la cual está la también palmera Nieves Lady Barreto, que defiende no publicar esta información porque las indemnizaciones se calculan en función del valor del patrimonio construido de cada afectado antes de la erupción, dato confidencial que considera se podría inferir del importe de estas ayudas.
Sobre este asunto, Rodríguez Pulido quiere puntualizar que este litigio surge a raíz de una queja suya ante Transparencia, que presentó a título personal, no en representación de Tierra Bonita. Una aclaración que realiza debido a las noticias aparecidas en medios de comunicación en las que, erróneamente, se vincula a la asociación que preside con esta iniciativa.
En el encuentro con la comisionada participaron también la jefa del Servicio de Reclamaciones y Acceso a la Información, Teresa Casanova, y el jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia, Miguel Ángel Herrero.
En nota de prensa, García agradeció en nombre de la institución que preside «el interés y la labor de la Asociación Tierra Bonita, cuya participación», señala, «contribuye a una Administración más abierta y responsable».
Además, la comisionada (que era alcaldesa de Los Llanos de Aridane en la época de la erupción hasta mediados de 2023) reafirmó en su comunicado su disponibilidad para continuar colaborando “en todo aquello que sea necesario con el fin de reforzar la cultura de la transparencia en Canarias».
El presidente de Tierra Bonita se congratuló de esta «predisposición», porque le transmitió que Tierra Bonita continuará siendo muy exigente en este sentido con las Administraciones públicas, en línea con los afectados del volcán que exigen máxima transparencia en la gestión de la reconstrucción.
REUNIÓN CON LA DIPUTADA DEL COMÚN
Por lo que respecta a la diputada del Común, Rodríguez Pulido abordó con Dolores Padrón varias quejas, incluyendo una también a título personal sobre el silencio administrativo de la Intervención General de Canarias respecto a una petición referida y subvenciones a los afectados, y otra de Tierra Bonita sobre la gestión de la emergencia.
También explicó a Padrón el conflicto surgido entre afectados del volcán con Gesplan al discrepar de las tasaciones de las propiedades destruidas por el volcán, valoración, realizada por esta empresa pública, en que se basan las indemnizaciones abonadas por el Gobierno canario.
