El litigio promovido por la asociación Tierra Bonita abre por primera vez la vía judicial contra el secreto de una documentación clave que podría esclarecer por qué no se avisó a la población de que el mayor riesgo de erupción había cambiado de lugar ni se la evacuó de forma preventiva
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Tierra Bonita contra la negativa de la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario a entregarle copia de las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas previos al inicio de la erupción del volcán Tajogaite.
Así lo ha notificado a Tierra Bonita la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que el 9 de septiembre dictó el decreto que abre por primera vez, la vía judicial para reclamar esta documentación, que le fue denegada a la asociación de forma el pasado 3 de junio.
La publicación de las deliberaciones científicas y políticas de esas reuniones ha sido una generalizada demanda de las asociaciones de damnificados y vecinos de la zona afectada por la catástrofe. Pero, pese al clamor social, tanto el anterior Gobierno de Canarias (PSOE-NC-ASG-Sí Podemos) como el actual (CC-PP-ASG-AHI) se han negado a divulgar la información, alegando que carece de relevancia pública y que debe preservarse la confidencialidad de esas sesiones.
Sin embargo, los afectados consideran que esta documentación es fundamental para esclarecer por qué no se avisó a la población de que el riesgo eruptivo se había desplazado hacia el norte del Valle de Aridane debido a la migración del magma, un dato que los científicos ya conocían.
Según pone de relieve Tierra Bonita, esa omisión dejó expuesta la población de caseríos y barrios -justo los primeros en ser sepultados por la lava- que, a diferencia de otros núcleos, nunca fueron convocados a reuniones informativas del PEVOLCA, lo que impidió a muchos vecinos salvar animales, enseres y objetos personales, aumentando así su sufrimiento psicológico.
Las actas y grabaciones también permitirían aclarar por qué no se elevó el semáforo volcánico de amarillo a naranja ni se ordenó la evacuación preventiva, a pesar de los claros indicios de inminencia, según reconocieron en declaraciones públicas diversos miembros del comité científico una vez iniciado el proceso eruptivo.
El litigio judicial promovido por Tierra Bonita cuenta con el apoyo de otros colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, las asociaciones vecinales de La Laguna y Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Unidad Protección Animal (UPA) La Palma.
Con la admisión a trámite del recurso, el TSJC ha otorgado al Gobierno de Canarias un plazo improrrogable de 20 días para remitirle el expediente administrativo impugnado.
Esta asociación destaca que se trata de “una alentadora noticia para seguir la lucha por la transparencia”, una notificación que llega días antes de que, el próximo 19, se cumpla el cuarto aniversario del inicio de la erupción.
“Cuatro años de oscurantismo, de ocultación de las actas y grabaciones, que están secuestradas para que la sociedad no conozca la verdad de lo que pasó y se eluda así cualquier posible responsabilidad relacionada con la gestión de esta emergencia”, denuncia este colectivo palmero.
