Colectivos de La Palma manifiestan públicamente su apoyo al recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación Tierra Bonita ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para reclamar que se conozcan las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas anteriores a la erupción del Tajogaite para saber por qué no se comunicó a la población que el riesgo había cambiado de lugar y por qué no se la evacuó a tiempo.
Así lo ponen de manifiesto, en respaldo a Tierra Bonita, la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Asociación de Vecinos de Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Unidad Protección Animal (UPA) La Palma.
«No se avisó a la población de que el riesgo cambió de lugar»
Estos colectivos apoyan este litigio judicial para esclarecer dos cuestiones fundamentales:
En primer lugar, «por qué no se informó oficialmente a la población de que la zona de mayor riesgo había cambiado, ya que, aquel fatídico fin de semana de septiembre de 2021, el magma había avanzado hacia el norte del Valle de Aridane, poniendo en peligro barrios y caseríos cuyos habitantes ni siquiera fueron convocados a reuniones informativas del PEVOLCA».
Y, en segundo lugar, «por qué no se elevó el nivel de la emergencia a semáforo naranja y se ordenó la evacuación preventiva antes del inicio del proceso eruptivo, a pesar de las evidencias científicas de que la erupción era inminente».
«Mayores pérdidas y sufrimiento por la mala gestión del PEVOLVA»
Estas decisiones, explican, «agravaron la pérdida de enseres y objetos personales, la muerte de animales domésticos y de granja que no pudieron ser puestos a salvo, así como el sufrimiento psicológico de la población damnificada».
Los seis colectivos critican que, casi cuatro años después del inicio de la destructiva erupción, las instituciones competentes no hayan respondido con transparencia a esta legítima demanda. «Esta falta de información ha provocado indefensión y constituye, a nuestro juicio, una vulneración de derechos», denuncian.
«Una documentación necesaria para conocer la verdad»
Por ello, confían en que la acción judicial emprendida por Tierra Bonita prospere y la Justicia dicte una sentencia que les permita acceder a la información que se les ha negado hasta ahora sobre decisiones críticas de los responsables de la emergencia, «todavía sin explicaciones convincentes».
“Es la hora de la transparencia”, enfatizan estas asociaciones y plataformas, a la vez que lamentan que se haya tenido que recurrir a la vía judicial para obtener unas actas y grabaciones de evidente interés público.
Esta documentación, advierten, resulta indispensable para conocer la verdad y garantizar que hechos como los vividos en La Palma no se repitan en el futuro ni en esta ni en ninguna otra isla, pues somos una tierra volcánicamente activa donde seguirá habiendo erupciones”.
